Informes sin pruebas...ni conflictos de interés

La consultora internacional PriceWaterhouseCooper (PWC) y la sociedad de directivos SEDISA han publicado recientemente dos documentos de análisis sobre la situación de la sanidad en España en el contexto actual de crisis. En el primer caso lleva por título “10 temas candentes de la sanidad española para 2013” y el segundo “Recomendaciones SEDISA para garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios públicos”. Interesantes los dos.
Al margen de su contenido, hay ciertos aspectos que llaman la atención. Ninguno de los dos aporta bibliografía alguna. Deben entender que no es necesario, que el simple prestigio de sus autores (no especificado en el caso de SEDISA) es aval suficiente para aceptar sus argumentos como fiables. Tampoco explicitan sus posibles conflictos de interés, menos evidentes en el caso de una sociedad científica, pero muy claros en una consultora que tiene intereses conocidos en el ámbito de las reformas sanitarias.
PWC ganó 3.4 millones de libras asesorando al gobierno Cameron en el proceso de evaluación y autorización de los Clinical Commissioning Groups ( CCG), elemento nuclear de la reforma británica, que amenaza con  desmantelar el National Health Service (NHS). De hecho el político conservador Lord Freeman, ex ministro de salud es Chairman del Advisory Board de PWC. En el caso de Cataluña, PWC contrató a ex altos cargos de Convergencia i Unió, siendo beneficiario de cuantiosos contratos adjudicados por el gobierno de este partido,  según informaba Expansión. Algo completamente lícito, pero que conviene saber a la hora de interpretar sus recomendaciones. 
Éstas son bastante previsibles en el caso del informe de PWC. Como botón de muestra, cabe señalar el análisis del impacto de las medidas de restricción del gasto en el sistema sanitario español: en primer lugar, sobre …la industria farmacéutica, en segundo lugar sobre los profesionales, en tercero sobre los proveedores y solo en el cuarto sobre los ciudadanos. Sus propuestas son indudablemente “innovadoras”: potenciar el uso ( y negocio) de las m-Health, la inversión en hospitales de cuidados intermedios ( lógicamente a través de fórmulas de colaboración público-privadas), la internacionalización de las empresas de salud ( convertido éste en el nuevo gran negocio global), convirtiendo a las empresas farmacéuticas y tecnológicas en “ socios estratégicos”. En este sentido abogan por “garantizar el derecho de los pacientes a la innovación” evitando situaciones tan “injustas” como que una comunidad autónoma pueda restringir el acceso a fármacos aprobados por el ministerio ( aunque sean caros y de nulo valor en comparación con otras alternativas). Como es lógico también proponen un plan de Medicina Personalizada, aunque no hacen mención alguna a como debería financiarse una iniciativa tan sumamente cara.
SEDISA por su parte propone algunas recomendaciones con las que es imposible no estar de acuerdo: la financiación pública vía impuestos, los principios de universalidad, igualdad  y equidad y la conversión de la eficiencia en un imperativo ético son principios básicos en un sistema de protección social. El problema aparece cuando se proponen determinadas medidas sobre las que no existen pruebas empíricas que las sustenten. Poe ejemplo:
-    los sistemas de incentivos  presentan suficientes efectos adversos como para pensarse con detenimiento una medida de la importancia de establecer una retribución variable ligada a objetivos del 40% del sueldo. Por ejemplo, los trabajos del grupo de  Roland ( ver éste o este otro)  dan algunas claves sobre sus perversiones.
-    La experiencia de empresas públicas y fundaciones españolas sujetas al derecho laboral privado demuestran que la productividad no depende solo de la fórmula jurídica. Es cierto que el “café para todos” y la impunidad del estatutario infame debe ser revertida de una vez, pero por desgracia el problema es mucho más complejo que el régimen de personal existente.
-    Lo que SEDISA llama “ externalización “ en el lenguaje al gusto de Fernandez-Lasquetty y compañía, representa de hecho una privatización de servicios, cuya hipoteca a largo plazo para el sistema sanitario no es cuestión que merezca el interés de sus autores. La ausencia de evidencias sobre la mayor eficiencia de proveedores públicos y los riesgos que representa para la salud poblacional  han sido comentada reiteradamente en este blog. Baste como muestra el trabajo de Quercioli y el de Basu.
-    Ni las áreas integradas ni los modelos de atención a crónicos implican que la asistencia sanitaria vaya a ser más efectiva, eficiente o mejor coordinada, otro tema recurrente en este blog. Recomendamos como muestra el trabajo de Oxman y el de la AHRQ donde , de nuevo, el problema de la coordinación es bastante más complejo que disponer de un jefe único que, inevitablemente, desviará los fondos hacia el más poderoso ( el hospital)
-    Por último, según SEDISA, el ticket moderador “es una filosofía absolutamente distinta al copago”. Hay que reconocer que si resulta sugerente afirmar que “ no creemos recomendable el copago” pero si la posibilidad de pagos directos. Ya se sabe que metidos en gastos,  mejor pagarlo todo que solo una parte.