Hace cuatro días dobles agentes del gobierno del Sr.
Rajoy ( Alonso y Montoro) firmaron un acuerdo con la patronal de la industria
farmacéutica ( Farmaindustria) en el límite del tiempo reglamentario. Al igual
que en caso de la aprobación de presupuestos para 2016, el citado gobierno
pretende dejarlo todo “atado y bien atado” (siguiendo la senda ideológica de la
que proceden), hipotecando a cualquier gobierno que pueda constituirse en
diciembre a comulgar con las voluminosas ruedas de molino que han ido colocando
en el terreno de juego político. Además , el acuerdo podría beneficiar
personalmente a algunos de los rufianes que pueblan la administración, y que con el cambio de legislatura no
sería nada raro ver como traspasan la puerta giratoria para comenzar una nueva
vida profesional cargada de venturas ( la historia está repleta de altos cargos
populares, socialistas o convergentes, fichados con celeridad por los
laboratorios en el momento de dejar el cargo).
El pacto se llevaba urdiendo desde hace un año, y los
empresarios del sector comenzaban a mostrar signos de intranquilidad al ver
como se agotaba el tiempo sin ver satisfechos sus intereses; afortunadamente ya
en el tiempo de descuento el juego al primer toque de Alonso y Montoro, finos
estilistas de la resolución en el barullo del área, han permitido ganar el
partido.
Es interesante ver como “vende” el acuerdo el gobierno de
España. En la página web de la Moncloa lo que se resalta es que “ se garantiza
el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos innovadores”, haciendo
sinónimo innovador de bueno en sí mismo aunque sea el más potente raticida:
también la talidomida fue en su día un medicamento innovador, cuyas
consecuencias están a la vista de todo el mundo ( y además permitiendo al laboratorio
correspondiente , Grúnenthal, irse de rositas, en una de las sentencias más infames
de la justicia española). Pero aunque lo innovador tenga efectos que puedan ser muy
graves, y precise de un tiempo dilatado para confirmar que sea efectivo, y
seguro, y necesario , ¿a quien le importa si de lo que se trata es de fomentar
la inversión de la gran industria farmacéutica en nuestro país?
Tras señalar el gran objeto del acuerdo ( el acceso a la
innovación) el gobierno explica en letra pequeñas algunos aspectos de “menor
importancia”: “la vinculación del gasto farmacéutico público con el Producto
Interior Bruto, para limitar el gasto, sin limitar la prestación”. Corolario
este último digno de Yogi Berra ( ya saben, el de “daría mi brazo derecho por
ser ambidiestro”).
La habitual manipulación informativa del gobierno alcanza
aquí otra interesante cota, dando por hecho que todos somos idiotas: si se vincula el gasto con el PIB habría que
informar de lo sucederá tanto en el caso de que el primero supere el PIB como
si no lo alcanza. La página de la Moncloa, sin embargo, solo informa del primero de los
supuestos. Así, “si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos
originales (no genéricos) superase los niveles de la tasa de referencia del
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía
española prevista en la Ley Orgánica 2/2012, se establecerán medidas
compensatorias y correctoras en favor del Sistema Nacional de Salud”. Eso sí,
se trata de medidas que no suponen transferencia monetaria, iniciativas tan
relevantes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) como “Programas
de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad en la
prescripción o programas de adherencia al tratamiento”,algo que podría ser realizado
sin ningún tipo de participación de la industria.
Por el contrario, no aparece por ningún lado que ocurriría
si el crecimiento del gasto farmacéutico aumentara por debajo del crecimiento
del PIB, como debería ser deseable dado que ( a pesar de crisis y recortes)
España sigue dedicando cerca de un 20% de su gasto sanitario total a farmacia.
De forma congruente con el acuerdo, en esa circunstancia el gobierno deberá
compensar a la industria farmacéutica según reconoce el ministro Alonso. Este agente
doble, tranquiliza indicando que esta compensación no será en ningún caso
monetaria, sugiriéndose que podría ser en forma de incentivos fiscales ( como
si esta no fuera una fórmula de compensación monetaria, además de reducir aún más
los ingresos de la hacienda pública).
Lo que no se entiende es por qué, llegados a este punto la
industria del automóvil, la de la restauración y el turismo, por no hablar de
la discográfica o editorial, no reclaman semejante privilegio de ajuste al PIB, posiblemente ámbitos no tan productivos como el farmacéutico como para poder permitirse disponer de agentes dobles.
Si la intención del gobierno es reducir el gasto sanitario público al 5,6% en 2016 y no
se puede ahorrar en fármacos ( muchos de ellos innecesarios y peligrosos), ya puede
deducirse el pronóstico de este enfermo casi desahuciado llamado Sistema Nacional de Salud.
( Foto: agentes dobles urdiendo el pacto)
Muy buen artículo. Muchas gracias.
ResponderEliminarCoincido totalmente con su contenido.
También lo ha denunciado el Consejo de Colegios Médicos y la FADSP.
La cuestión es que paralelamente a esto la industria farmacéutica tiene una tremenda crisis de legitimidad. Mientras secuestra a los gobiernos para blindar su crecimiento en ventas es incapaz de aumentar el número anual de medicamentos que suponen un verdadero avance terapéutico y crece en escándalos relacionados con la falsificación u ocultación de datos en el desarrollo clínico de los fármacos, las malas prácticas para impedir la aparición de genéricos al final de la patente y la compra de voluntades entre los reguladores de las agencias públicas y los profesionales. Es como si los gobiernos pactaran con la industria automovilística un crecimiento constante de las ventas justo después de que se destaparan los datos del fraude sobre el consumo de sus motores.
Bernardo Santos. Farmacéutico. Sevilla.