Entre las características que definen la naturaleza del habitante de España está la predisposición genética a buscar la propiedad a cualquier precio: nos encanta comprar coches, no emanciparnos hasta contar con una vivienda propia, y cuando adquirimos éstas prepararnos para disponer de una segunda residencia en cuanto sea posible. Dentro de esta tendencia destaca como es lógico la búsqueda de un tipo especial de propiedad que es la “plaza en propiedad para toda la vida”. Término que define perfectamente la situación, puesto que una vez que accedemos a dicho privilegio, pasa a ser de nuestra propiedad (nadie nos la puede arrebatar bajo ninguna circunstancia) y además tenemos derecho a ella hasta que muramos o nos jubilemos. Y dado el fomento del retraso en la edad de jubilación de los profesionales sanitarios por parte de la Administración (que permite compatibilizar el salario habitual con una parte de la pensión de jubilación) es muy posible que acabe superando en términos de duración a la propiedad sobre las sepulturas (esto último es especialmente llamativo puesto que la administración española aumenta significativamente el sueldo de los más viejos mientras a la vez precariza a los más jóvenes). En este proceso de “privatización” real de las plazas del sistema sanitario público sólo quedaría un paso por dar: la capacidad de heredar la plaza, algo que reivindico vivamente ante la dificultad de mis pobres hijas de acceder a un trabajo digno. Al fin y al cabo ya existe precedente con la naturaleza heredable de las oficinas de Farmacia. Dentro de todas las estrategias y documentos de referencia de administraciones, sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos (incluido ese extraordinario Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad que tanto alaba el último Health in Transition), nadie es capaz de ver, aunque sea difusamente, este enorme elefante, del mismo tamaño que la pírrica presencia de la Atención Primaria en la Universidad.
Y al margen de que el modelo funcionarial español en sus actuales características es único entre los países de la OCDE, sus defectos son suficientemente evidentes como para merecer que alguna administración, entidad profesional o centro de pensamiento se hubiera planteado al menos una pequeña reflexión sobre el mismo.
Pasemos a repasar sus bondades:
1.- La convocatoria: el acceso a la plaza privada en propiedad (PPP) es potestad arbitraria de cada uno de los servicios de salud entre los que se distribuye la prestación pública en España. No existe ( como en cambio ocurre en el sistema MIR) ningún compromiso ni seguridad de que se vayan a convocar cada año. Teóricamente depende de la capacidad económica existente en ese momento y de la capacidad burocrática de gestionar el proceso, pero en definitiva responde más bien a los intereses electorales del gobierno de turno: suelen convocarse antes de las elecciones, sin compromiso alguno de sacarlas todas, sino únicamente las que interesan al político, dejando una bolsa en las que seguir manteniendo el carácter temporal, precario o miserable de las contrataciones. Al margen de ello, el proceso dista mucho de ser medianamente rápido (como puede ser en el sistema MIR). De nuevo queda al criterio del gobierno correspondiente decidir cuando y cómo se convoca el tribunal, se acuerda el baremo con los sindicatos, se abre el plazo de recepción de solicitudes, se constituyen los tribunales, se realiza el examen, se barema y corrige, y finalmente se adjudica. De forma que pueden pasar años, muchos años, desde que se anuncia a bombo y platillo la convocatoria hasta que finalmente se toma posesión de la plaza (es decir, te entregan las llaves de la nueva propiedad).
2.- Los criterios de selección:
son dos: baremos y examen. El baremo prima por encima de todo la antigüedad. De forma que es casi
imposible que un especialista recién concluido su periodo de residencia pueda
pillar plaza por brillante que sea. Esto como en el ejército, lleva su orden.
Por otra parte, el examen: por supuesto aquí solo se evalúa memoria de
retención de preguntas test. Pruebas objetivas de simulación de escenarios,
entrevistas, demostración de habilidades prácticas son consideradas inventos
que carga el diablo. Como se ve todo acorde a la era de la Inteligencia Artificial.
3.- La adquisición de la plaza: a pesar de que el camino es así de inhóspito para alcanzar la plaza privada en propiedad (PPP), ello no lleva aparejado siempre la satisfacción. Al igual que al comprar una casa sin verla (descubriendo lo feo que es el barrio y las goteras del baño) a menudo la decepción aparece: el turno es de tarde, los médicos escasean, la presión es desmedida, la gente es exigente, etc., etc. Uno de los argumentos en defensa de este maravilloso sistema es que garantiza la continuidad. Por supuesto. Que se puede interrumpir en cualquier momento, sin compromiso alguno con las personas del cupo a través de comisiones de servicio, traslados o excedencias. Ideas para proteger esa longitudinalidad (tan manoseada como falsa en nuestro sistema), tales como poner el contador a cero de méritos cada vez que realizas un traslado, ni siquiera se plantean puesto que generarían la respuesta airada de los profesionales y sus representantes.
4.- El desempeño. Aquí la protección del propietario de finca adquiere su máximo esplendor: es posible que un mal desempeño tenga una pequeña penalización si el servicio de salud de turno tiene algún sistema de incentivos. Pero eso sí, la plaza no se toca hagas lo hagas. No hay más que recordar el caso de Isabel García Marcos, condenada a cárcel por el caso Malaya que se reincorporó sin problemas a su plaza de inspectora médica al salir de la cárcel.
5.- La ausencia de recertificación. Este es el adecuado colofón al modelo. En España se puede jubilar un poseedor de PPP sin haber leído un artículo científico desde que acabó la residencia, algo incomprensible para cualquier colega de otro país. No existe, ni posiblemente existirá procedimiento alguno, ni voluntario siquiera, de acreditación periódica de la competencia, que asegure a la ciudadanía que estás en condiciones de practicar adecuadamente tu trabajo. No propongo yo un sistema como el de los pilotos que deben garantizar capacidades generales (como piloto) y específicas (del avión que se pilota) cada seis meses, pero quizá algún sistema como el existente en los países de nuestro entorno de acreditación cada cinco años podrían ser razonables…. para un europeo. Porque por supuesto, ni sociedades, ni administraciones ni sindicatos están en ello. Eso sí, en el colmo del despropósito en ocasiones se rechaza la homologación a colegas de fuera de Europa que están en España alegando "ausencia de formación continuada".
Así estamos. Y muy probablemente seguiremos porque a nadie interesa decir que el Emperador de nuestro sistema sanitario (uno de los mejores del mundo) está así de desnudo.
Viñeta de El Roto en El Pais
Lo que falta a este artículo es aclarar que este "maravilloso" sistema se aplica por igual en todos los puestos de la administración, desde conserje a juez y fiscal, dando lugar a los esperpentos de las sentencias de ciertos jueces que parece que ni se han leído las leyes, fiscales que casi defienden a ciertos detenidos dependiendo de su adscripción política, inspectores que inspeccionan según quieran o no, administrativos cuyo sello parece que les pertenece en propiedad y les cuesta la propia vida poner en un papel, conserjes que mandan más que un ministro, etc. Sin exigirse resultados reales ni consecuencias si claramente no obtienen ciertos objetivos mínimos, y con una tendencia al amiguismo tremenda
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