“Nos hemos liberado de la premisa de mediados del siglo XX de que el estado probablemente es la mejor solución para cualquier problema dado. Ahora tenemos que liberarnos de la noción opuesta: que el estado es, por definición y siempre, la peor de todas las opciones”
Tony Judt.
Los partidarios de profundizar en la privatización del sistema nacional de salud español no cejan en su empeño de convencernos de que lo hacen por nuestro bien. Es de agradecer siempre propósitos tan desinteresados, pero conviene no confundir a la opinión pública más de lo necesario.
Don José Ramón Rubio, Vicepresidente del Grupo Hospitalario privado Quirón (y nuevo presidente del IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) proponía el día 19 de julio en la portada de este periódico, la integración de los funcionarios autonómicos en MUFACE (en el caso de que aún no lo estén), con la altruista intención de ahorrar 1.000 millones de euros al sistema pública.
Y ya puesto a imaginar, el Sr. Rubio considera que el sistema público podría ahorrar aún otros 1.000 millones más (que redondas cuadran las cifras) si se aprobara una desgravación fiscal para la contratación de seguros privados en rentas inferiores a 30.000 euros. Lo que indirectamente incrementaría el número de pólizas en un 15%, sobre el 5% que ya crecieron este año, según él mismo reconoce en la entrevista.
El gasto sanitario público en España era del 73, 6% en 2009 (la OCDE no incluye en sus tablas aún información posterior): 10 puntos menos que Suecia o el Reino Unido (donde el proceso de privatización del NHS ya está en marcha) , y cerca de 13 puntos menos que Holanda (85.7%), Dinamarca ( 85.1%) o Noruega ( 85.6%), países que no pueden ser acusados de escasamente desarrollados. Sin embargo España, (que aspiraba a construir un estado de bienestar de influencia nórdica en los 80), ha disminuido el peso de lo público de un 85% en 1983 al 73.6% antes descrito, proceso al que han contribuido los diferentes gobiernos españoles de este periodo, sin distinción de signo. Desgravar seguros privados y aumentar el número de funcionarios en MUFACE no solo no haría más sostenible el sistema sanitario (como señala el Sr. Rubio), sino que reduciría aún más el porcentaje de gasto público en salud, quizá mirando a horizontes como el del sistema americano, en el que menos de la mitad del gasto es público ( 48.2%).
Al margen de ello, la persistencia del modelo MUFACE sigue siendo la demostración de que el sistema sanitario español es inequitativo, permitiendo determinados privilegios de elección únicamente a ciertas élites, a menudo las que poseen un mayor grado de generación de opinión pública y publicada. Con el agravante de que, además, el estado controla escasamente los procesos de selección adversa y derivación de casos graves al sistema sanitario público en algunas de dichas aseguradoras privadas.
Si hubiera pruebas evidentes de que el sector privado es más eficiente y de mejor calidad que el público la alternativa sería ampliar definitivamente el modelo MUFACE a toda la población española. Pero no es precisamente MUFACE un ejemplo de transparencia en cuanto a información sobre su desempeño (aunque bien es cierto que nuestro sistema sanitario es de los más oscuros de Europa).
En la literatura científica, sin embargo, alguna información reciente puede ser de interés. Hace unas semanas un grupo de cinco investigadores de las Universidades de California,, Harvard, Londres y Cambridge ( Basu et al, PLoS 2012) publicaron una revisión sistemática de 1178 estudios sobre comparación del desempeño entre sistemas públicos y privados en países de ingresos medios y bajos. Sus conclusiones son contundentes: la información disponible no sustenta la opinión dominante de que el sector privado sea más eficiente, responsable, o efectivo que el sector público. Es más, el sector privado no solamente incumple más habitualmente los estándares médicos de buena práctica y tiene peores resultados clínicos, sino que además la supuesta gran fortaleza de lo privado (la eficiencia) no está demostrada, entre otras razones debido a los incentivos perversos que habitualmente se emplean en este ámbito y que fomentan el uso de pruebas diagnósticas y tratamiento innecesarios. Los autores destacan así mismo la tendencia bastante homogénea del sector privado, en cualquier sistema, a la opacidad, con renuencia a presentar información trasparente sobre sus resultados. Si tan seguro están los defensores del modelo privado de asistencia de los claros beneficios de su modelo no tienen más que publicar sus pruebas. En PloS por ejemplo.
(Viñeta tomada del blog Post on Politics)
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