martes, 28 de julio de 2020

La nueva normalidad (VI): la irresponsabilidad impune


El diario El País recogía el domingo último la cifra de muertes imputables a la COVID-19 en España a partir de los datos aportados por las diferentes comunidades autónomas. Esos datos incluían los fallecimientos ocurridos en hospitales, domicilios y residencias, tanto aquellos con prueba positiva para SARS-CoV-2 como los que no llegaron a realizarla pero existía sospecha fundada de padecer COVID-19. Este es el criterio recomendado por la OMS para la identificación de casos, el que han realizado países como Francia o Reino Unido.Se desconoce por qué el Ministerio de Sanidad español sigue sin aplicar ese criterio y actualizar los datos; se ignora por qué El Pais puede dar la cifra de muertos totales y el Ministerio no, por qué RTVE, la cadena de comunicación del estado puede dar los datos de muertos en residencias y el  Gobierno del Estado no. La cifra total de muertes según ese criterio es de 44.868 a 26 de julio. Mucho mayor que la de muertes “oficiales” cifrada  hoy en 28.834. Una cifra así determina una cifra de 955 muertos por millón de habitantes, la más alta del mundo después del minipaís de San Marino, más del doble de Francia o Estados Unidos, un 30% más que Reino Unido. En esas muertes están implicados por su gestión todos los responsables políticos y sanitarios de las comunidades autónomas y del gobierno de la Nación. Hasta la fecha nadie ha dimitido por ello, o ha sido cesado.Tampoco han permitido una investigación independiente para evitar que vuelva a repetirse. 

Cuando España comenzó su desescalada (algo que debería haberse programado desde el mismo día de declaración del estado de alerta el 14 de marzo de 2020), se sabía que el elemento más importante para el control de la pandemia y la prevención de nuevos brotes era la puesta en marcha de una estrategia de identificación de casos  y seguimiento de contactos estricta y agresiva, como habían demostrado Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan, Singapur o Alemania. Una estrategia que obligaba a contratación masiva de rastreadores ( al menos 1 por cada 4000 personas),  su formación y capacitación adecuada, y un trabajo agotador a partir de ese momento que permitiera identificar los cerca de 90 contactos por caso (36 de alto riesgo) que estimaba el ECDC que existen por cada caso sintomático; se precisaban jornadas de cerca de 12 horas por caso, dedicado a la investigación detectivesca de la vida de cada sujeto contagiado que obviamente nunca se llevaron a cabo.

Exageraciones …debieron pensar los RESPONSABLES de nuestro servicios de salud que optaron por la habitual respuesta española: la trampa, la mentira, la chapuza.

Unos prefirieron decir que con 50 rastreadores para 8 millones era suficiente; otros que  ya contaban para ello con los médicos y enfermeras de los centros de Atención Primaria completamente sobrepasados; los de más allá contrataron a personal sin conocimiento alguno de salud, y los más originales recurrieron a Ferrovial que , como es sabido, son expertos en la materia. Y así , mientras se peleaban como niños imbéciles en quien lo hacía mejor, crecieron por todo el territorio brotes y más brotes para contrarrestar los cuales la única medida fue imponer la mascarilla obligatoria en cualquier momento y lugar.

España se encuentra hoy en una situación sumamente delicada: con más de un millón de nuevos desempleados ( de los cuales al menos 300.000 eran empleos fijos), con un número indeterminado aún por ingresar en el paro al no poder hacerlo aún , y con un número tampoco contabilizado de personas en ERTE que correrán la misma suerte. En un país en el que más del 12% del Producto Interior Bruto lo genera el turismo el máximo responsable de la política sanitaria durante la pandemia ( puesto que el Ministro de Sanidad no dispone de criterio alguno) se permite declarar ante los medios que el establecimiento de cuarentenas en Reino Unido “nos favorece, puesto que es un riesgo que nos quitan”, sin importarle absolutamente nada las vidas y futuro de todos los trabajadores del sector turístico, centrado como está exclusivamente en sus tablas de Excel. Nos indignamos con los países frugales, con el establecimiento de cuarentenas de nuestro principales clientes turísticos, cuando hemos sido nosotros los únicos RESPONSABLES de generar esa desconfianza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid (co-líder máximo del despropósito con el presiente de Cataluña), la que reconvirtió IFEMA en un hospital de escaparate para su propia campaña de propaganda, la que destina a construir un hospital para Pandemias el dinero que escatima a la Atención Primaria, pasa en 24 horas de presumir de que en Madrid no era obligatoria la mascarilla a exigirla en cualquier circunstancia, proponiendo la implantación de la cartilla de vacunación (sic)/cartilla COVID-19 con réplica en la tarjeta virtual (¡¡¡), de forma que todos los que tengan anticuerpos puedan viajar, y  hacer una vida libre de preocupaciones, ignorando la ausencia de evidencia respecto a los llamados “pasaportes sanitarios”, entre otras razones porque cerca del 14% de los ciudadanos con resultados positivos en el primer estudio de seroprevalencia  fueron negativos en el tercero.

Los que deben gestionar este repunte son los mismos que fueron incapaces de gestionar una crisis que costó más de 44.000 vidas probablemente. No hay dimisiones ni ceses.  Casi 47 millones de personas dirigidos por una clase política IRRESPONSABLE en el doble sentido del término: ni asumen las responsabilidades de sus decisiones, ni dejan de tomar decisiones sin la debida meditación.

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