España sigue en segundo lugar en número de casos de COVID-19 y el tercero en número de muertes; en casos por millón de habitantes ascendemos al primer puesto, mientras que en muertes por millón sólo nos ha superado recientemente Bélgica. Desde el pasado 24 de marzo cada día mueren al menos 500 personas en España, alcanzando la brutal cifra total de 20.453 en el día de ayer. Resulta imposible averiguar cuales son las causas de que el impacto de la pandemia sea tan descomunal en un país que presumía de tener el mejor sistema sanitario del mundo; habrá que esperar mucho para saber las causas. Uno de los factores que probablemente influyan es la estructura demográfica de la población española, siendo las personas mayores las más afectadas por la infección; pero aunque España tenga un 19% de población mayor de 65 años, Alemania tiene un 21% en ese grupo etario y 4.642 muertos (tasa por millón de 55), y nuestro vecino Portugal 714 ( con tasa por millón de 70).
El periódico El País publicaba ayer un reportaje sobre las Residencias de mayores en el que los autores ( Alfageme y Sosa) hacen una aproximación al impacto en muertes de la pandemia en este tipo de centros; de elaboración propia, puesto que las administraciones públicas españolas carecen de datos oficiales, bien porque no los tienen, bien porque los tienen y los ocultan, bien porque no los entienden. No se sabe que es peor: llevamos más de cinco semanas de estado de alarma, dos meses casi desde la notificación de los primeros casos; como en tantos otros datos de los que carecemos, no existe justificación alguna a semejante situación.
Según la información de ese diario en España han fallecido más de 13600 personas diagnosticadas de COVID-19 o con síntomas compatibles. El dato preciso probablemente no lo sepamos nunca, resultado de una incompetencia crónica, manifiesta e irresponsable de las autoridades políticas de este país. 13.600 suponen el 67% de los muertos registrados en España, claramente la causa principal de esta hecatombe. La situación de las personas mayores en las residencias no es un problema nuevo; los equipos de atención a pacientes terminales y muchos profesionales de Atención Primaria conocen desde hace años esa realidad: centros masificados atendidos por profesionales precarizados, a menudo sin la formación adecuada, en permanente rotación porque sus salarios son miserables; ausencia de mecanismos de seguridad y protección; maltrato físico y psicológico en muchos casos, y condiciones higiénicas deplorables camufladas bajo el señuelo de ofertas hoteleras de “primera clase”, promocionadas hasta la saciedad por sus propietarios, en muchas ocasiones empresarios que diversifican su cartera entre equipos de fútbol, constructoras y aparcamientos de ancianos. Porque éste ha sido un negocio muy rentable durante décadas, como pone de manifiesto el excelente trabajo de ctxt. Un negocio que movió “más de 4.500 millones de euro en 2019, que atrajo la inversión de más de 2000 millones de euros entre 2015 y 2017, y donde el precio de los activos se incrementó un 50% de media en 2019”. El 75% de los centros son de titularidad privada. Muestra una vez más de la “eficiencia” de la mano invisible del mercado, que da servicios de mugre para beneficio de unos pocos, que son los de siempre, grandes constructores (también aquí Florentino Pérez), empresas de capital riesgo, bancos…
Madrid y Barcelona juntas superarían,según El País, los 7000 muertos en residencias por COVID-19 o síntomas compatibles al mismos: la mitad del total. Según el Consejero de Políticas Sociales de la primera de ellas, en Madrid podrían haber muerto un 10% de los mayores ingresados en residencias de la región. De los mayores que han muerto en España 4 lo han hecho en Madrid.
El problema no es en modo alguno exclusivo del sector privado; afecta también a las residencias públicas, cuyo presupuesto siempre insuficiente fue mermando al año tras año en la última década.
Pero además de la situación previa de las residencias de mayores en España, motivo de vergüenza para cualquier persona civilizada, la respuesta a la infección en esos centros ha sido igual de calamitosa en buena parte de las comunidades autónomas, en especial en el caso de Madrid.Personas necesitadas de un alto grado de atención y cuidados que apenas los reciben, sin referencias claras a la hora de ser atendidos.
No en todo el país ha actuado igual. Hace dos días publicábamos el excelente resumen de Abel Novoa sobre la atención en residencias en la comunidad de Murcia. Un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas.
Una de las prioridades de intervención si esto pasa algún día está ya suficientemente clara. Podría haberse evitado.Su corrección obligará a invertir ( no gastar) mucho dinero y replantear completamente el modelo de atención a estas personas, en donde (una vez más) la Atención Primaria debería jugar el papel determinante que no ha jugado. Veremos si pronto olvidamos lo ocurrido.
(Fotografía: El Confidencial)
Gracias de nuevo Sergio por abordar uno de los puntos que explica una parte significativa del desastre en términos de morbimortalidad de la pandemia en nuestro país. Efectivamente ya hace años que muchos están advirtiendo de la necesidad de abordar dos elementos estratégicos de nuestro sistema sanitario que desbordan a la actual pandemia:
ResponderEliminar1-La necesidad de asumir que la atención de salud como parte importante pero no única del bienestar y calidad de vida no puede ser asumida aisladamente por el sistema sanitario y que, por tanto hay que diseñar nuevos abordajes intersectoriales que, en el caso de las personas mayores y los procesos crónicos (coincidentes en la mayoría de las ocasiones) precisan de la integración/coordinación de, al menos, el sistema sanitario y el de recursos sociales y dependencia.
2-La necesidad de cortar de raiz la desidia y la prevaricación de los responsables políticos y de los gestores en el ámbito de la acreditación, calidad y seguridad de los centros dedicados a los mayores y colocarlos, como mínimo, en el mismo nivel de prioridad que la asistencia en hospitales y centros de salud.