Acudo a mi centro de salud para realizar una extracción indicada por mi médico de familia. Aunque tengo cita previa es imposible que me atiendan porque solo un par de abnegadas enfermeras tienen que sacar adelante todo el volumen de extracciones. ¿La razón? Ese mismo día se resolvía el concurso de traslados y la mitad del personal de enfermería del centro iba a la calle, en su mayor parte enfermeras jóvenes, bien formadas, muchas de ellos especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. Su lugar lo ocuparán las enfermeras de traslado, propietarias de plaza , en su mayoría procedentes del hospital, de edad avanzada y con escaso conocimiento de lo que es, e implica, la Atención Primaria a la que se trasladan buscando un trabajo “más cómodo”.
En los países OCDE solamente en España y Portugal médicos y
enfermeras son funcionarios (estatutarios) del estado. Una situación inaudita
que causa asombro cuando se sale fuera. Y que contradice lo que es en su esencia, una profesión.
El proceso de acceso a nuestro sistema depende del capricho del gobierno de la comunidad autónoma de turno, que convoca las plazas, fundamentalmente en función de sus intereses electorales. Habitualmente entre la convocatoria y el examen pasan años, y entre éste y la toma de posesión final, otros más. Durante ese tiempo, la vida de los candidatos pende de un hilo, del capricho del gobernante de turno.La prueba, como ya es sabido, consiste en un examen memorístico de conocimientos en forma de test, sin tener en cuenta en modo alguno las características específicas de la plaza que acabará ocupando. Esa prueba no valora en nada ni habilidades, ni mucho menos actitudes, ni conocimiento experto y específico para el lugar en cuestión: un profesional puede ser un experto mundial y llevar años de contratos eventuales en una unidad de rodilla que en el mejor de los casos, si saca la oposición, acabará en un hospital comarcal sin tener en cuenta su experiencia. Dicen sus defensores que este sistema garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero en realidad la igualdad consiste en penalizar siempre a jóvenes frente a ancianos, al primar por encima de todo la antigüedad, medida defendida a capa y espada por los sindicatos de todo tipo. De forma que médicas y enfermeras altamente cualificadas quedan fuera, y personal cercano a su jubilación acapara las mejores plazas.
También a diferencia de cualquier país de OCDE nuestro país
permite que un profesional que alcanza el paraíso profesional llamado “mi plaza”
pueda recorrer el resto de su carrera profesional sin acreditar su
actualización periódica, de forma que es perfectamente posible jubilarse sin
haber leído un papel si se alcanzó la categoría de “propietario”. Conviene que lo
sepan nuestros colegas de otros países para que cuando escuchen decir que
nuestra Atención Primaria es una de las mejores del mundo sepan de que estamos hablando: aquí la recertificación, la carrera reversible en función de méritos siempre ha tenido la oposición frontal de sindicatos, colegios y demás entes amantes del statu quo a toda costa.
Las ventajas para los políticos de cualquier signo son innegables: maneja algo tan sensible como la provisión de plazas según sus prioridades políticas y electorales, permite mantener hasta el momento de la Oferta Pública de Empleo (OPE) una precariedad extrema de sus aparceros (que pasan de esclavos a libertos cuando aprueban la oposición), y deciden cuantas y cuáles serán las plazas que ofrecen y también las que esconden.
Las ventajas para los profesionales son también claras: aguantarán durante sus años de esclavitud las exigencias y represalias en función de su grado de sumisión al amo, pero el precio merece la pena: adquirir la ansiada “propiedad” cuando el faraón le otorgue la condición de liberto. De hecho lo llamamos así “plaza en propiedad” de la misma manera en que nos referimos a la casa o piso que compramos y que nos convierte en “propietarios” en lugar de “inquilinos”. Cuesta llegar , pero una vez adquirida la condición de liberto, tu derecho sobre esa propiedad es irreversible. En caso de asesinar a alguien muy probablemente acabarás en la cárcel por una larga temporada, pero al cumplir la pena nada impedirá volver a “casa”. Baste recordar el caso Malaya y a la imputada García Marcos, quien se reincorporó a su plaza de inspectora al salir del trullo.
El sistema del estatutario español, sus sistemas de acceso, rendición de cuentas y certificación han permanecido inalterables a través de (ya) los siglos. Es ridículo pensar que cambie, puesto que nadie lo quiere. En estos tiempos convulsos, nadie, ya sea de derecha o izquierda, de sindicatos corporativos o de clase, de sociedades científicas de un tipo u otro, cuestiona en modo alguno este modelo. El objetivo de cualquier residente es, como fue el de su padre, y también de su abuelo, alcanzar El Dorado de la plaza en propiedad. Se habla mucho de innovación, de rediseño del sistema, de inteligencia artificial y hasta de vida en otros planetas, para acceder a los cuales, llegado el día, España seguirá aplicando su imbatible sistema funcionarial.
Una vez llegado a este punto y comprobada su carácter inevitable, deberíamos avanzar en el siguiente paso: la heredabilidad de la plaza en propiedad. Al fin y al cabo la propiedad de las oficinas de farmacia es heredable desde hace más de un siglo y nadie se escandaliza.
De esa forma, mis pobres hijas, enfrentadas a un futuro de inevitable precariedad y miseria, podrán heredar mi plaza al morir, al igual que mi colección de discos. De éstos no tengo la más mínima seguridad de que se conserven, pero de la plaza en propiedad no tengo duda alguna.
La verdad es que "la plaza en propiedad" no parece que debería ser incompatible con la eficacia y la responsabilidad profesional , sino también puede ser al contrario, de hecho otras actividades profesionales de gran responsabilidad social como policías, jueces, bomberos, también lo son, Seria impensable policías y jueces que su trabajo dependiera de sus contratantes, ya sean estos empresarios o los políticos de turno en el poder.
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