¿Podrán?

 

El Ministerio de Sanidad en España ha sido tradicionalmente una especie de chamarilería a la que el presidente de gobierno de turno enviaba los descartes de su partido que no tenían acomodo en los ministerios “realmente” importantes. El listado de personajes sin conocimiento alguno de un tema tan complejo como es la sanidad es muy largo: los hubo de participación similar a la de un mueble, de lo cual es buen ejemplo José Miñones, el último ministro de la anterior legislatura. En otras ocasiones se prefirió alternativas folclóricas, desde Celia Villalobos a Leire Pajín, y que alcanzó el máximo grado de esplendor con la inefable Ana Mato. Todos los partidos que han gobernado España desde el fin de la dictadura se han comportado de la misma forma, lo que pone de manifiesto la bajísima prioridad que se ha otorgado a la sanidad en la agenda política.

Por vez primera desde que tengo recuerdo la formación de gobierno ha significado la elección de dos personas sumamente cualificadas para liderar la política sanitaria, Mónica García como Ministra y Javier Padilla como Secretario de Estado; es cierto que en otras ocasiones hemos tenido secretarios de estado competentes e incluso algún buen ministro o ministra, pero en esta ocasión el Ministerio de Sanidad parece (en su dirección) algo parecido a un ministerio, y no un negocio de desguace.

García y Padilla son dos personas que aprecio, y precisamente por ello me preocupa aún más si tendrán realmente posibilidades de hacer lo que han defendido durante toda su trayectoria. La herencia que reciben es especialmente penosa, y lo que es peor, procedente del gobierno del mismo presidente que les preside ahora a ellos. Aún estamos a la espera (casi cuatro años después de su inicio) de une evaluación realmente rigurosa e independiente de la gestión de la pandemia por COVID-19, cuyos resultados no son precisamente para presumir, a pesar de que todos los responsables políticos que ejercieron el poder durante ese periodo lo hagan. Más bien al contrario, España presenta tasas de muertos por millón (2.600) muy alejadas de lo que debería ser “uno de los mejores sistemas de salud del mundo”, la esperanza de vida se redujo en un corto periodo de tiempo ( lo que no ocurrió en ninguno de los países latinoamericanos de la OCDE por poner un ejemplo), y siguen sin resolverse las graves deficiencias como país que existen en la gestión de residencias, y que alcanzó su paroxismo en la vergonzosa gestión de la comunidad de Madrid que tanto García como Padilla denunciaron con criterio. Me temo que no hemos aprendido nada de esta pandemia y si, por desgracia, aparece otra incidencia similar en el futuro, es probable que volvamos a cometer similares errores, pero en ese caso sin el compromiso voluntarista de profesionales que hoy están significativamente hartos.

Quizá por la enorme ignorancia de los tres ministros de Sanidad de la pasada legislatura ( Illa, Darias,Miñones) la situación de la Atención Primaria tocó suelo y subsuelo durante la misma. Nunca España había tenido lista de espera de semanas en Atención Primaria, ni centros de salud sin médicos, ni el nivel de hundimiento que tiene hoy en día. Es cierto que la mayor parte de la responsabilidad recae en los gestores de todas y cada una de las comunidades autónomas (muchas de ellas gestionadas por los partidos de gobierno y de sus aliados), pero al gobierno del estado le corresponde tanto el reparto de fondos como el control del uso de los mismos. En ese sentido, han sido absolutamente irrisorios los fondos finalistas destinados a Atención Primaria por el gobierno central, a años luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su informe a Naciones Unidas de 2019 ( donde se sugería un 1% adicional del PIB para la APS en todos los países), y también ha sido sumamente decepcionante la falta de condiciones y criterios exigidos a las comunidades para el gasto de los cuantiosos fondos recibidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que en modo alguno han servido para fortalecer de verdad la AP. Fondos que (cuando existen) se dirigen además a tecnología y aparatajes, tan del gusto de un gobierno tan moderno como el actual, pero que ignoran que el conocimiento en APS lo aportan profesionales altamente cualificados y no aparatos.

Ideas claras sobre lo que hay que hacer sin duda las tienen (un ejemplo de ellas se señalaban en el artículo que publicamos en Lancet un grupo de académicos y políticos liderados por Helena Legido-Quigley entre los que se encontraba el propio Padilla), pero la duda es si podrán: no hay que olvidar que al final lo que puede hacer Sanidad o Salud ( ya sea en forma de Ministerio o Consejería) depende esencialmente de lo que quiera Hacienda, y en ese sentido la actual titular, no tuvo nunca a la AP entre sus prioridades, ni como Consejera de Salud ni de Hacienda en Andalucía.

Lo que nos jugamos todos es mucho. Quizá la última oportunidad de revertir el profundo deterioro del sistema nacional de salud. Conocimientos para ello les sobran, otra cosa es que les dejen hacerlo. Su éxito será el de todos. Su fracaso también.