“Absurdo, refractario a los años, se conservaba en él, desde la época de la juventud, aquel hondo presentimiento de cosas fatales, una oscura certidumbre de que lo bueno de la vida aún tenía que empezar”.
El desierto de los tártaros. Dino Buzzati.1940.
El progresivo proceso de extinción de la Atención Primaria no comenzó con la pandemia, ni siquiera con la crisis económica de 2008, como algunos quieren hacer creer, sino bastante tiempo antes. Es cierto que la pandemia ha degradado la Primaria hasta hacerla completamente invisible ( en la reciente entrevista del mediático Évole al no menos medíático Simón, no hubo ni una sóla mención a la Atención Primaria más allá de comentarios globales sobre falta de equipamiento). La impresión creciente para parte de la población y también de los colegas hospitalarios es que la AP “cerró” en marzo de 2020 y no volvió a abrir. Ninguna autoridad sanitaria ha hecho el más mínimo esfuerzo por contradecir esta impresión con medidas destinadas a informar realmente a la población de a qué se estaba dedicando la Primaria. Ésta, por su parte se encuentra al borde del colapso absoluto, con muchos profesionales de medicina y enfermería medicados para poder continuar cada día.
La Ministra de Hacienda María Jesús Montero (una de las personas que más ha perjudicado siempre a la Atención Primaria (AP) durante el desempeño de su cargo como consejera de Salud o Hacienda en Andalucía), garantizó reforzar los Presupuestos General del Estado en 2021 con 1.098 millones de euros para la AP, cantidad similar a la destinada a vacunas: las vacunas se empiezan a ver ( a un ritmo penoso), pero la AP sigue en situación similar al principio de la pandemia, o mejor dicho, radicalmente peor porque aún los políticos encargados de asignan fondos no se han enterado de que los profesionales que atienden a sus electores llevan un año de trabajo intensivo sobre sus espaldas.
Para algunos ingenuos la cantidad de 1089 millones podría parecer un gran refuerzo para la Atención Primaria, pero ya de antemano se señala que irán destinado en una buena parte a renovar las tecnologías sanitarias, con lo que el presupuesto asignado a incrementar y consolidar plantillas y reducir precariedad laboral será sensiblemente menor. En cualquier caso el documento estratégico de la Organización Mundial de la Salud para la Asamblea Mundial de Naciones Unidas de septiembre de 2019 (solo unos meses antes de la pandemia) instaban a los países a dedicar un 1% adicional de su PIB a la Atención Primaria de Salud (APS), bien sea con nuevos fondos o detrayéndolos de otras partidas que solo podrían ser hospitalarias. Eso en España debería suponer un fondo de 12.447 millones de euros, más de diez veces lo prometido por la señora Montero.
Repetidas veces se ha aludido a que las causas del derrumbamiento del sistema nacional de salud español durante la pandemia se debía a los brutales recortes realizados desde la crisis de 2008, recortes a los que tanto contribuyeron (aunque con diferente intensidad) todos los gobiernos españoles de todas las comunidades autónomas. Incluso lo afirman altos cargos políticos del partido que con más saña socavó los presupuestos del sistema nacional de salud, como el actual viceconsejero de la comunidad de Madrid. Ante la ausencia de evaluaciones e información de los decisores políticos de este país como reiteradas veces se les ha pedido, hay que recurrir de nuevo a Amnistía Internacional para encontrar datos de la magnitud del socavamiento: en su informe la Década Perdida se demuestra que mientras el PIB crecía un 8,6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público caía un 11,21% y el gasto en Atención Primaria un 13,1%.,disminuyendo el porcentaje que se dedica a este nivel asistencial de un 14,39% a un 13,9%, en todas las comunidades autónomas.
Pero no es tampoco la crisis del 2008 la responsable de la actual; sus orígenes se remontan mucho más atrás: en un artículo que publicamos en AMF hace casi ya un año ( Lecciones no aprendidas de la pandemia de la Covid-19 , que siguen sin aprenderse), Juan Simó demostraba cómo la apertura de la tijera del gasto entre Atención Primaria y Atención Especializada comenzó mucho antes de la crisis de 2008, aunque con ésta y (en contra de lo que era razonable) se amplió aún más: solo en los 4 primeros años desde el inicio de la reforma de la AP (1984-8) creció de forma paralela el gasto entre AP y hospitales; desde entonces el crecimiento del gasto hospitalario ha llevado a aumentar hasta un 34% más ( 35% en gasto de personal). Entre otras razones porque ninguno de los actores del poder (políticos, medios de comunicación y jueces) utilizan la AP como dice Simó, pero también porque no les ayuda a ganar elecciones de la misma forma que lo hace ubicar un hospital en cada pueblo.
Cabe preguntarse cómo es posible que los profesionales de la Atención Primaria haya permitido esa falta crónica y creciente de presupuestos durante décadas. Para mantener adecuadamente dopada a la Atención Primaria se precisaba una política de personal que a todos los partidos beneficia, ampliamente aceptada por sindicatos y los propios profesionales: el “maná” (“el pequeño paraíso” de la plaza en propiedad para toda la vida blindada incluso tras ir a la cárcel), tenía un precio: someterse al perverso juego de las administraciones ( de todo signo y color) que las emplean como instrumento de control sobre los profesionales: convocadas de forma completamente arbitraria, sin respetar ningún pacto o regularidad, guiados únicamente por su interés político de usar las oposiciones como baza electoral manteniendo profesionales dóciles. Y esa espera eterna en el desierto se ha venido manteniendo mediante interinidades al principio, sustituciones más tarde, basura y contratos abusivos al final. Mantenidos año tras año porque España carece de profesionales dispuestos a defender sus derechos con la suficiente contundencia y solvencia cuando hace falta: ningún país de Europa hubiera permitido consultas de 5 minutos durante décadas sin levantar la cabeza (a no ser cobrando por cada acto, claro). Y aquí en cambio, se ponía como ejemplo de eficiencia hasta por parte de las sociedades profesionales. El maltrato y la aceptación del mismo se hereda en España de generación en generación, con el tiempo detenido como escribía Buzzati:
“Le pareció que la fuga del tiempo se había detenido, como un encanto roto. El torbellino se había hecho en los últimos tiempos cada vez más intenso, y después repentinamente nada, el mundo se estancaba en horizontal apatía y los relojes corrían inútilmente”.
¿Alguna propuesta? ¿Posibles vías de actuación?
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