Populismo científico

A resultas del triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales americanas algunos “reputados” expertos han encontrado múltiples semejanzas entre el modelo político de éste y el defendido por ciertas fuerzas políticas que se oponen a los tratados de libre comercio. En opinión de Christine Lagarde, Angela Merkel, Albert Rivera y la caballería pesada del grupo PRISA, mantener esa posición respecto a este tipo de tratados es una posición “populista”.

El populismo crece sin medida; la última amenaza procede de conocidos “populistas” y a los anteriores ejemplos habrá que añadir a Desmond McNeill del SUM ( Centre for development and The Environment de la Universidad de Oslo),Carolyn Birbeck (Universidad de Oxford), Sakika Fukada-Parr (The New School de Nueva York), Anand Grover ( Lawyers Collective de Nueva Delhi), Ted Schreker ( Universidad de Durham) y en especial a David Stuckler , el profesor de Economía Política y Sociología de la Universidad de Oxford, y autor del libro La austeridad mata, tan del gusto de algunos supuestos "progresistas" hace un par de años. Todos ellos acaban de publicar un trabajo en The Lancet en que revisan las consecuencias en términos de salud global que tienen y tendrán los acuerdos de comercio e inversión. Reconocidos populistas y agitadores convulsos, como lo es también Martin McKee quien lleva años alertando de los efectos de estos acuerdos.

El documento da cuenta del creciente cuerpo de evidencias científicas que sustentan el planteamiento de que,ya se llame TTP ( Trans-Pacific Partnership), TTIP ( Transatlantic Trade Investment Partnership) o CETA, los acuerdos de libre comercio tendrán consecuencias negativas para la salud de las personas y las poblaciones, mucho mayores que las de acuerdos previos en esta materia. Dichos acuerdos se inmiscuyen en el espacio político de los países firmantes, “afectando a la libertad, el ámbito de actuación y los mecanismos que los estados emplean para elegir, diseñar e implementar sus políticas públicas”. Estos tratados, que afectan aún más a la inversión que al comercio, proveen la estructura legal para una reorganización global de la producción de más del 80% del comercio mundial.

Su efecto sobre múltiples determinantes de la salud, desde la polución ambiental a la seguridad alimentaria, de la tecnología al empleo, es claro, afectando especialmente como siempre a los países más pobres y a la parte de población más pobre de los países más ricos.

Los avances obtenidos en materia de propiedad intelectual sobre prioridades en salud y que permitían las llamadas “flexibilidades” para usar licencias protegidas en caso de emergencias sanitarias se limitarán en buena medida con estos acuerdos (prolongando en muchos casos el tiempo necesario para producir productos genéricos).

Especialmente peligroso resulta el proceso de negociación del ISDS (Investor-State Dispute settlement) y sus “provisiones”. Éstas permitirán a las grandes firmas multinacionales extranjeras retar a un estado cuando consideren que sus leyes nacionales ponen en peligro sus intereses comerciales futuros, demandas que serán arbitradas por tribunales al margen de la jurisdicción ordinaria e internacional, por tribunales creados al efecto para vigilar el cumplimiento de los propios tratados. De esta forma ya ha sido demandada la decisión del gobierno uruguayo de establecer alertas informativas en materia de salud (iniciativa muy poco del agrado de Ciudadanos por ejemplo) o la forma de empaquetado del tabaco que llevó a cabo el gobierno australiano. La protección del medio ambiente, del control del consumo del alcohol y el tabaco o las tasas sobre alimentos procesados con efectos claramente perjudiciales para la salud son especialmente objeto de estas demandas.

En este blog ya hemos comentado reiteradamente los efectos potenciales que puede tener la aplicación del TTIP para la provisión de los sistemas sanitarios. Entre otras, la dificultad de revertir procesos de privatización por parte de aquellos gobiernos que quieran hacerlo; o el riesgo de ser demandados por aseguradoras multinacionales privadas si consideran que leyes locales perjudican sus intereses.

En definitiva, los investigadores de Lancet proponen una nueva agenda basada en tres condiciones imprescindibles: proteger el espacio de los estados para considerar a la salud pública como una prioridad, a salvo de las negociaciones, transparencia absoluta del proceso ( algo a lo que los partidos socialistas renuncian con sumisión patética) y rechazo de la intromisión de tribunales paralelos en las políticas locales.

A esto habrá algunos que lo considerarán un populismo insultante.

No puede resultar extraño que los partidos neoliberales defiendan los tratados de inversión y comercio; forma parte de su genotipo. Pero a los partidos que seautodenominan socialistas apenas les queda ya tiempo y excusas para demostrar que realmente defienden los intereses colectivos de los ciudadanos, y no son una forma (algo más estilizada ) del neoliberalismo rampante.

(Fotografia: David Stuckler)