Mañana día 1 de mayo, volverán a salir a la calle las organizaciones sindicales reclamando lo de siempre: los mismos eslóganes, las mismas pancartas, las mismas cabezas tras éstas. El mismo día, 1 de mayo de 2025, entrará en vigor el nuevo concierto de AsistenciaSanitaria Nacional entre MUFACE y las aseguradoras ADESLAS y ASISA para los años 2025, 2026 y 2027, recién firmada en un acto presidido por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli. La representante del gobierno de España agradeció el trabajo de todos los que han hecho posible el acuerdo, entre los que se incluyen además de las propias entidades gubernamentales y las aseguradoras, los sindicatos.
El gobierno, según su Secretaria de Estado, “ha tenido como prioridades la protección a los y las mutualistas”. Los sindicatos, como señala en su web Comisiones Obreras, ha buscado en todo momento “un acuerdo razonable que garantizara la asistencia y calidad sanitaria de las empleadas y empleados públicos”.
Ambos, gobierno y sindicatos, todos firmes y enérgicos defensores de lo público, enemigos de cualquier innovación que suponga la simple sospecha de privatización de los servicios sanitarios, defiende con vehemencia y entusiasmo la mayor muestra de inequidad del sistema sanitario español, del que tanto presumimos fuera de nuestras fronteras, vendiéndolo como “el mejor del mundo”. Un sistema que permite desde la dictadura que una parte de la población, la de mayores privilegios y ventajas, puedan optar a elegir entre asistencia pública y asistencia privada, supuesto “privilegio” del que se priva al resto.
El partido de gobierno ha tenido reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos 40 años de acabar con una situación incomprensible desde cualquier punto de vista: porque o bien se elimina este privilegio ( si lo entendemos como tal) o, si no lo es, se amplía al conjunto de la población española la oportunidad de elegir. El otro partido de la coalición de gobierno parece que no está muy de acuerdo con la decisión, pero “acepta pulpo como animal de compañía”. El poder es el poder.
Entre los pobres argumentos que esgrimen unos (gobierno) y otros (sindicatos) para justificar su infame postura, se incluyen, desde que cada vez más funcionarios eligen lo público (por lo que no es tan importante la elección de aseguradoras), hasta que éste será probablemente el último concierto. Otros argumentan que el sistema público no se encuentra en condiciones de asumir la atención a otros dos millones de personas, lo que probablemente sea cierto con el actual nivel de inversión y regulación del sistema público, pero que podría cambiar sustancialmente si los fondos destinados a las aseguradoras, si las deducciones fiscales actualmente existentes, acabaran revirtiendo en los presupuestos para la asistencia sanitaria pública.
Desde el punto de vista de la equidad (ese “valor” que preside todas las declaraciones institucionales), el modelo MUFACE es una vulneración evidente: ¿Por qué puede elegir un magistrado, un policía, un militar, un profesor de universidad , uno de esos funcionarios que tan bien nos tratan en una ventanilla, y no puede elegir cualquier otro ciudadano?
Desde el punto de vista de la eficiencia nada menos que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), poco sospechoso de bolchevique, es demoledor: el gasto sanitario del mutualismo rozó el 3% del gasto sanitario público en 2019 (2,97%) habiendo aumentado entre 2002 y 2019 un 59,2%, lo que supone una tasa anual del 2,8%. El mutualismo administrativo se considera claramente ineficiente. Aun así el gobierno aceptó aumentar las primas a las aseguradoras hasta algo más del 40% inicial , hasta un importe total de 4.808,5 millones de euros, lo que supone 1.276,5 millones de euros más que el concierto anterior (según la propia MUFACE). La prima media ponderada aumentará acumuladamente durante los tres años de vigencia del convenio en un 41,2%.
El informe de Airef estuvo en poder del gobierno a finales del año pasado. Sus recomendaciones (entre las que se incluye trasvasar el mutualismo administrativo al Sistema Nacional de Salud de forma progresiva) han sido ignoradas, tal y como presumía el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, felicitado por su “dedicación y voluntad” de llegar a un acuerdo por los suscriptores del mismo. Un hombre, otro más “sin complejos” para defender lo contrario de lo que se supone que defendía.
Hay una consecuencia aun peor que la evidente inequidad e ineficiencia del mutualismo administrativo español: todos los que ostentan el poder (políticos, periodistas, jueces, militares, policías, funcionarios) tienen la opción de elegir entre público y privado y de forma mayoritariamente optan por lo privado. Así es muy difícil que defiendan inversiones en el sistema sanitario público. Pero además en un modelo en el que no existe la Atención Primaria, en que ni se plantea al menos exigir que las aseguradoras privadas implanten Atención primaria como primer nivel de atención por parte de quien tiene el timón del financiamiento, ¿Cómo van a apostar de verdad por una Atención Primaria accesible y longitudinal si ni saben que es?
Saldrán mañana sindicalistas y políticos “progresistas” con enérgicos mensajes de defensa del sistema sanitario público amenazado. Por supuesto que está amenazado.
Pero por ellos también.
