Violencia estructural

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (España) declaró hace unos días que la situación de la pandemia en Madrid se debe a las vacaciones que tomaron los profesionales sanitarios durante el mes de agosto.

Aprovechando las prerrogativas que establece el estado de alarma establecido por el “progresista” gobierno de la nación y apoyado por la mayoría de fuerzas políticas, la Orden de 8 de noviembre de 2020 de la Junta de Andalucía establece nuevas medidas sobre recursos humanos y medios para la gestión de la crisis del Covid-19 en el Servicio Andaluz de Salud. En él se declara que en virtud del citado estado de alarma “las autoridades autonómicas puedan imponer (sic) en su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación del propio real decreto”.

En él se establece que “ Cuando las circunstancias concretas que concurran en un determinado centro sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles, las disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos de descanso y disfrute de vacaciones reglamentarias podrán ser transitoriamente suspendidas por el Gerente del Centro “. También “podrán quedar sin efecto las limitaciones relativas a la duración de la jornada, al régimen de trabajo a turnos y a los periodos mínimos de descanso diario y semanal, contenidas en la normativa vigente”. La Gerencia del Distrito Sanitario de Atención Primaria, Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria y Centros de Transfusión, Tejidos y Células podrán asignar al personal de los centros sanitarios funciones o tareas distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad, dentro de su grupo de clasificación”  y así mismo “El personal del Servicio Andaluz de Salud podrá ser adscrito temporalmente a puestos de trabajo que, como consecuencia de la situación epidémica, se hallen coyunturalmente desatendidos, aunque estén ubicados en unidad o centro sanitario distintos al de su destino…”. Los criterios para determinar quien sufre estas medidas son esencialmente de antigüedad, como en el ejército, modelo de referencia implícito en la respuesta ante la pandemia ( puesto que estamos en guerra con un enemigo invisible deberemos comportarnos como soldados).

Este tipo de normativa en cualquier caso no es una iniciativa propia de la Junta de Andalucía, sino que simplemente hace efectivo en este territorio el ignominioso Real Decreto Ley 19/2020 promulgado por el gobierno de España, el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que modifica unilateral y radicalmente las reglas del juego que gobiernan el ejercicio clínico en España y del que ya hablamos en su momento.

Atrás quedaron aquellas llamadas a aplaudir a los sanitarios durante el primer pico por parte de los gobiernos del país, uno de los actos más hipócritas y ridículos que se recuerdan.  Hipócritas porque cuando tuvieron la oportunidad de actuar reconociendo realmente el trabajo de los profesionales sanitarios, los gobiernos de toda índole y signo se limitaron a mantener la situación de grave deterioro estructural del sistema sanitario, sin refuerzo real de los servicios sanitarios con el argumento  de que “no se encontraban médicos ni enfermeras”. Prefirieron dedicar parte de los fondos COVID-19 a las televisiones autonómicas ( como TV3 o Canal Sur). No es cierto que falten profesionales: lo que faltan son condiciones laborales dignas, que el Real Decreto Ley 19/2020 empeora aún más.

Esta no es una situación nueva: como tantos otros problemas del sistema sanitario español tiene raíces profundas: la política de recursos humanos responde a un modelo establecido  desde la dictadura donde los profesionales sanitarios son , en palabras de Juan Simó “petróleo barato”: todos los gobiernos desde 1978 han promovido la existencia de un excedente de profesionales que permitiera mantener los salarios más bajos de la Unión Europea puesto que siempre habría alguien dispuesto a cubrir el puesto del que renuncia. Un sistema donde el acceso a la plaza estable ha sido empleada como instrumento político, demorando su convocatoria hasta en décadas para mantener a la mayor proporción posible de profesionales en situación provisional, convocándolas antes de los procesos electorales y dilatando años su resolución: todos los partidos han participado de la misma miserable estrategia.

La falta de ampliación de plantillas, los sueldos bajos, la situación precaria se palía con aumento de días de vacaciones, que siempre suponen sobrecarga para el resto de compañeros puesto que nunca se suple. Esas vacaciones que luego se utilizan como causa de la catastrófica situación de la pandemia.

La política de recursos humanos en España es violencia estructural que acaba por entenderse como natural: Imposición, prestaciones sanitarias obligatorias, suspensión de permisos, limitación de los periodos de descanso, asignación de tareas diferentes a aquellas para las que está habilitado o trabajo en lugares diferentes al que especifica su contrato…. Aquí están las claves que orientan la estrategia española para afrontar la pandemia. Y se extrañan de que seamos el país de Europa que peor está gestionando la crisis.