Paisaje después de la batalla ( II)

"It is therefore worth considering aiming over a period to end the state provision of healthcare for the bulk of the population, so that medical facilities would be privately owned and run, and those seeking healthcare would be required to pay for it”.
Margaret Thatcher

Cuando el gobierno británico presentó en la Cámara de los Lores su ley de reforma del NHS ( Health and Social Care Act) , la presentó como una reforma “vital” pero que en la práctica cambiaba “ más bien poco”, según relatan Allison Pollock y David Price en SOS NHS. Los cambios sin embargo eran radicales, eso sí envueltos en un lenguaje farragoso cuyo propósito no era otro que ocultar su verdadero propósito. Y éste no era otro que reemplazar un servicio público bajo mandato  de un gobierno,  por un servicio basado en un conjunto de contratos comerciales que se atienen a las reglas de mercado. Si la norma fundacional de 1946 del National Health Service señalaba que “será deber del Ministerio de Salud proveer o asegurar la provisión de servicios “, la ley Cameron establece que “será obligación de dicho Ministerio el de promover el establecimiento de un sistema integrado de salud”: garantizar y promover no son precisamente sinónimos.
La Secretaria General de Sanidad española, Pilar Farjas, expuso recientemente en Bruselas a los estados miembros de la Unión Europea los resultados de la reforma española iniciada en abril de 2012. Con franco desparpajo afirmó que ““las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros ciudadanos prestaciones y servicios, en condiciones de igualdad en el acceso, porque la equidad es un componente esencial de la calidad, garantía de mayor efectividad y contribuye al desarrollo social y económico”. Como en el caso británico, el papel lo soporta todo, incluso mentiras tan arriesgadas como afirmar que nuestra asistencia sanitaria es “pública, gratuita y universal”.  Es arriesgado mentir, porque apenas un par de días después el Consejo de Europa  juzga “ ilegal la decisión del gobierno español de excluir del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes en condición administrativa irregular” . España firmó en su día la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que se extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. Para Pilar Farjas la exclusión del derecho a la asistencia de cerca de un millón de personas es perfectamente compatible con el carácter universal de nuestro sistema. Es, como en el caso de la reforma inglesa, “solo un pequeño cambio”.
Para el gobierno madrileño el proceso que tenía por objetivo la privatización de la asistencia a cerca del 20% de la población de la Comunidad autónoma de Madrid tampoco significaba ningún cambio sustancial del modelo  sanitario: simplemente era un proceso normal de “externalización de servicios”. Otro ilustrativo ejemplo de que las mentiras corren el riesgo de ser desenmascaradas antes de lo previsto. Porque en la resolución al recurso del gobierno de Ignacio González contra la paralización del proceso de externalización, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se alude precisamente a la “dimensión extraordinaria del proceso”. Como señalábamos ayer el Tribunal considera que “sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, es evidente que la privatización de la gestión de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas tan extraordinarias que harían muy difícil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior”.
Hay un elemento que ayuda mucho a valorar el carácter y las repercusiones de un proceso de privatización, y ese es precisamente el riesgo de hacer irreversible el proceso, no solo para el propio gobierno que legisla, sino sobre todo para los gobiernos posteriores que pudieran sustituirles.  De poco sirve una democracia que no permite modificar las normas que la regulan, en función de las decisiones de sus electores.
En septiembre de 2012 cumplió el plazo de 30 años de obligada confidencialidad para documentos secretos de Downing Street. Como informó The Guardian , los archivos nacionales británicos dieron a conocer entonces ciertos documentos del gobierno de Margaret Thatcher en la que , tanto ella como su hombre de confianza , Sir Goeffrey Howe, plantearon una estrategia deliberada para desmantelar el  estado de bienestar británico; en aquella iniciativa participó el actual primer ministro británico, David Cameron.
No hace falta recordar la profunda admiración que siempre sintió Esperanza Aguirre, valedora del actual Presidente de Madrid , por la Sra Thatcher. Tampoco la existencia de esa corriente ideológica en el partido que actualmente gobierna, no solo España sino muchas de sus comunidades autónomas.
Raymond Tellis en su SOS NHS escribía: “ no existe una administración capaz de comprar al sector privado y devolver al NHS su carácter público, o recrear un servicio coherente desde los fragmentos en manos de docenas de proveedores privados. Piensa como, después de tantos años de caos, la renacionalización de los ferrocarriles ha sido algo financieramente imposible. Debemos actuar urgentemente”
No solo es un problema de Inglaterra. También de España
(Fotografía: Esperanza Aguirre en el funeral por Margaret Thatcher)