Margaret McCartney. Bad Language. BMJ 2015.
El pasado de mayo el Tribunal Constitucional (TC) desestimaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español contra la ley 8 /2012 aprobada por el gobierno de la Comunidad de Madrid y que permitía la privatización de la gestión de seis hospitales públicos, decisión que afectaba a una sexta parte de la población de Madrid. La decisión ha sido lógicamente celebrada por los medios de comunicación más radicales de este país, que consideran que con ella se lava el honor mancillado del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid que impulsó el proceso de privatización, proceso que tuvo que ser paralizado ante la oposición de la mayoría de la sociedad madrileña, manifestada a través de la Marea Blanca.
El ponente de dicha sentencia no es otro que el Presidente del Tribunal Constitucional, magistrado de oscuro pasado, afiliado, donante y consultor a lo largo de los años del mismo partido ( el Partido Popular) cuyas decisiones valora en la sentencia. El viejo principio de separación de poderes se cumple, como se ve, escrupulosamente en España, un país al que todavía algunos consideran que es una democracia.
Entrando en la argumentación expuesta en la sentencia del TC, ésta es cuando menos curiosa. Señala, por ejemplo, que una norma infringe el principio de seguridad jurídica cuando “el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos”. Respecto a la ley que abre la vía a la privatización de servicios sanitarios, ni la conducta exigible para su cumplimiento ni la previsibilidad de los efectos de la contratación en litigio están en modo alguno claras, en especial respecto a las consecuencias a largo plazo de los contratos que pudieran establecerse, como ya señaló el Tribunal Superior de Madrid al considerar que los cambios en el proceso de gestión de los centros “podrían ser irreversibles”. Sin embargo para el TC, esa posible inseguridad jurídica simplemente no existe.
Aún sorprende más la argumentación de que la habilitación al Servicio Madrileño de Salud “para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” no supone necesariamente la adjudicación a empresas privadas cuando se sabía fehacientemente cuales eran las empresas PRIVADAS que iban a resultar adjudicatarias. Curioso también que se señale que la “incidencia de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas no vulneran el carácter público de Seguridad Social como “ la experiencia comparada y la de nuestro país así lo ponen de manifiesto”, experiencias que en modo alguno cita la sentencia. Para el Tribuna Constitucional el que en las contrataciones se señale que se “garantizarán los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios” parece ser suficiente.
En el fondo, la sentencia da a entender que si la norma es suficientemente ambigua y genérica, nunca va a afectar los principios de constitucionalidad. Las consecuencias a largo plazo que podría tener su aplicación (y que simplemente llevan al desmantelamiento del sistema nacional de salud) no son de su incumbencia.
En esa coartada mucho tiene que ver el lenguaje que ha acabado por aceptarse como cierto en las organizaciones sanitarias, lenguaje que se ha introducido como la carcoma en el léxico de políticos y gestores sanitarios, y que denunciaba con su habitual claridad Margaret McCartney en el BMJ ( Bad Language).
Esta manipulación del lenguaje puede ser clasificada, en su opinión, en las siguientes categorías:
1.- Palabras que enmascaran recortes:
- “Hospitalizaciones evitables”, que no son más que admisiones hospitalarias que en retrospectiva y con adecuada financiación en Atención primaria, podrían haber sido atendidas en la comunidad
- “Admisiones inapropiadas”, es decir admisiones hospitalarias que se precisan por la falta de capacidad del sistema sanitario, generalmente derivadas de la insuficiente financiación.
2.- Palabras que ofrecen más esperanza que sustancia ( especialmente apreciadas por gestores “cool” y calidólogos de pro):
- “Excelencia”, cuando nuestro primer objetivo debería ser dar servicios simplemente buenos .
- “Cambio transformacional”, cuando los avances lentos y torpes son los únicos que funcionan.
3.- Palabras que denigran a los pacientes:
- Incumplidor (a),: persona que tal vez es que ha decidido tomar una decisión propia que no nos gusta ( no realizar una prueba de cribado), o a la que tal vez no le llegó la cita.
4.- Palabras que soslayan la realidad:
- “Salvar vidas”, cuando lo máximo que aspiramos a retrasar muertes
5.- Palabras que alteran la relación entre médicos y pacientes:
- “Clientes”, que pueden ser expulsados si no son rentables o demandan demasiado.
- “Consumidores”: es fácil elegir entre dos camisas, pero cuando se siente dolor o pena se necesita confianza, no promociones de venta
6.- Palabras que esconden la venta del Sistema Nacional de Salud
- Externalización, es simplemente privatización.
El Tribunal Constitucional en su sentencia enmascara una realidad cierta: lo que se pretendía en Madrid es abrir la puerta a la progresiva privatización del sistema. Es importante saberlo. Y aún más saber lo que se puede esperar del poder judicial mientras las cosas no cambien
Gracias por la oportuna y excelente entrada, Sergio. Desde Orwell -y aún antes con el Humpty Dumpty de Lewis Carroll- sabemos bien del uso interesado, fraudulento y manipulador del lenguaje por parte del(os) poder(es) establecido(s). Hace pocos años, tras su fallida aventura política, Michael Ignatieff recordaba también que [desgraciadamente] “un síntoma de la crisis de la ciudadanía es que la retórica política, de derechas o de izquierdas, se dirige al electorado como contribuyente o como consumidor, más que como ciudadano. Como si el mercado marcara el lenguaje de la comunidad política”.
ResponderEliminarAsí estamos... y así nos va.
Saludos.
Lo bueno de los jueces y letrados del T: Constitucional es que su prédica es coherente con su praxis, al menos con la de su Mutualidad funcionarial (Mugeju), que acaba de publicar una circular para seguir comprando un seguro privado mutualista a aquellos beneficiarios (hijos, cónyuges y demás parentela) que por figurar en el "paro" tengan por derecho PPropio tarjeta SNS (por inscripcion en base BADAS de INSS) : pueden "renunciar" al derecho en INSS para seguir con papuchi http://www.mugeju.es/es/menu_recursivo/home/destacados/circular88.html
ResponderEliminarBuen post Sergio, la obviedad y el enmascara miento del lenguaje están a la orden del día yo diría q estamos en el reino del eufemismo adorando la eficiencia.
ResponderEliminarUn abrazo