Robert Dallek. Profesor de Historia contemporánea. Boston University.
Para algunos la aprobación de la ley Obama ( Patient Protection and Affordable Care Act) le sitúa a éste en el selecto grupo de presidentes americanos que cambiaron realmente las cosas, un club selecto del que solo forman parte Roosvelt ( creador de la Seguridad Social), Johnson ( responsable de Medicaid) y Reagan ( ideólogo de los tiempos que corren , para quien el estado no era nunca la solución sino el problema). Truman, Nixon y Clinton ya intentaron avanzar en la cobertura sanitaria universal para los americanos, pero todos ellos fracasaron.
Si alguien sigue considerando que las innovaciones y reformas pueden aplicarse en cualquier lugar, no tiene más que echar un vistazo a la reforma americana que, observada por un europeo, parece tan incomprensible como el lenguaje de las nutrias.Por ejemplo, el hecho de que la discusión respecto a la constitucionalidad de la ley sanitaria se centrara en la cláusula del comercio de la Constitución americana, bajo cuya óptica la norma sería inconstitucional porque obligaría a los ciudadanos a participar activamente en una actividad comercial que quizá no deseen (la compra de un seguro sanitario), según argumentaba el presidente del Supremo americano, John Roberts. Algo que, como se sabe, va en contra de los sacrosantos principios de la libertad individual. Sin embargo, el mismo presidente ( cuyo voto fue determinante en el veredicto final) considera que considerar el pago de un seguro privado como una tasa si sería legal y constitucional, puesto que entre las atribuciones del gobierno está precisamente la aprobación de tasas. De la misma forma que Capone acabó entre rejas por los problemas con el fisco (y no por sus asesinatos), la ley sanitaria de Obama es legal por su carácter de tasa ( y no por la imperiosa necesidad de dar cobertura sanitaria a personas que no la tienen).
Resumiendo mucho la cuestión, podría decirse que la decisión de constitucionalidad de la ley ( Obamacare hablando coloquialmente) significará el primer paso en un largo camino hacia la cobertura sanitaria universal en Estados Unidos, algo con lo que hay mucha gente en Estados Unidos que no está de acuerdo, aunque un europeo no lo entienda.Una magnífica representación gráfica del New York Times aclaraba lo que eso representará en la próxima década: sin la ley 60 millones de americanos carecerían de cobertura sanitaria en 2022; con la ley solo 27 (33 millones de personas menos); sin ley Medicaid ( el sistema de provisión para pobres) cubriría a 32 millones en 2022, con ley a 49 millones.
Pero la ley Obama no solo supondrá beneficios para los que hoy en día no tienen seguro sino que dará al resto una seguridad que ahora tampoco tienen: porque tal y como están las cosas, como señalaba ayer Paul Krugman, está dentro de lo previsible que en los próximos años algunos de los que ahora disfrutan de seguro podrían quedar en el paro, no disponer de ingresos para pagar las pólizas o padecer enfermedades que ( en este momento) les privarían de poder acceder a un seguro. Porque ésta es otra de las consecuencias de la ley: la limitación a las compañías de la posibilidad de vetar la póliza o incrementar su precio por padecer ciertas enfermedades crónicas. Si alguien quiere comprobar la importancia de esto no tiene más que pasarse por una oficina de Asisa o Sanitas y comprobar las condiciones de la póliza si tiene más de 50 años y es diabético.
Obamacare por vez primera también supone poner el énfasis en la calidad de los servicios que en su cantidad, puesto que hasta ahora el sistema se fundamentaba en el perverso pago por acto que estaba llevando al sistema americano, con o sin reforma, a la ruina.
Pero no todo es una victoria de Obama en la decisión del Supremo americano. También por primera vez se restringen las prerrogativas del Gobierno Federal: hasta ahora cuando éste financiaba alguna actividad de los estados, lógicamente se reservaba el derecho a suspender la financiación en el caso de que aquellos no cumplieran sus compromisos. Pero en este caso, el Supremo limita la posibilidad de que el Gobierno federal pueda hacer esto con los estados que se nieguen a ampliar la cobertura de asegurados por Medicaid, y que inicialmente financiaría el Gobierno americano en el 100% de su coste durante los 3 primeros años, con el compromiso de que los estados pasaran a financiar un 10% a partir de entonces. Restricción que puede convertir la ley en papel mojado en el caso de que los estados más recalcitrantes decidan no cooperar.
Obamacare recibió en los medios de comunicación americanos el curioso nombre de Broccoli Mandate ( la resolución del brécol). Su fundamento es el siguiente: si el gobierno nos obliga a tener un seguro, ¿nos obligará también a comer uan determinada cantidad de brécol? Como diría Asterix, están locos estos romanos.
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