La nueva normalidad (VI): la irresponsabilidad impune

El diario El País recogía el domingo último la cifra de muertes imputables a la COVID-19 en España a partir de los datos aportados por las diferentes comunidades autónomas. Esos datos incluían los fallecimientos ocurridos en hospitales, domicilios y residencias, tanto aquellos con prueba positiva para SARS-CoV-2 como los que no llegaron a realizarla pero existía sospecha fundada de padecer COVID-19. Este es el criterio recomendado por la OMS para la identificación de casos, el que han realizado países como Francia o Reino Unido.Se desconoce por qué el Ministerio de Sanidad español sigue sin aplicar ese criterio y actualizar los datos; se ignora por qué El Pais puede dar la cifra de muertos totales y el Ministerio no, por qué RTVE, la cadena de comunicación del estado puede dar los datos de muertos en residencias y el  Gobierno del Estado no. La cifra total de muertes según ese criterio es de 44.868 a 26 de julio. Mucho mayor que la de muertes “oficiales” cifrada  hoy en 28.834. Una cifra así determina una cifra de 955 muertos por millón de habitantes, la más alta del mundo después del minipaís de San Marino, más del doble de Francia o Estados Unidos, un 30% más que Reino Unido. En esas muertes están implicados por su gestión todos los responsables políticos y sanitarios de las comunidades autónomas y del gobierno de la Nación. Hasta la fecha nadie ha dimitido por ello, o ha sido cesado.Tampoco han permitido una investigación independiente para evitar que vuelva a repetirse. 

Cuando España comenzó su desescalada (algo que debería haberse programado desde el mismo día de declaración del estado de alerta el 14 de marzo de 2020), se sabía que el elemento más importante para el control de la pandemia y la prevención de nuevos brotes era la puesta en marcha de una estrategia de identificación de casos  y seguimiento de contactos estricta y agresiva, como habían demostrado Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, Singapur o Alemania. Una estrategia que obligaba a contratación masiva de rastreadores ( al menos 1 por cada 4000 personas),  su formación y capacitación adecuada, y un trabajo agotador a partir de ese momento que permitiera identificar los cerca de 90 contactos por caso (36 de alto riesgo) que estimaba el ECDC que existen por cada caso sintomático; se precisaban jornadas de cerca de 12 horas por caso, dedicado a la investigación detectivesca de la vida de cada sujeto contagiado que obviamente nunca se llevaron a cabo.

Exageraciones …debieron pensar los RESPONSABLES de nuestro servicios de salud que optaron por la habitual respuesta española: la trampa, la mentira, la chapuza.

Unos prefirieron decir que con 50 rastreadores para 8 millones era suficiente; otros que  ya contaban para ello con los médicos y enfermeras de los centros de Atención Primaria completamente sobrepasados; los de más allá contrataron a personal sin conocimiento alguno de salud, y los más originales recurrieron a Ferrovial que , como es sabido, son expertos en la materia. Y así , mientras se peleaban como niños imbéciles en quien lo hacía mejor, crecieron por todo el territorio brotes y más brotes para contrarrestar los cuales la única medida fue imponer la mascarilla obligatoria en cualquier momento y lugar.

España se encuentra hoy en una situación sumamente delicada: con más de un millón de nuevos desempleados ( de los cuales al menos 300.000 eran empleos fijos), con un número indeterminado aún por ingresar en el paro al no poder hacerlo aún , y con un número tampoco contabilizado de personas en ERTE que correrán la misma suerte. En un país en el que más del 12% del Producto Interior Bruto lo genera el turismo el máximo responsable de la política sanitaria durante la pandemia ( puesto que el Ministro de Sanidad no dispone de criterio alguno) se permite declarar ante los medios que el establecimiento de cuarentenas en Reino Unido “nos favorece, puesto que es un riesgo que nos quitan”, sin importarle absolutamente nada las vidas y futuro de todos los trabajadores del sector turístico, centrado como está exclusivamente en sus tablas de Excel. Nos indignamos con los países frugales, con el establecimiento de cuarentenas de nuestro principales clientes turísticos, cuando hemos sido nosotros los únicos RESPONSABLES de generar esa desconfianza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid (co-líder máximo del despropósito con el presiente de Cataluña), la que reconvirtió IFEMA en un hospital de escaparate para su propia campaña de propaganda, la que destina a construir un hospital para Pandemias el dinero que escatima a la Atención Primaria, pasa en 24 horas de presumir de que en Madrid no era obligatoria la mascarilla a exigirla en cualquier circunstancia, proponiendo la implantación de la cartilla de vacunación (sic)/cartilla COVID-19 con réplica en la tarjeta virtual (¡¡¡), de forma que todos los que tengan anticuerpos puedan viajar, y  hacer una vida libre de preocupaciones, ignorando la ausencia de evidencia respecto a los llamados “pasaportes sanitarios”, entre otras razones porque cerca del 14% de los ciudadanos con resultados positivos en el primer estudio de seroprevalencia  fueron negativos en el tercero.

Los que deben gestionar este repunte son los mismos que fueron incapaces de gestionar una crisis que costó más de 44.000 vidas probablemente. No hay dimisiones ni ceses.  Casi 47 millones de personas dirigidos por una clase política IRRESPONSABLE en el doble sentido del término: ni asumen las responsabilidades de sus decisiones, ni dejan de tomar decisiones sin la debida meditación.

La nueva normalidad (V): el naufragio de la Atención Primaria

“Lo más extraordinario respecto a los médicos generales es que se infravaloran a ellos mismos. Creen que no tienen poder, pero no es así. Ven a dos tercios de un millón de personas cada día, más que los especialistas, bastante más que los políticos, incluso que los curas.
Los médicos generales están en una posición única. Realmente, en términos de hegemonía política realmente ocupan de lejos la posición más poderosa en la sociedad”
Howard Stoate

Durante todo el día de hoy, la Atención Primaria ha sido la noticia que encabeza la página web del diario El Pais. Nunca hasta la fecha había ocurrido, en un medio que siempre la despreció. Bien es cierto que no es una noticia positiva, como suelen ser las relacionadas con el mundo hospitalario y sus intervenciones de vértigo, de esas a las que tan aficionados son sus reporteros y expertos varios. Es más, el titular denota un cierto tono de fastidio, hastío , molestia, porque una vez más la Atención Primaria no parece estar a la altura: “la saturación delos centros de salud lastra la lucha frente al virus”. Rémora, lastre, carga.

Lo que sorprende es que sorprenda la situación. Como decía Pablo Simón en Twitter “La Atención Primaria d este país está muerta hace años. El COVID19 sólo la rematará. Los autores del magnicidio han sido los propios profesionales y sus organizaciones”.

En este blog hemos reiterado hasta el más absoluto aburrimiento la situación desastrosa de la Atención Primaria en España a lo largo de la última década: hoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Los mismos que hoy hablan del brutal recorte financiero hacia ella, del maltrato hacia sus profesionales a los que solo se ofrecen contratos precarios, de la falta de peso global en el sistema, son los mismos que en la última década presumían en inauguraciones festivaleras de congresos, en entrevistas ante los medios, de lo buena que era la Atención Primaria española, la mejor del mundo: desde políticos de todo signo a consejeras mutadas a ministras, de gerentes de servicios de salud a presidentes de sociedades compitiendo a ver qué sociedad tenía más grande la lista de inscritos en sus congresos y más marisco en sus cenas, todo ello obviamente financiado por la industria, la única que podía permitirse esos lujos en aquellos días de vino y rosas.

La realidad era ya entonces deprimente: listados de 50 y 60 pacientes al día, 5 minutos por paciente de media en todo el territorio, cifras que causaban estupefacción en cualquier país del mundo cuando se hablaba del “milagro de la AP española”, pero de los que aquí presumían los gerentes de turno ante la mirada dócil y sumisa de todos nosotros.

Cuando comenzó el pico de la pandemia, cuando sólo había ojos y oídos para UCIs, ventiladores y urgencias, ya indicamos aquí que sin AP sería imposible controlar la situación. Con el tiempo no parecía haber nadie que no estuviera de acuerdo: aparecieron eruditos a señalar el papel relevante en la pandemia de la AP, no hubo consejero que se privara de hacerlo. Pero una vez más fueron sólo palabras de cara a la galería.

De haber sido cierta la decisión debería haberse realizado un proceso de inversión nunca vista antes en el sistema sanitario; con contratos indefinidos, con apertura de contrataciones a nuevas profesiones, con procesos de formación exprés para realizar lo que nunca antes se había hecho: testar, localizar, aislar, seguir,apoyar, integrar. De ser cierto debería haberse iniciado las medidas dirigidas al gravísimo problema de la atención en residencias que sigue sin resolverse. Debería haberse hecho un planteamiento de extrema urgencia ante la llegada del verano, fenómeno atmosférico que lleva aparejada la multiplicación por tres de la carga de cada médico ante esa costumbre tan nuestra de no sustituir nunca a los médicos que marchan.

Se mintió. Con alevosía. Presentando ante los medios datos falsos de nuevas contrataciones de rastreadores, que no eran otros que los propios profesionales ya sobrecargados. Y peor que la mentira la insensatez: sólo un ignorante puede presentar sin vergüenza alguna puede dar como media o mediana de contactos identificados por un caso de COVID-19, dos (Cataluña) o 4 (media nacional) cuando el CDC europeo identifica 90 contactos por caso, de los cuales una media de 36 serían de alto riesgo. Seguimos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que los demás seguirán creyéndonos siempre. Seguimos sin hacer el trabajo duro, difícil, el que requiere esfuerzo y perseverancia. Preferimos la solución fácil de culpar a la gente por no colocarse la mascarilla, de responsabilizar al migrante por vivir hacinado, de regañar a los jóvenes por reunirse.

Para acabar, hemos caído en el error de convertir un problema endémico y estructural de enorme gravedad en la coyuntura ridícula de la consulta telefónica como gran arma contra el naufragio. El problema es mucho más grave. Si la Atención Primaria espera que la solución a sus problemas va a llegar de algún gobierno, partido político, sociedad profesional o colegio médico puede sentarse a disfrutar tranquilamente del hundimiento.

Como decía Stoane la Atención Primaria se infravalora a sí misma. No es consciente en modo alguno de su poder. Richard Smith proponía “una moratoria en los lamentos y un festival de ideas para reinventar la medicina general”. Bastaría con que dejara de llorar y lamentarse y se pusiera de una vez en pie, para que los que la han humillado y hundido, temblaran.

Imaagen: Amyts

La nueva normalidad (IV): Más de 100 aviones en llamas

“Mi corazón como un avión en llamas,

una explosión,violenta en la ventana”

Reloj de plata. Quique González.

 

El 1 de junio de 2009 un Airbus A330 que había salido del aeropuerto de Galeão en Río de Janeiro y se estrelló cuando sobrevolaba el Atlántico. Murieron 216 pasajeros y 12 tripulantes, en el mayor accidente aéreo de la historia de Air France. En  septiembre del año pasado,2019, la justicia francesa sobreseyó el caso para la empresa constructora de la aeronave ( la francesa Airbus) y la compañía aérea de bandera francesa (Air France). 

Aunque la asociación de familiares de los fallecidos (Entraide et Solidarité AF447) apelaron por considerar el dictamen de la Justicia insultante, y “guiada por intereses económicos superiores a los de la Justicia",la responsabilidad , como suele ser habitual en los accidentes aéreos, recayó exclusivamente en los pilotos de la aeronave, incapaces de responder ( según los jueces) a la ausencia de datos fiables sobre la velocidad del avión, tras la congelación de los sensores de los tubos de pitot.

Pero algo de responsabilidad sí deberon tener, tanto la compañía constructora como la línea aérea, cuando este accidente cambió radicalmente el entrenamiento de los pilotos a partir de entonces. Hasta aquel momento éste tenía por objetivo capacitar a los pilotos a reconocer el momento en que un avión  entra en pérdida, con el fin de perder la menor altura posible; a partir de entonces, el objetivo es el de identificar situaciones anormales (Upset conditions) del avión, del tipo que sea, ante las cuales es preciso maniobrar para recuperar la posición:en definitiva, darse cuenta lo más pronto posible de la situación en que se encuentra para intentar recuperarla, además de aprender a reconocerlas y evitarlas. Así se hace en todas las compañías, en todas las aeronaves. Se llama Upset Recovery Training (UPRT).

Por eso es tan seguro el tráfico aéreo: ante un accidente, se analizan siempre las causas para evitar que vuelva a producirse, y se corrigen los errores. Nadie entendería que tras un accidente de esta dimensión, no se hubieran buscado las cajas negras ( con el coste que supuso al estrellarse en mitad del océano) ni que no se hubiera investigado lo ocurrido.

Murieron 228 personas. En España han muerto a consecuencia de la COVID-19 al menos 28.420 personas, con una de las tasas por millón de habitantes más altas del mundo (608).125 aviones, más de uno por día mientras duró el confinamiento. 28.420 familias que merecen una explicación de por qué ocurrió la ocurrido, imprescindible para que no vuelva a producirse.

Sin embargo en las decisiones políticas, aunque de ellas se deriven muertos, no hay cajas negras, ni comisiones de investigación independientes. Se considera que en este caso no hay nada que aprender más allá de lamentarse profundamente y celebrar funerales de estado. Es el destino. Todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno ( PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, ERC, JuntsX Cat, NC, ASG y Vox, la práctica totalidad del espectro político) tienen cuentas que rendir pero a las que no están dispuestos. Se han propuesto comisiones independientes en Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, hasta en la propia OMS. Aquí no. Basta con la imagen de buena persona de Fernando Simón y con las excusas de las ridículas conferencias de prensa de los presidentes múltiples de esta país para darnos por satisfechos. Como si la población española fuera incapaz de entender lo ocurrido, como si careciéramos de inteligencia suficiente, se siguen tomando decisiones arbitrarias y autoritarias basadas en supuestos criterios epidemiológicos más que discutibles y en la amenaza una vez más de los cuerpos de seguridad por si alguien las cuestiona. 

Sin saber ls causas de lo ocurrido no es extraño que vuelvan a producirse contagios, ingresos y muertes, como ya de hecho está ocurriendo. Pero en este caso no habrá justificación alguna, ni volver al argumento de que nadie esperaba algo semejante.

Sería como si un año después de la caída del avión de Air France , varios aviones de la misma compañía se precipitaran al suelo con miles de personas dentro. Nadie lo podría entender. Urge una comosión de investigación independiente.

La nueva normalidad (III): a problemas complejos soluciones simples ( y lerdas)

“Every complex problem has a solution which is simple, direct, plausible — and wrong.”

H.L.Mencken.

 Hace unos meses, cuando se iniciaba la salida del confinamiento, comentaba aquí la urgente necesidad de planificar adecuadamente en todo el estado español el proceso de identificación precoz de casos y seguimiento de contactos: testar, localizar, aislar , seguir, apoyar e integrar son las funciones esenciales, cuyo buen desempeño comparten los países con mejores resultados en el control y gestión de la pandemia. También señalábamos que España no parecía estar realizando adecuadamente las tareas, y lo que aún es peor, ocultando como de costumbre la información a los ciudadanos. 

En aquel comentario se incluían los ratios de profesionales que los principales países de nuestro entorno habían establecido para esa función, todo menos sencilla. Alemania, por ejemplo, que desde el primer momento llevó a cabo una digna respuesta a la pandemia, establece el ratio de un profesional por cada 4000 personas; de aplicar ese número en España se precisaría haber contratado al menos 11.725 profesionales, más de 38.000 de haberse comportado como Wuhan. Según datos del propio Ministerio de Sanidad de esta semana el personal contratado en todo el territorio asciende a 723, que añadidos a los 844 previamente existentes, suponen 1.567 profesionales para dar respuesta a las necesidades de vigilancia. La mediana de contactos por caso es de 4 según la misma fuente, mientras el ECDC establece que por cada caso identificado existiría una media de 90 contactos de los cuales 36 son de alto riesgo. Una de dos: o en España la gente vive aislada, en vastas superficies de terreno, sin posibilidad de contacto más allá de la familia( es decir, como en la estepa siberiana o en Laponia), o la estrategia de identificación de contagios española es simplemente una chapuza. La trayectoria tradicional de nuestro país, nuestra tendencia a decir que se hace lo que nunca se lleva a cabo, inclina a pensar que la segunda opción es la más probable.

El seguimiento de un caso implica  la necesidad de identificarlo  mediante PCR en cuanto aparecen los síntomas, buscar a conciencia todos los contactos desde al menos 48 horas antes de que comenzaran aquellos, aislarles en sus casas o buscar y acondicionar lugares donde puedan seguir el confinamiento durante 14 días, apoyarles económica y socialmente, al menos en ese tiempo ( es decir dándoles cobijo, alimento, hidratación y cuidado) y realizarles la PCR en el momento de comenzar con síntomas. En una muestra completa de incompetencia en un número no despreciable de brotes en este país se ha realizado masivamente a los contactos la determinación de PCR, lo que no sólo puede generar un alto número de falsos negativos al estar aún en el periodo de incubación en caso de exposición, sino que representan un despilfarro inusitado de recursos públicos ( mientras paralelamente se restringe la contratación de refuerzos profesionales). 

Por desgracia, la realidad es que el seguimiento del caso no pasa ( en la mayor parte de las ocasiones) de la llamada al domicilio y la instrucción de no salir de casa a los que allí vivan. La realidad es que ante los miles de trabajadores temporales que trabajan recogiendo frutas ( en una gran mayoría migrantes), no vamos a malgastar nuestro dinero en dotarles de cobijo, aseo, o alimentación digna de un ser humano, sino que preferimos confinarles a los cortijos en ruina, los corrales, los parques o los barrancos: ojos que no ven corazón que no siente.

La respuesta política española al problema en la mayor parte de las comunidades autónomas en la fase post-confinamiento, es la más sencilla: identificar infractores. Con la rapidez y voracidad de los incendios forestales en verano, se extiende por todas las comunidades autónomas la nueva orden del tridente COVID ( políticos-expertos-policías): la obligación de llevar la mascarilla, aun cuando se mantenga la distancia de seguridad, bajo pena de multa: aunque uno pasee por calles desiertas, aunque trabaje en salas vacías, aunque no pueda contagiar ni al perro que no tiene. 

Paul Glasziou alertaba de la necesidad de realizar investigación rigurosa sobre las intervenciones no farmacológicas ante la COVID-19, de efectos enormes sobre la vida de las personas: no hay investigación suficientemente fiable hasta el momento sobre muchos aspectos relacionados con el uso de mascarillas: sobre su efectividad real( que no eficacia), puesto que los estudios disponibles son en su inmensa mayoría son experimentos en laboratorio y no en condiciones reales de uso; sobre sus efectos adversos ( incluso en relación con al replicación viral); sobre su comparación con otros medios como pantallas; sobre la dosis adecuada y la forma de administración ( qué modalidad de mascarillas, con qué forma colocación); o sobre la necesidad de complementarla con otras medidas como la higiene de manos y el distanciamiento social. 

Pero la mascarilla tiene la ventaja que el represor de turno, sea policía o dron, puede fácilmente identificar al culpable, al insolidario, al rufián. Inmovilizarlo, multarlo y regañarlo.

Mascarillas hoy, nuevo confinamiento mañana. Ante la impotencia de la propia incompetencia, la solución más fácil. Las  medidas verdaderamente útiles requieren reflexión, trabajo, perseverancia y recursos. Demasiado complejo. Las soluciones rápidas y sencillas consiguen además el doble objetivo: desviar la atención del verdadero problema ( el hacinamiento de personas tratadas como animales) y el refuerzo en la dosis de miedo que nos vienen administrando desde hace 6 meses. Nadie protesta. Cuando nos demos cuenta será demasiado tarde.

La nueva normalidad (II): la reconstrucción era esto

“Si no sabemos hacia donde vamos, acabaremos en cualquier otro lugar”

Yogi Berra

 

Contratos programa o contratos de gestión entre las autoridades sanitarias y los centros públicos de su red, como “poderosa herramienta de gobernanza responsable”; eso sí,  de carácter plurianual, trasparentes y que posibiliten la comparación. Hospitales basados en Unidades de Gestión Clínica, con Contratos de Gestión vinculado a los Acuerdos de Gestión Clínica, que permitan valorar, posteriormente, la posibilidad de reestructurarlos internamente en Áreas o Unidades de Gestión Clínica. Desarrollo de forma continuada de la reingeniería de procesos. Atención también a la pandemia silente de la cronicidad en Atención Primaria (AP). Revisar el Estatuto-Marco y seguir desarrollando la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias. Diseñar indicadores de satisfacción como el porcentaje de pacientes que creen que han tenido el tiempo real de atención en consulta que precisaban según sus necesidades.

¿Innovador eh? Probablemente no hayan escuchado nunca términos tan revolucionarios en al análisis de nuestro sistema sanitario. Es lógico. Forman parte de las conclusiones del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Un  grupo de vanguardia, capaz de mirar a cincuenta años vista con las gafas de hace cincuenta años, que llevan sin ajustar la graduación desde entonces. Diseños de futuro sin los que vivirán ese futuro.

Cualquier Comisión que se precie debe introducir nuevos vocablos, palabros que se conviertan en tendencia para emplear en comparecencias, congresos y conferencias de prensa de plasma. Aquí las hay brillantes. Por ejemplo la nueva denominación de la Atención Primaria, algo ya marchita y manoseada que pasa a llamarse Atención Primaria y de Salud, como figuraba en las tarjetas de las señoronas de la vieja aristocracia ( Cayetana Bermúdez y de  García-Manrique). La palabra clave para buscar en Pubmed pasa a ser “la autoorganización y cogobernanza de los Centros de Salud” ( sea eso lo que sea, porque en el texto no se explica). Y la nota entre poética y cursi sobre la importancia teórica de la AP viene de la mano del nuevo aforismo: “su capilaridad llega a todos los rincones de España, porque su componente comunitario les permite activar la intervención en domicilios, empresas, colegios y residencias”. Que alguien me explique como el componente comunitario de la capilaridad, es capaz de activar (¿abrir?, ¿iniciar?,¿animar?, ¿estimular?, ¿dopar?) la intervención en empresas. Magistral.

A los viejos mantras nunca ciertos, se les pasa la bayeta para quitarles el polvo impregnada en el “Fairy” de las tecnologías, quedando un aguachirle aún más pastoso: “entre las promesas de la transformación digital de la sanidad se encuentra el poder ofrecer una asistencia verdaderamente centrada en el paciente y basada en el valor aportado, fomentando la transición del modelo desde la curación a la prevención, desde la reactividad a la proactividad”.

La “caspa” de la que tanto abominaba uno de los partidos que apoya las conclusiones impregna el texto desde su membrete de Congreso de los Diputados, con su caligrafía de Caracol, propia de enlaces matrimoniales. El documento quedó además mal estructurado, y con errores de redacción impropios de un informe de esta relevancia pero que a tan aficionado es el gobierno actual ( ver el estudio de seroprevalencia): “Desarrollaren todas las Comunidades Autónoma;” “Reconocimiento de los profesionales de la salud pública y el SNS”.

El papel todo lo aguanta. Difícil no estar de acuerdo con el reconocimiento de los recortes brutales en el sistema sanitario público de la última década, con la necesidad de aumentar el financiamiento tanto urgente como a largo plazo, con la defensa de un sistema sanitario público, con “el papel renovado y potenciado de la Atención Primaria”. En este sentido no deja de sorprender que en cambio no haya un epígrafe específico al papel que deben desempeñar los hospitales, tan necesitados de reordenación y cambio como la AP, puesto que la respuesta ante los desafíos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios no podrán ser respondidos desde un solo nivel.

Desafíos que son de tal envergadura que es obligado un ejercicio de adecuación completa de lo que puede y debe ofrecer un sistema sanitario. En este documento cabe todo pero no se quita nada: permanecen los cantos de sirena de lo que llaman sin vergüenza “nuevos paradigmas de la medicina y la asistencia sanitaria (la llamada medicina personalizada y de precisión), incompatible con una adecuada atención a la pandemia en tiempos de recursos limitados y crisis económicas nunca vista (basada hasta la fecha en un fundamento científico aún por demostrar). Sin duda los padecimientos llamados crónicos en personas ( más que ese artificio llamado cronicidad) seguirá siendo una necesidad. Pero si queremos preservar lo importante debería plantearse de una vez la necesidad de parar de una vez la escalada de sobrediagnóstico, sobre tratamiento y medicalización tan del gusto de todos y cada uno de los políticos sanitarios, como bien explica el grupo de Medicina Reflexiva. A no ser claro está, que lo que el documento pretenda es no molestar a la industria farmacéutica y sus objetivos implícitos de mejorar sus dividendos a costa del innecesario dopaje de la población.

Más cantos de sirena a la profesionalización de la gestión ( que ningún partido ha sido capaz de implantar en 40 años), o a la autonomía de los profesionales no se lo cree ya nadie. Mientras expertos y diputados salen de sus comparecencias satisfechos, los servicios sanitarios españoles se desmoronan, aumentando cada día la indignación de unos profesionales que sólo recibieron aplausos desde la comodidad de los balcones: donde el único refuerzo que recibe la AP es la de los futuros residentes (R0) aprovechando la insólita situación, impropia de ningún país decente, de que cuando más necesaria era la incorporación de  nuevos residentes más tarde se produce por la incompetencia manifiesta de políticos y jueces. La indignación está a punto de desbordar el vaso, como se puede leer en comentarios de personas tan brillantes y razonables como Juan Simó ( Nos mean,nos mean y nos vuelven a mear).

“Con los datos que tenemos hoy, es evidente que llegamos tarde. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no -llegamos tarde-, llegamos cuando teníamos que llegar”. Son palabras asombrosas del presidente del Gobierno. Visto lo visto, con el próximo brote diremos lo mismo.