Control de pasajeros: otra coartación de derechos sin evidencia

Las autoridades gubernamentales de buena parte de los países del mundo han decidido permitir el tránsito de pasajeros en este pasado mes de noviembre, inicialmente a través de transporte aéreo y progresivamente a través de otros medios. El mensaje dominante desde los medios de comunicación (voz cada vez más obediente a las órdenes que llegan desde el poder político) es que viajar entre países es un lujo innecesario, capricho de gente ociosa que no tiene nada mejor que hacer. Parecen no tener en cuenta que hay personas que deben viajar por múltiples necesidades que hasta hace muy poco eran reconocidas como derechos fundamentales: reagrupamientos familiares, atención a familiares enfermos, proceso de agonía, muerte y duelo, obligaciones laborales insustituibles por el divino teletrabajo, búsqueda de posibilidades laborales inexistentes en sus países de residencia y tantas otras más.

A lo largo de todos estos meses de pandemia se ha ido fraguando un mensaje que está muy mal visto rebatir: todo aquello que limite nuestra libertad y movilidad está plenamente justificado para las autoridades correspondientes, sin otro criterio que el de su propia autoridad , al margen de las pruebas que sustenten su efectividad y de la gravedad de los efectos adversos que produzcan; de forma que, eludiendo sus gravísimas responsabilidades en la tragedia COVID-19, los responsables políticos de éste y otros muchos países, del gobierno central y de todas y cada una de las comunidades autónomas, huyen hacia delante estrechando y aumentando la intensidad de sus prohibiciones, sanciones y confinamientos, mientras esperan la llegada del maná vacunal que por supuesto, nadie cuestiona en su efectividad y seguridad.

Buena parte de los países basan su “estrategia” de recepción de visitantes en tres pilares básicos: cierta forma de declaración personal (en España el Formulario de Control Sanitario), la justificación de haber obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica por RT-PCR frente al SARS-CoV 2 y en muchos casos el someterse a cuarentena de tiempo variable una vez llegado al país. Al margen de tomas de temperatura a la llegada y otras lindezas de bajísima sensibilidad y especificidad pero que entretienen al personal y dan (falsa) sensación de control.

El Centro para el Control de Enfermedades Europeo (ECDC) acaba de publicar un pormenorizado informe sobre la evidencia que sustenta estas recomendaciones, y que es prácticamente ninguna.

Expertos de la talla de la presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid alertaban de que el crecimiento de casos en ésta era debido a las hordas de infectados que se cuela por los aeropuertos. Sin embargo, el ECDC comienza señalando (en respuesta a Ayuso y sus compinches) que en Europa los casos importados representan una parte muy poco relevante del total de casos y que es poco probable que esta vía juegue un papel importante en la transmisión (estiman que de esta forma es menos del 1% en Europa y menos del 10% en el mundo). De hecho la estimación de prevalencia en viajeros es menor que en la población general, por lo que en modo alguno deben considerarse población de alto riesgo ni ser tratados como contactos de infectados por COVID-19 (a menos lógicamente que hayan tenido contacto con casos confirmados). Es más recomienda que sean tratados como la población local.

A la luz de la situación epidemiológica actual no está recomendado según el ECDC ni las cuarentenas obligatorias al llegar a un país, ni la realización sistemática de pruebas diagnósticas ni mucho menos la toma de temperatura, medidas todos ellas tan del gusto de la señora Ayuso.

Aún peor podría ser la introducción de los llamados "pasaportes sanitarios", medida sin fundameento alguno pero que también hace feliz a los legisladores imprudentes como la señora Díaz Ayuso.Sobre este aspecto, SIAP COVID 19 acaba de publicar una excelente síntesis en su blog.

Sólo podría tener sentido la introducción de medidas restrictivas en el caso de países que han reducido prácticamente a cero su incidencia y pretendan establecer un control férreo de casos identificando contactos y aislándolos oportunamente, algo que en España nunca fue prioritario. En ningún caso tiene sentido, según el ECDC, que países con tasas de incidencia alta o muy alta pongan restricciones a la llegada de pasajeros con tasas de incidencia similares a las suyas. El despropósito que supone que España ponga limitaciones a países de zonas de riesgo de color rojo o gris, cuando ella está en la misma situación o peor es sencillamente asombrosa. Y aún así, en la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, el gobierno español lo hace sin complejos, ignorante (por desconocerlo o despreciarlo) de la evidencia existente a fecha de hoy. Sólo desde la profunda ignorancia sanitaria que atesora el señor Illa, ministro de Sanidad español, puede afirmarse que “Exigir PCR negativa refuerza el carácter de destino seguro de nuestro país”. Probablemente no es él el autor de semejante desatino (fruto más bien de la ignorancia de alguno de sus múltiples expertos). Pero él sí es responsable de seguir siendo ministro de una materia que en este momento es crucial, la sanidad, y de la cual su ignorancia es, más que atrevida, culposa.