miércoles, 5 de agosto de 2020

La nueva normalidad (VII): el maltrato funcionarial

-Vuelva usted mañana -nos dijo el portero-. El oficial de la mesa no ha venido hoy.

"Grande causa le habrá detenido", dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo, y nos encontramos, ¡qué casualidad!, al oficial de la mesa en el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid.  Martes era el día siguiente, y nos dijo el portero:

-Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy.

-Grandes negocios habrán cargado sobre él -dije yo.

Como soy el diablo y aun he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero, y con una charada del Correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar.

-Es imposible verle hoy -le dije a mi compañero-; su señoría está en efecto ocupadísimo.

Vuelva Usted mañana. Por el Bachiller don Juan Pérez de Munguía (seudónimo de Mariano José de Larra). El Pobrecito Hablador, n.º 11, enero de 1833.

Larra escribió este relato satírico hace casi 200 años, lo que demuestra lo poco que ha cambiado España en sus comportamientos culturales. El objetivo de buena parte de los indígenas de este territorio es alcanzar una plaza de funcionario, cada cual en función de sus posibilidades: ya sea bedel de instituto, cobrador de ventanilla, administrativo del registro, médico o juez, la obsesión nacional es formar parte de la mastodóntica burocracia del estado, para acto seguido ejercer la pereza nacional de la que hablaba Larra (con las lógicas y loables excepciones que siempre existen). Una vez adquirida la condición soñada de “funcionario”, una mayoría relevante de éstos comienzan a expresar las manifestaciones inherentes a esa condición, y que hasta ese momento habían sido inhibidas por alguna proteína determinada genéticamente: la primera y más evidente, es el ejercicio con vehemencia del “desayuno”, al que los funcionarios probos se dedican con saña durante plazos de tiempo que serían intolerables en esa Europa “frugal” que nos racanea las ayudas: un mínimo de 30 minutos y un máximo indeterminado (si al desayuno se añade el inevitable trámite en el banco o compra en la carnicería); y a ser posible de todo el servicio aunque éste queda desabastecido, puesto que de no ser así se pierde la ocasión del chismorreo. La segunda característica idiosincrática es el incumplimiento del horario siguiendo esa máxima de “me engañareis con el sueldo, pero no con el horario”. Y la tercera, y más perniciosa, es el ensañamiento con el ciudadano que, aunque pague con sus impuestos el salario del funcionario, éste ignora con gran desprecio: “no estoy aquí para ayudarle sino para cumplir la norma”.

Un ejemplo de los extremos a los que llega el despropósito funcionarial español (importante para los que me lean de otros países) es la tramitación de la homologación de títulos extranjeros, específicamente de Medicina. Todos los países ponen múltiples barreras para ellos, pero generalmente el filtro lo establece la exigencia (de conocimientos o capacidades), pero nunca la simple desidia. En España sin inmutarse apenas, el funcionario de ventanilla te informa de que eso “se demora un año yendo bien”. Pensará uno que se debe a múltiples estaciones clínicas que deberá superar el aspirante, pero no es así:es el simple paso por los mil y un negociados que el papel atraviesa. Si lo que pretende el pobre extranjero es homologar el título de especialista,aunque sea jefe de servicio de cirugía cardiaca del Monte Sinaí el trámite se prolonga más allá del tiempo existente entre Olimpiadas, hasta el punto que el funcionario amable sugiere al aspirante que mejor haga el MIR.

Si el despropósito era ya enorme antes del COVID-19, con éste alcanza proporciones astronómicas. El confinamiento obligó a los funcionarios a desayunar en casa, actividad que por lo que parece siguen realizando desde entonces. Tomemos como ejemplo algo tan esencial como los trámites en las delegaciones de extranjería. Más de un mes después de la abolición del estado de alarma siguen estando virtualmente cerrados: a los extranjeros que por allí se acercan,el policía nacional de turno informa con satisfacción de que allí no entra nadie sin cita previa. ¿Y como se consigue la cita, agente? Por internet, responde el policía. "Pero es que llevo un mes intentándolo y me dice que no hay cita y que siga intentándolo". El agente empieza a perder la paciencia:" ¿Pues no se lo han dicho?, siga intentándolo". A lo que añade como consejo personal hacer el intento a las 3 de la mañana, o mejor aún, recurrir a una gestoría especializada.

El policía (que amables son los policías españoles) tranquiliza al extranjero diciéndole que no se preocupe, que aunque tenga el NIE caducado (Número de Identificación del EXTRANJERO),  no pasa nada: que todo el mundo sabe que estamos con lo del COVID. Probablemente en los países frugales también son tan comprensivos con el hecho de que un extranjero lleve meses sin regularizar su situación en uno de los países miembros de la Unión.

Los excepcionales gobiernos que padecemos ( esa gente tan amable y comprensiva que sale en los telediarios) insisten en pontificar sobre las bondades del teletrabajo y el tele-trámite. Les propongo que intenten realizar cualquiera de ellos, en cualquier administración, de cualquier negociado: bucles infinitos que llevan de una página web a otra, teléfonos automatizados que muy raramente incluyen teléfonos de atención personal pero que, cuando lo hacen, te conducen a otra opción numérica de "si quiere hablar en español pulse 2".

Los funcionarios que celebran las múltiples ventajas del teletrabajo (de la conciliación familiar con el niño al lado, a estar todo el día en pantuflas) quizá tendrán que empezar a pensar cuanto tiempo seguirá siendo necesario su inestimable contribución al bienestar ciudadano. Porque tal vez lo que nos espere es una reducción de puestos de trabajo. Lo que vista su eficacia , quizá sea la única forma de abandonar el pasado que describió Larra.

lunes, 3 de agosto de 2020

Lecciones NO aprendidas de la pandemia CIVID-19

“No decimos NO suficientemente a objetivos inalcanzables, políticas sin evidencia alguna, trabajo sin financiación. Realizamos numerosas tareas porque pensamos que son necesarias para el bien común, pero sin embargo no se considera que también nosotros somos parte de ese bien común. La vocación en medicina puede compensarnos con la enorme alegría y diversión que supone el ejercicio profesional. Pero también permite que esos profesionales sean explotados. No puede ser blanda, incapaz de decir no. Necesita ser también de armas tomar, capaz de rebelarse. Espero que 2017 nos traiga a todos una justa (y vocacional) ira”

Margaret McCartney.

 España representa, en proporción,  el mayor fracaso en el gestión del primer pico epidémico de la pandemia de los países OCDE. Con una tasa de muertes por millón oficial de 608 (que extraoficialmente puede cifrarse en 955 si se emplea para su contabilización los criterios de la Organización Mundial de la Salud) nadie puede estar mínimamente satisfecho de los resultados obtenido. A ese resultado hay que añadir el efecto catastrófico en la economía y el trabajo del país, con más de un millón de nuevos parados, y el derrumbe del PIB con una caída en el segundo trimestre del 18,5% einteranual del 22,11% en gran medida relacionado con las medidas de confinamiento extremo implantadas, y que no alcanza cifras similares en ningún país europeo .Múltiples son los factores que han podido influir en una gestión tan negativa, pero lo más importante y grave es la ausencia absoluta de autocrítica y rectificación de los gobiernos regionales y estatales del país. El resultado de esa incompetencia es el incremento sustancial de casos y brotes en todo el país, contra el cual la única estrategia aparente es la punitiva: multas a los que osan no portar mascarilla en todo momento y lugar, y mensajes condenatorios a la irresponsabilidad de los ciudadanos cuando los principales irresponsables son los que asumen actualmente tareas de gobierno.

El ejemplo más evidente de todo ello es la ausencia mantenida de estrategia alguna de refuerzo de la Atención primaria, vigente y palpable en todas las comunidades autónomas, fruto de años de menosprecio y abuso, y que alcanza cotas realmente intolerables en comunidades como Madrid.

En este articulo que escribimos Rafa Bravo, Juan Simó y yo en AMF analizamos la situación de la AP en España y la incapacidad de sus responsables de aprender las lecciones del impacto de la pandemia, que puede consultarse aquí. No aprendieron nada hasta la fecha, pero lo peor es que no quieren aprender ni mejorar la situación: siguen cerrando centros, trasladando médicos y enfermeras a hospitales, ignorando las llamadas a contratar y formar rastreadores, ofertando contratos dignos y duraderos. La mejor manifestación de su propia incompetencia es la contratación de pre-residentes (M0) como único parche ante la avalancha, residentes que se incorporarán en el mejor de los casos seis meses después de lo previsto por la continua improvisación de este país. Residentes que cobrarán unos meses como especialistas, de la especialidad en la que iniciarán su periodo de formación a partir de octubre: otra más de las grandes ocurrencias españolas. Residentes que no se ha sabido o querido movilizar para reforzar la estrategia de testeo de casos sospechosos e identificación y aislamiento de contactos.

 Como escribía Margaret MCCartney, ante tamaña irresponsabilidad solo cabe ya  se precisa el ejercicio de una justa (y vocacional) ira. De todos los que aún crean que la Atención primaria es importante

martes, 28 de julio de 2020

La nueva normalidad (VI): la irresponsabilidad impune


El diario El País recogía el domingo último la cifra de muertes imputables a la COVID-19 en España a partir de los datos aportados por las diferentes comunidades autónomas. Esos datos incluían los fallecimientos ocurridos en hospitales, domicilios y residencias, tanto aquellos con prueba positiva para SARS-CoV-2 como los que no llegaron a realizarla pero existía sospecha fundada de padecer COVID-19. Este es el criterio recomendado por la OMS para la identificación de casos, el que han realizado países como Francia o Reino Unido.Se desconoce por qué el Ministerio de Sanidad español sigue sin aplicar ese criterio y actualizar los datos; se ignora por qué El Pais puede dar la cifra de muertos totales y el Ministerio no, por qué RTVE, la cadena de comunicación del estado puede dar los datos de muertos en residencias y el  Gobierno del Estado no. La cifra total de muertes según ese criterio es de 44.868 a 26 de julio. Mucho mayor que la de muertes “oficiales” cifrada  hoy en 28.834. Una cifra así determina una cifra de 955 muertos por millón de habitantes, la más alta del mundo después del minipaís de San Marino, más del doble de Francia o Estados Unidos, un 30% más que Reino Unido. En esas muertes están implicados por su gestión todos los responsables políticos y sanitarios de las comunidades autónomas y del gobierno de la Nación. Hasta la fecha nadie ha dimitido por ello, o ha sido cesado.Tampoco han permitido una investigación independiente para evitar que vuelva a repetirse. 

Cuando España comenzó su desescalada (algo que debería haberse programado desde el mismo día de declaración del estado de alerta el 14 de marzo de 2020), se sabía que el elemento más importante para el control de la pandemia y la prevención de nuevos brotes era la puesta en marcha de una estrategia de identificación de casos  y seguimiento de contactos estricta y agresiva, como habían demostrado Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, Singapur o Alemania. Una estrategia que obligaba a contratación masiva de rastreadores ( al menos 1 por cada 4000 personas),  su formación y capacitación adecuada, y un trabajo agotador a partir de ese momento que permitiera identificar los cerca de 90 contactos por caso (36 de alto riesgo) que estimaba el ECDC que existen por cada caso sintomático; se precisaban jornadas de cerca de 12 horas por caso, dedicado a la investigación detectivesca de la vida de cada sujeto contagiado que obviamente nunca se llevaron a cabo.

Exageraciones …debieron pensar los RESPONSABLES de nuestro servicios de salud que optaron por la habitual respuesta española: la trampa, la mentira, la chapuza.

Unos prefirieron decir que con 50 rastreadores para 8 millones era suficiente; otros que  ya contaban para ello con los médicos y enfermeras de los centros de Atención Primaria completamente sobrepasados; los de más allá contrataron a personal sin conocimiento alguno de salud, y los más originales recurrieron a Ferrovial que , como es sabido, son expertos en la materia. Y así , mientras se peleaban como niños imbéciles en quien lo hacía mejor, crecieron por todo el territorio brotes y más brotes para contrarrestar los cuales la única medida fue imponer la mascarilla obligatoria en cualquier momento y lugar.

España se encuentra hoy en una situación sumamente delicada: con más de un millón de nuevos desempleados ( de los cuales al menos 300.000 eran empleos fijos), con un número indeterminado aún por ingresar en el paro al no poder hacerlo aún , y con un número tampoco contabilizado de personas en ERTE que correrán la misma suerte. En un país en el que más del 12% del Producto Interior Bruto lo genera el turismo el máximo responsable de la política sanitaria durante la pandemia ( puesto que el Ministro de Sanidad no dispone de criterio alguno) se permite declarar ante los medios que el establecimiento de cuarentenas en Reino Unido “nos favorece, puesto que es un riesgo que nos quitan”, sin importarle absolutamente nada las vidas y futuro de todos los trabajadores del sector turístico, centrado como está exclusivamente en sus tablas de Excel. Nos indignamos con los países frugales, con el establecimiento de cuarentenas de nuestro principales clientes turísticos, cuando hemos sido nosotros los únicos RESPONSABLES de generar esa desconfianza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid (co-líder máximo del despropósito con el presiente de Cataluña), la que reconvirtió IFEMA en un hospital de escaparate para su propia campaña de propaganda, la que destina a construir un hospital para Pandemias el dinero que escatima a la Atención Primaria, pasa en 24 horas de presumir de que en Madrid no era obligatoria la mascarilla a exigirla en cualquier circunstancia, proponiendo la implantación de la cartilla de vacunación (sic)/cartilla COVID-19 con réplica en la tarjeta virtual (¡¡¡), de forma que todos los que tengan anticuerpos puedan viajar, y  hacer una vida libre de preocupaciones, ignorando la ausencia de evidencia respecto a los llamados “pasaportes sanitarios”, entre otras razones porque cerca del 14% de los ciudadanos con resultados positivos en el primer estudio de seroprevalencia  fueron negativos en el tercero.

Los que deben gestionar este repunte son los mismos que fueron incapaces de gestionar una crisis que costó más de 44.000 vidas probablemente. No hay dimisiones ni ceses.  Casi 47 millones de personas dirigidos por una clase política IRRESPONSABLE en el doble sentido del término: ni asumen las responsabilidades de sus decisiones, ni dejan de tomar decisiones sin la debida meditación.

jueves, 23 de julio de 2020

La nueva normalidad (V): el naufragio de la Atención Primaria

“Lo más extraordinario respecto a los médicos generales es que se infravaloran a ellos mismos. Creen que no tienen poder, pero no es así. Ven a dos tercios de un millón de personas cada día, más que los especialistas, bastante más que los políticos, incluso que los curas.
Los médicos generales están en una posición única. Realmente, en términos de hegemonía política realmente ocupan de lejos la posición más poderosa en la sociedad”

Howard Stoate

Durante todo el día de hoy, la Atención Primaria ha sido la noticia que encabeza la página web del diario El Pais. Nunca hasta la fecha había ocurrido, en un medio que siempre la despreció. Bien es cierto que no es una noticia positiva, como suelen ser las relacionadas con el mundo hospitalario y sus intervenciones de vértigo, de esas a las que tan aficionados son sus reporteros y expertos varios. Es más, el titular denota un cierto tono de fastidio, hastío , molestia, porque una vez más la Atención Primaria no parece estar a la altura: “la saturación delos centros de salud lastra la lucha frente al virus”. Rémora, lastre, carga.

Lo que sorprende es que sorprenda la situación. Como decía Pablo Simón en Twitter “La Atención Primaria d este país está muerta hace años. El COVID19 sólo la rematará. Los autores del magnicidio han sido los propios profesionales y sus organizaciones”.

En este blog hemos reiterado hasta el más absoluto aburrimiento la situación desastrosa de la Atención Primaria en España a lo largo de la última década: hoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Los mismos que hoy hablan del brutal recorte financiero hacia ella, del maltrato hacia sus profesionales a los que solo se ofrecen contratos precarios, de la falta de peso global en el sistema, son los mismos que en la última década presumían en inauguraciones festivaleras de congresos, en entrevistas ante los medios, de lo buena que era la Atención Primaria española, la mejor del mundo: desde políticos de todo signo a consejeras mutadas a ministras, de gerentes de servicios de salud a presidentes de sociedades compitiendo a ver qué sociedad tenía más grande la lista de inscritos en sus congresos y más marisco en sus cenas, todo ello obviamente financiado por la industria, la única que podía permitirse esos lujos en aquellos días de vino y rosas.

La realidad era ya entonces deprimente: listados de 50 y 60 pacientes al día, 5 minutos por paciente de media en todo el territorio, cifras que causaban estupefacción en cualquier país del mundo cuando se hablaba del “milagro de la AP española”, pero de los que aquí presumían los gerentes de turno ante la mirada dócil y sumisa de todos nosotros.

Cuando comenzó el pico de la pandemia, cuando sólo había ojos y oídos para UCIs, ventiladores y urgencias, ya indicamos aquí que sin AP sería imposible controlar la situación. Con el tiempo no parecía haber nadie que no estuviera de acuerdo: aparecieron eruditos a señalar el papel relevante en la pandemia de la AP, no hubo consejero que se privara de hacerlo. Pero una vez más fueron sólo palabras de cara a la galería.

De haber sido cierta la decisión debería haberse realizado un proceso de inversión nunca vista antes en el sistema sanitario; con contratos indefinidos, con apertura de contrataciones a nuevas profesiones, con procesos de formación exprés para realizar lo que nunca antes se había hecho: testar, localizar, aislar, seguir,apoyar, integrar. De ser cierto debería haberse iniciado las medidas dirigidas al gravísimo problema de la atención en residencias que sigue sin resolverse. Debería haberse hecho un planteamiento de extrema urgencia ante la llegada del verano, fenómeno atmosférico que lleva aparejada la multiplicación por tres de la carga de cada médico ante esa costumbre tan nuestra de no sustituir nunca a los médicos que marchan.

Se mintió. Con alevosía. Presentando ante los medios datos falsos de nuevas contrataciones de rastreadores, que no eran otros que los propios profesionales ya sobrecargados. Y peor que la mentira la insensatez: sólo un ignorante puede presentar sin vergüenza alguna puede dar como media o mediana de contactos identificados por un caso de COVID-19, dos (Cataluña) o 4 (media nacional) cuando el CDC europeo identifica 90 contactos por caso, de los cuales una media de 36 serían de alto riesgo. Seguimos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que los demás seguirán creyéndonos siempre. Seguimos sin hacer el trabajo duro, difícil, el que requiere esfuerzo y perseverancia. Preferimos la solución fácil de culpar a la gente por no colocarse la mascarilla, de responsabilizar al migrante por vivir hacinado, de regañar a los jóvenes por reunirse.

Para acabar, hemos caído en el error de convertir un problema endémico y estructural de enorme gravedad en la coyuntura ridícula de la consulta telefónica como gran arma contra el naufragio. El problema es mucho más grave. Si la Atención Primaria espera que la solución a sus problemas va a llegar de algún gobierno, partido político, sociedad profesional o colegio médico puede sentarse a disfrutar tranquilamente del hundimiento.

Como decía Stoane la Atención Primaria se infravalora a sí misma. No es consciente en modo alguno de su poder. Richard Smith proponía “una moratoria en los lamentos y un festival de ideas para reinventar la medicina general”. Bastaría con que dejara de llorar y lamentarse y se pusiera de una vez en pie, para que los que la han humillado y hundido, temblaran.

Imaagen: Amyts