Allanando el camino al TTIP

 Para comprobar la solvencia de cualquier documento hay una prueba que nunca falla: ir a la lista de referencias y consultar las fuentes. Si uno las revisa en el documento al que hacíamos mención en el último post ( Who cares? The future of general practice) comprueba rápidamente que hay gato encerrado. Se habla de atención primaria, medicina general o incentivos, pero solo se encuentran referencias a instituciones dependientes del propio gobierno británico o noticias aparecidas en medios de comunicación. Reform (el think tank que elabora la recomendació),, ampliamente difundida en Reino Unido como soporte intelectual para producir cambios en la medicina general británica, aparenta ser una institución independiente cuya misión es fomentar una mejor forma de prestación de los servicios públicos y de “prosperidad económica”, y cuyo objetivo es producir investigación de “excepcional calidad en materia de economía, salud, educación o bienestar”. Su planteamiento parte de una afirmación contundente: el modelo de medicina general británico lleva sin apenas cambios desde su creación y no se adecua a las necesidades de los usuarios de hoy que reclaman mucho mayor grado de interacción virtual; además es sumamente ineficiente para los contribuyentes. ¿Argumentos? La propia opinión de los autores y sus fantasiosos cálculos.

Su primera recomendación es paralizar la iniciativa de contratar 5000 nuevos médicos generales en Inglaterra. No hacen falta, puesto que más del 50% de sus consultas podrían ser resueltas por otros profesionales. Los compradores de servicios deberían promover la creación de nuevos mercados a través de acuerdos de riesgo compartido, cuya naturaleza “debería variar según la madurez del propio mercado(¿?), pero que deberán ser diseñados para que los proveedores asuman toda la responsabilidad financiera de la atención a los pacientes”. También dependerá de la “madurez del mercado” la duración exacta de los contratos, pero “las mejores prácticas”( como Ribera Salud) sugieren que deben establecerse entre 5 y 15 años, para “fomentar la competencia”.

Esa revolución de su caduco modelo de Atención Primaria debería pasar por acabar con las pequeños centros ( “practices”) de medicina general y sustituirse por grandes proveedores capaces realmente de ofrecer el rango de servicios que un usuario moderno  precisa hoy en día: aparataje diagnóstico de vanguardia ( Resonancia magnética, ecocardiografía), cirugía o urgencias , 7 días a la semana, 24 horas al día. Sin más argumento que su propia opinión consideran que “ estos servicios además de ser altamente demandados, mejoran la calidad y la satisfacción y ahorrarían 1,6 millones de libras de la reducción de citas de seguimiento”. Se basan para ello en que (según la Commonwealth Fund) Reino Unido es uno de los países cuyos médicos generales más reclaman cambios sustanciales en su sistema. Se callan,sin embargo, que aún más que los británicos, reclaman cambios suecos y norteamericanos, los países que más han desarrollado el modelo de reforma que el documento propone.

Su último capítulo tiene el inequívoco título de “mercados saludables” ( Healthy markets). En él se señala: “ En lugar de seguir dependiendo del dinero procedente de nuevos contribuyentes a través de impuestos para invertir en infraestructuras, los futuros proveedores deberían acudir a mercados de capital privados…el acceso a los mercados es crítico para mejorar los servicios”. Sin complejos ( como diría Aznar) se señala la disposición de expandir servicios de Vanguard ( compañía de inversión radicada en Pennsylvania), Virgin Healthcare o BlueCross Blue Shield de Massachussets a través de sus modelos AQC ( Accountable Quality Contracts).

En definitiva, la presión para abrir los servicios sanitarios en los sistemas nacionales de salud a las grandes corporaciones multinacionales arrecia. El marco que regulará en el futuro la prestación de servicios en dichos sistemas ( El Tratado Transatlántico de Libre Comercio o TTIP) sigue negociándose en secreto, hurtando asombrosamente la información a los ciudadanos. Las preocupaciones sobre lo que se está negociando no son menores: el tratado inicialmente incluye el establecimiento de nuevos órganos de arbitraje al margen de los tribunales nacionales ( ISDS-Investor to State Dispute Settlement, o ICS en la última versión) con competencia para fallar sobre las reclamaciones de las corporaciones que consideren que sus intereses comerciales hayan sido perjudicados por decisiones de gobiernos legítimamente elegidos  y que podría resultar en indemnizaciones millonarias que ningún gobierno podría afrontar. También podría incluir claúsulas de ajuste ( “ratchet”) que impidieran a nuevos gobiernos revertir los procesos de privatización de sus predecesores.

Solo en los últimos días el escándalo de la negociación clandestina ha tenido acceso a los medios, en buena medida por la ofensiva final de Obama para la aprobación del acuerdo. Mientras en Inglaterra el acuerdo lleva años siendo denunciado en medios de comunicación, la mayor parte de los medios españoles (con especial mención al grupo PRISA) lo han estado silenciando hasta ahora. Mientras los partidarios del mantenimiento de servicios sanitarios públicos como mejor forma de garantizar la equidad en el acceso a la salud exigen transparencia absoluta en la negociación del acuerdo, partidos en teoría defensores del estado de bienestar español (como el socialista) permanecen mudos ante el atropello.

LaComisión europea intenta tranquilizar a los británicos respecto a lassalvaguardas para su NHS A los españoles no hace falta alguna, quizá porque a España no le preocupa ( aunque las sospechas son quesería uno de los países más perjudicados); o quizá porque no pinta absolutamente nada.