Un país indecente

 Aunque la oficina abre a las 9 y solo permiten la entrada con cita previa, desde las 8 de la mañana hay gente haciendo cola. El policía que custodia férreamente la entrada despeja sin miramientos a los demandantes; pero aunque no deja pasar a nadie sin el salvoconducto correspondiente, raciona su condescendencia en función del perfil del extranjero: con algunos hay hasta cierta amabilidad que desaparece radicalmente si el individuo es de otro color, no entiende, persevera o muestra desesperación. La mayor parte de ellos solicitan angustiados una cita para imprimir simplemente sus huellas, proceso que si ya de por si presentaba una demora inaceptable, sin el confinamiento, con éste se ha convertido en una quimera. Han pasado ya varios meses del levantamiento de la cuarentena pero sigue sin ser posible acceder a una cita. Un día el policía de la puerta de Extranjería les dio el soplo de que lo intentaran a las 2 o las 3 de la madrugada; no saben si se agotó en seguida o simplemente fue un artilugio del agente para quitárselos de encima. Otro día el consejo fue el de hacerlo a las 9 de la mañana de cada viernes. Algunos afortunados consiguieron así su cita pero otros veteranos miembros de la cola cuentan que llevan semanas intentándolo cada viernes sin éxito: a muchos les escupe el sistema ( en el doble sentido de la palabra); otros , más ilustrados, cuentan que es más fácil conseguir una entrada de Coldplay o de los Stones que pillar alguna de las citas que el gobierno otorga como migajas.

La cita previa era a las 10 pero son las 10.50 y sigue en la cola; cuando por fin pasa tras el chequeo preceptivo del agente observa con sorpresa que le dan un nuevo número para otra cita, convirtiendo el supuesto sistema de cita previa en una mofa. Los afortunados que entraron en la oficina llevan una hora y media de retraso de media; algunas personas mayores solicitan ir al baño pero no hay baño abierto para los extranjeros. Cabe suponer que los funcionarios de extranjería dispondrán de baño propio por lo que sólo caben dos interpretaciones, habida cuenta de que algún servicio de limpieza ha de limpiar la oficina: o bien las autoridades consideran que los extranjeros no necesitan orinar, o bien es que creen que la covid-19 se transmite mucho más entre esta chusma. Una señora mayor, de origen asiático, insiste en que ella sacó una cita para toma de huellas; la funcionaria de turno, inflexible en el ejercicio de su deber, corrobora con satisfacción que se ha equivocado, que lo que sacó fue una cita de asignación de NIE y no de huellas, y que debe pedir otra cita para otro día; las protestas de la señora duran lo que tarda el policía en echarle a la calle. El presunto cargo de conciencia de la funcionaria le empuja a decir a los extranjeros que esperan en la oficina que no es culpa suya, que hay que pedir bien las citas porque si no aquello sería un caos.

Cuando por fin alcanza a llegar a la mesa, la extranjera ruega al funcionario de turno que le permita tomar también las huellas de su hija, que espera fuera con su padre ante la cerrazón del policía a facilitar el paso a la niña. El funcionario, que ha estado más de 45 minutos ausente ( los extranjeros son extranjeros pero no tontos y observan las salidas y entradas), le dice que no se pueden hacer excepciones. La extranjera insiste ante la imposibilidad de conseguir una cita, pero el hombre estricto la tranquiliza con una humanidad inusitada: no tiene por qué preocuparse porque en septiembre vuelven muchos de sus compañeros de vacaciones y habrá más citas.

Al salir de la oficina, dos horas y media más tarde de la hora prevista, la extranjera se acerca al bar de enfrente a tomar un café: junto a él un negocio publicita en un cartel en la vía pública sus servicios ( ver foto): además de fotocopias,fotos y recargos, se ofrecen sin complejos citas de extranjería y toma de huellas.Por curiosidad entra y pregunta como es el servicio de cita: sencillo, se pagan 100 euros y se consigue inmediatamente la cita Apenas a cincuenta metros de donde el policía estricto despeja la entrada de molestos migrantes.

El país en que este curioso incidente ocurre no es uno de los que España cataloga despecctivamente como "países bananeros". Es la propia España y la ciudad en que ocurre Granada. Cuando un negocio se atreve a ofrecer entre su cartera de servicios, citas de una administración pública por un precio abusivo son evidentes dos cosas: una que el dueño del negocio en cuestión se sabe impune: no se atreve a ofertar venta de cocaína, pero sí de citas de extranjería. La otra consecuencia evidente es que la garantía de obtener cita en cualquier momento, todos los días del años,sólo puede ser posible con la connivencia de algunos de los responsables o funcionarios que participan en la gestión de esa cita, y que permiten que el respetable negocio logre lo que para un extranjero es casi imposible.

El problema de las citas para extranjeros, migrantes y refugiados ha sido denunciado ante el defensor del pueblo y recogido por diversos medios de comunicación. A los responsables de los ministerios de Interior y Administraciones Públicas les trae al pairo. España puede seguir presumiendo de que es un país amigo de los migrantes, que trata con amor a sus refugiados, donde todos (y todas) son bienvenidos. Pero sepan ustedes, si leen esto desde cualquier otro lugar que es pura farsa. No es mejor ni peor que otros; es simplemente un país indecente.

La nueva normalidad (XI): ¿Está el Coronavirus?... ¡Que se ponga¡

“Es el enemigo?¿Ustedes van avanzar mañana?... ¿ A qué hora?....No podría avanzar por la tarde? ...Despues del fútbol... ¿Van a venir muchos?...Bueno nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga que solo tenemos esos”.

Miguel Gila.

Agotadas los argumentos de la primera temporada (“España, el mejor sistema sanitario del mundo”), la prestigiosa productora SI-PRO (Sánchez & Iglesias, Progresistas?a todo ritmo) anuncia la segunda (“ La Ofensiva Total”) para el próximo otoño: pierden protagonismo algunos de los artistas de la primera (la señora Montero) pero mantienen su pujanza caracteres clave como Simón (cuya oscurecimiento a lo Darth Vader merece comentario aparte).

Como anticipo de las excitantes aventuras que nos esperan, el Comandante en Jefe recién incorporado de sus vacaciones y provisto de un buen número de datos, mueve ficha y descoloca a las comunidades autónomas al poner a su disposición el cuerpo de rastreadores del Ejército español, del que no se tenía noticia hasta la fecha. La maniobra es tácticamente impecable: el ciudadano español lleva metido en su RNA mensajero la sumisión a la autoridad y el respeto por el uniforme (ya sea azul,caqui o verde), sobre todo si se adorna con músculos moldeados en gimnasio y tatuajes vistosos. A la propuesta de rastreadores se han apuntado con celeridad diversas comunidades autónomas, que paradójicamente parecían tener perfectamente controlado el proceso de identificación y aislamiento. El Comandante en Jefe siguiendo su costumbre, obvió las menudencias y detalles menores que quedan para el entretenimiento de “los desafectos”. Así desconocemos completamente quienes son esos rastreadores de élite, que perfil profesional tienen ( si tienen alguna cercanía con el mundo sanitario o trabajan en el mantenimiento de angares y tanquetas), que tipo de formación han recibido y durante cuánto tiempo, si tienen capacidades en interpretar los resultados de la PCR ( sean positivos o negativos) o la serología al SARS CoV-2, si están al tanto de los tipos de mascarilla, su fiabilidad y sus efectos adversos, si disponen de información de los beneficios sociales en el caso de estar obligado a mantenerse confinado, si están dotados de habilidad de comunicación que les permitan con sutileza y tacto averiguar la red de contactos visibles y ocultos, legales e ilegales de sus entrevistados, si están al tanto de las herramientas tecnológicas e informáticas para el seguimiento de la infección o si comprenden las dimensiones éticas de su trabajo. Porque como ciudadanos algunos esperamos que sus competencias vayan más allá de la captura, detención y privación de libertad de sus “objetivos”. Queda una menudencia con la que no tiene sentido molestar al Comandante en Jefe: cómo se va a coordinar la información de los pacientes, si los militares van a tener acceso a su historia clínica, y como se va a a mantener en todo momento la confidencialidad de la información, evitando su uso para otros fines.

Publiqué en este blog un comentario sobre cómo recomendaban hacer el proceso clave de identificación de casos y seguimiento de contactos el 14 de mayo en el inicio del desecalamiento. Simplemente resumía lo que venían recomendando agencias internacionales (el ECDC) y los países que más precozmente habían ordenado el proceso. La militarización del proceso, inaudita en Europa, demuestra la incompetencia de las autoridades políticas de este país. No se ha hecho apenas nada, no se ha contratado apenas a nadie, no se ha formado y capacitado a los que debían realizar el proceso, se ha ocultado la información y aún nos extrañamos de las cifras de casos que tenemos, la más alta de Europa con diferencia.

Otro de los mandos del Comandante en Jefe, la señora ministra de Educación, implanta la mascarilla obligatoria en los colegios a partir de los 6 años en el aula, con el aplauso generalizado de todos los gobiernos autonómicos (excepto Euskadi que se abstiene por imperativo legal).Una vez más, se establece la medida más dura de toda Europa, que a diferencia de España limita en su mayor parte la mascarilla en el ámbito educativo a los espacios comunes y a partir de los 12 años. Cuando una criatura de 6 o 7 años se queje de que le pica la cara, cuando se la quite porque tiene la carita empapada de sudor, ¿pondrá el maestro la incidencia en conocimiento del ejército para la inmediata anulación del infractor? ¿Será detenido el profesor por su incompetencia en el control de los reos? Existen muchas dudas respecto al deterioro del proceso de aprendizaje con una mascarilla de por medio, pero ya se sabe que el aprendizaje se sacrifica siempre en las guerras.

Los ejércitos modernos ampliaron sus funciones del simple ejercicio de la defensa y el ataque hasta la derrota total del enemigo a otras más “humanitarias” de apoyo y salvaguarda de la población en situación de catástrofe: terremotos brutales, derrumbamientos descomunales, inundaciones masivas… El creciente papel del ejército en la gestión de la pandemia en España viene a dar a entender que la situación actual en España es de catástrofe, demostrando que el lema de la primera temporada (El mejor sistema sanitario del mundo) era simple y llanamente cartón piedra. Si al final hay que recurrir al ejército para abordar un problema sanitario cabe preguntarse por qué no se destinan al sistema sanitario los recursos invertidos en el ejército. El rastreo por el ejército de la COVID-19 no es una buena noticia: es la demostración de una incompetencia absoluta del estado para enfrentarse a la pandemia cuando más falta hace

La nueva normalidad (X): la residencia como prisión de alta seguidad

 

“Cada muerte de aquellos a los que amas es la muerte también de tantos recuerdos compartidos y conocimiento de una ahora irrecuperable parte de tu propia vida; que cada muerte es otro paso irrevocable hacia tu propia muerte”.

Wanting. Richard Flanagan. 2008

 Vivía en una residencia, de las mejores de la ciudad desde hacía varios meses ante la imposibilidad de su marido de poder seguir cuidándola. Aunque tenía un estado de salud excelente (no tomaba ningún fármaco a sus 80 años), su demencia había ido progresando hasta hacer imposible darle el cuidado que merecía. Cada día pasaba buena parte de las horas con ella, a veces le reconocía, a veces no, pero en cualquier caso estaban juntos. Cuatro días después de la declaración del estado de alarma le prohibieron acceder a la residencia. Intentó argumentar de todas las formas posibles que quería verla, que necesitaba hacerlo, que además era sanitario y se comprometía a confinarse con ella, a atender no sólo a su pareja sino a cuantas personas pudiera ser de utilidad. El protocolo lo prohibía, le dijeron. No pudo volver a verla. Ella murió veinte días después, veinte días de persecución de la supervisora de turno para que le dijera algo, sentado en la butaca esperando alguna novedad. La novedad vino en forma de notificación de que se iba a proceder a su sedación. Según la escueta información que iban suministrándole se había ido poniendo peor hasta no encontrar otra solución que acabar definitivamente: nunca le hicieron PCR, no le hicieron nunca una radiografía de tórax, primero porque era muy evidente desde la puerta de la habitación que tenía una neumonía bilateral, y además porque el protocolo no permitía la derivación al hospital de este tipo de pacientes. Tardó cinco días en morir. Murió sola. Y él esperó su muerte solo. Dos días después le permitieron contemplar el féretro, cerrado, un féretro como otros tantos: “¿Y como se que es ella?”-preguntó. “Hombre Mauricio, cómo no te vas a fiar de nosotros”. Tres días más tarde le entregaron los restos de la cremación en una caja.

A los presidentes de comunidad autónoma, consejeros y consejeras de salud y asuntos sociales y responsables de residencias no les va a temblar la mano. No están dispuestos a volver a sufrir la vergüenza de las cifras escalofriantes de los meses de marzo y abril donde probablemente más de 30.000 personas murieron en residencias en condiciones inhumanas, como se desprende del informe de Médicos Sin Fronteras sobre la atención en este tipo de establecimientos. Para evitar volver a una situación semejante recurren a la estrategia más fácil, sencilla y rastrera: culpa y penalizar a la víctima.

De esta forma todas y cada una de las comunidades autónomas han ido restringiendo derechos fundamentales a estas personas sin que apenas nadie ponga reparos: prohibición o en el mejor de los casos limitación del número de visitas, siempre con tiempo limitado, siempre por parte de la misma persona. Como si el cariño, la palabra o la broma de un hijo, una nieta, un amigo pudiera delegarse en un portavoz. Restricciones de visitas para “proteger” a los ancianos: ¿a a ellos o al responsable político de turno?

Hasta la fecha ninguna de las personas que residen en estos lugares ha sido condenada en firme por ningún tribunal de justicia; se desconoce el presunto delito que cometieron, el contenido de las sentencias, los factores agravantes de la conducta que les impiden acogerse a los mínimos beneficios penitenciarios. No vis a vis. No tercer grado.Basta que un presidente, consejero, epidemiólogo se sienta incómodo con las cifras existentes para que se cierre a piedra y lodo. Condenas sin juicio que la sociedad acepta impasible, cómplice de una forma indigna de acompañar a sus conciudadanos en sus últimos momentos.

Sólo hay un criterio a en el cuadro de mandos de la gestión de la pandemia: número de casos, de PCRs, de ingresados, de muertos. No se contempla ningún otro elemento para tomar decisiones. En previsión del incremento de los casos se suspenden consultas y cirugías electivas en los hospitales: sólo importan las muertes por COVID-19, las otras pasan desapercibidas, no son materia de interés para la prensa, la oposición o los expertos de turno. Si hay un caso positivo en una colonia de verano, un colegio, una residencia se cierra y asunto arreglado. Sin tener en cuenta el efecto en el desarrollo global de las personas, en sus expectativas vitales, en sus relaciones, en su felicidad en suma. Todo ello ha quedado relegado al año 2022 en que (según Bill Gates) habrá pasado la pandemia. Hasta entonces quedan suspendidas las conversaciones cara a cara, las caricias, los abrazos, los aniversarios o las despedidas.

Probablemente la experiencia vital más impactante de mi vida fue la muerte de mi padre a los 94 años. No era un mueble, un bulto, una rémora; por el contrario, nada menos que una persona que poco a poco se apaga. Poder acompañarle a él y a mi madre en sus últimos días dio sentido a buena parte de lo que soy, y dejó para siempre la vivencia en todos nosotros de que habíamos hecho lo que había que hacer en ese momento, dándole la importancia que merece el final de una vida. No quiero imaginar lo que hubiera significado no poder hacerlo, lo que ha podido significar para muchas ( no todas) de las 30.000 familias el no poder hacerlo. En todos los pueblos originarios, la muerte es uno de los momentos claves del ciclo vital. Su descuido o deterioro no afecta sólo a la persona que muere sino al grupo entero. Una sociedad que no permite realizar el proceso de acompañamiento en la agonía y la muerte deja de ser humana. Si no lo revertimos, el grado de embrutecimiento al que nos está llevando la gestión de la pandemia pondrá en cuestión buena parte de nuestro supuestos avances como especie, cada vez más en tela de juicio.

La nueva normalidad(IX): modelo wallapop de administración pública

Viernes 8.50 de la mañana. Tres adultos preparados frente a sus respectivos ordenadores para el momento culminante del día. No, no pretenden conseguir entradas para la última gira de los Stones o el regreso del Boss; acaban de recibir un chivatazo de la propia administración española tras meses buscando una cita para la tomade huellas dactilares para la emisión del Número de Identificación del Extranjero (NIE).Semana tras semana lo han intentado de mil y una maneras: rogando a los impasibles policías de la puerta de entrada a la comisaría, siguiendo los consejos de los compañeros de fila que aseguran que se puede conseguir a las 3 de la mañana, solicitándolo por correo a todas las direcciones disponibles.  Lo intentan una y otra vez  recibiendo la misma respuesta que conocen bien desde hace casi un año: “ En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”. De repente consiguen entrar, como si hubieran sabido pronunciar por fin Sésamo ábrete. Aparecen por fin las ansiadas citas: son pocas, pero intentan reservarlas lo más cercanas posibles al ser familia. En menos de un minuto han desaparecido de la pantalla que vuelve a emitir su sarcástico mensaje: “En este momento no hay citas disponibles….”Se volvió a cerrar la cueva , se acabaron las citas con la misma velocidad que los conciertos de Springsteen en su buena época. El balance es patético: han conseguido la cita para renovar el NIE del menor pero no de los padres de la criatura por lo que en buena lógica podría estar regularizado éste sin que lo estén sus progenitores.

Desde hace meses ocurre esto. Dos medios de comunicación (Antena 3 y el diario) llevan informando de que las ansiadas citas pueden obtenerse por Wallapop, inaugurando una innovadora práctica de la Administración española, de este extraordinario gobierno tan moderno que padece España. Por solo 100 euritos un migrante puede pillar su cita, 500 si recurre a una gestoría. Es la forma moderna de fomentar la iniciativa empresarial, a los nuevos emprendedores: la absoluta ineficacia de la administración pública. ¿Qué senegalés que vende bolsos en la manta, que ecuatoriana que friega suelos, que rumano que recoge fruta no va a poder permitirse ese pequeño gasto?

Si la situación ya era grave antes del confinamiento, alcanza situaciones grotescas tras éste. Se desconoce que hicieron y hacen los funcionarios: probablemente estén todos disfrutando de sus merecidas vacaciones de un teletrabajo invisible sin efecto alguno sobre sus “clientes”. Por supuesto tampoco se reforzó ni contrató personal para actualizar los trámites, actividad que el gabinete de gobierno español , tan progresista él, debe considerar “no esencial”. Al fin y al cabo , como comenta con la superioridad que le da el uniforme un policía portero a un hombre de la cola, "no tienes por qué preocuparte; estás en España y todo el mundo sabe que ha sido por el Covid; nadie te va a detener”.

Pero el pobre hombre bien sabe que sin la actualización no le mantienen la cuenta corriente en el banco, viajar a otro país europeo o cerrar un acuerdo de trabajo.

España, gran país de acogida. Nosotros que siempre hemos presumido de lo simpáticos y acogedores que somos como pueblo. Nada que ver con esos pueblos del norte de Europa , oscos y huraños, que se pasan el día pidiendo papeles en las aduanas. Un país de cara amable que esconde un maltrato creciente al extraño: ignorando la necesidad que tiene cualquier trabajador de poder descansar en un sitio digno tras 14 horas de jornada, desentendiéndose de la atención de las personas que llegan en pateras, convirtiendo la emisión en el documento que acredita para residir legalmente en el país en un objeto de trapicheo y corrupción.

Los ministros responsables, Sr. Grande Marlaska y Sra. Carolina Darias están para cosas más importantes. O quizá en algún paraíso perdido. La corrupción en España no es privativa de su cúpula, afecta a su esqueleto Hay veces que resulta difícil aceptar que un país así es tu país.

La nueva normalidad (VIII): ¿A quien hay que multar?

 

“El nuevo estado epidemiológico subordina las vidas a la epopeya de vencer al virus. Así se revalorizan los controles, las sanciones y las coerciones sobre las personas”

Juan Irigoyen

La evidencia respecto a la infección por COVID-19 es escasa aún, pero la poca que existe es sistemáticamente ignorada por el nuevo Estado epidemiológico cuyo autoritarismo crece al mismo ritmo que sus ocurrencias, que se propagan a similar velocidad que los incendios veraniegos. Basta que “el cuerpo epidemiológico decisor” de una comunidad autónoma susurre en el oído del presidente de la comunidad de turno una nueva medida para que prenda la idea como la yesca y sus compañeros se apresuren a implantarla también: primero fue la obligatoriedad de las mascarillas,después los test masivos a barrios y ahora la estigmatización del fumador en todo momento y lugar.

Respecto a la mascarilla conviene leer la revisión sobre las políticas sobre su uso que realizó recientemente el Centre for Evidence Based Medicine (CEBM) de la Universidad de Oxford (la “casa madre” de la evidencia científica desde que aterrizó por allí su fundador, David Sackett, a mediados de los 90): “los crecientemente polarizados y politizados puntos de vista sobre el uso en público de las mascarillas durante la actual pandemia COVID-19 esconde una amarga verdad sobre el estado de la investigación actual y el valor que damos  a las pruebas clínicas para basar nuestras decisiones”. La evidencia disponible hasta la fecha se limita a seis ensayos clínicos aleatorizados durante la pandemia H1N1, cuatro en profesionales sanitarios y 2 en clusters de familias o estudiantes. Aunque la principal conclusión era ya entonces la necesidad de más estudios, hubo que esperar a la COVID-19 para volver a saber algo al respecto: en la revisión sistemática con metanálisis de Tom Jefferson et al (del CEBM), los 14 estudios incluidos eran de baja calidad ( ninguno realizado durante una pandemia), encontrando que no había reducción en la transmisión de enfermedades similares a la gripe ( Influenza like illness) en población general ( no así en trabajadores sanitarios), y concluyendo que no había suficiente evidencia para dar una recomendación respecto al uso de barreras faciales sin otras medidas. El Instituto Nacional de Salud Pública noruego llega a estimar que para un porcentaje de asintomáticos de 20% y una reducción de riesgo del 40% por usar la mascarilla, se evitaría  una infección por cada 200.000 personas. Las conclusiones del comentario de Jefferson y Henegan están bastante alejadas de la alegría con la que se impone la medida en España:”el pequeño número de ensayos y el retraso del ciclo pandémico hace poco probable disponer de respuestas claras y guías para los decisores.El abandono del modus operandi científico y la falta de perspectiva hace este terreno abonado a todo tipo de opiniones, visiones radicales e influencias políticas”. Por eso la propia OMS no recomendó inicialmente el uso obligatorio de mascarillas, ni lo hacen un número relevante de países europeos. Sin embargo,España ha ido imponiendo (por transmisión ligada al miedo) obligaciones desproporcionadas (como la obligatoriedad de ponerse mascarilla en una calle vacía) bajo pena de multa y escarnio, sin especificar ni controlar nada sin embargo sobre el tipo de mascarilla o su tiempo de uso. En definitiva lo único que importa es identificar fácilmente al culpable (el malhechor descubierto) para aplicarle la multa, cuya cuantía llega a graduarse en su severidad con el número de posibles personas en riesgo en algunas comunidades autónomas, como si eso fuera posible.

Poco más tarde llegó la idea de la realización de pruebas masivas a barrios enteros con incremento en el número de casos: si las dudas sobre la efectividad de la mascarilla existen aún son mayores las existentes respecto al significado de una PCR positiva ..o negativa. De nuevo la revisión de Jefferson y Henegan es reveladora al respecto: ¿pueden hacer las determinaciones masivas de pruebas para COVID-19 hacer más daño que beneficio?. La prueba mediante PCR detecta RNA del SARS-CoV-2; eso no necesariamente representa infección por el mismo,puesto que restos del virus pueden detectarse en periodos largos (hasta más de 60 días después de la infección). Cuantos más ciclos de amplificación de DNA se necesitaron para obtener el resultado positivo menos cantidad de RNA existe y menor probable es la infección. Por tanto no es lo mismo una PCR positiva obtenida con 5 ciclos de amplificación que una con 40: ¿se tienen en cuenta estos aspectos a la hora de interpretar esas pruebas masivas? Quien las interpreta, ¿conoce suficientemente estos aspectos o sólo valora si es positiva o negativa? Por otra parte si el resultado es negativo puede generar una falsa sensación de seguridad en caso de ser un falso negativo (que los hay) y transmitir el virus con la tranquilidad que da tener un resultado negativo; sin olvidar que puede acabar contrayendo la infección al día siguiente: ¿se van a hacer rastreos masivos cada día? ¿Quién paga la factura de todo ello? ¿O es que siempre será más barata ésta que contratar con sueldos dignos y duración prolongada a verdaderos expertos en el rastreo?

La última moda punitiva es prohibir fumar en cualquier espacio público: ocurrencia gallega de amplia difusión simplemente porque “seguro que ayuda” en esta deriva autoritaria de prohibirlo todo. Pronto vendrá la siguiente, para la cual Simón ya nos va advirtiendo: el cierre casi inevitable de los colegios en septiembre en cuanto haya un solo caso. El artículo de Julie Donahue y Elizabeth Miller en JAMA ya alertaba de los efectos demoledores que tiene para los niños y la sociedad a la que pertenecen el no poder asistir a clase, algo que afecta sobre todo a los más vulnerables.

¿A quién hay que multar? ¿A los que no llevan mascarillas en el monte, a los que fuman un pitillo en un callejón o a los políticos incapaces de hacer lo que tenían que hacer?

Lo poco que se sabe que es útil no se ha hecho en este país: no se ha contratado rastreadores, no se les ha formado, no han reforzado en modo alguno la Atención Primaria, no han realizado los contratos de profesores para reducir el ratio por aula… Es mucho más fácil distraer la atención culpando a jóvenes por salir, a los ancianos por ver a sus familiares, a los fumadores por su fea costumbre .¿Cómo es posible que si buena parte de los contagios se producen ahora en jóvenes cuya irresponsabilidad les lleva a juntarse disolutamente sin mascarilla, la media de contactos por caso siga siendo de 4?

Prohibir, penalizar, castigar es mucho más sencillo que hacer lo que hay que hacer. Pero no resolverá el problema.