El indicador abyecto

Uno de los signos más evidentes de la perdida de dignidad profesional es la ausencia de respuesta ante la imposición de condiciones o requerimientos insensatos por parte de la institución para la que uno trabaja.

Cuando una organización establece sus objetivos o normas de funcionamiento, éstos no pueden ser simples impulsos u ocurrencias, sino que deben cumplir unos principios mínimos de factibilidad, proporcionalidad y coherencia. Cuando esto no ocurre y los profesionales aceptan sumisamente tales exigencias sin rechistar, cabe temer que ese grupo profesional se encuentre profundamente enfermo.

En el libro de William O Cleverley, Williams y Pearl hace más de 25 años ya enunciaron las características imprescindibles que deben cumplir los sistemas de incentivos a individuos para que puedan ser mínimamente efectivos: y entre ellos citaban la independencia de los trabajadores (que los resultados de un trabajador no puedan verse afectados por los de otros), la identificación de la contribución individual a los resultados o que el trabajador perciba disponer de control sobre sus resultados.Un objetivo impuesto,en el que esto último no se produce, no solo es abusivo, sino que además será muy poco efectivo.

El Foro Andaluz de Atención Primaria (FoAAP) analizaba recientemente en un riguroso documento el Contrato de Gestión para Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Atención Primaria  del Servicio Andaluz de Salud para el año 2017 , en el que proponen abrir un proceso de reflexión crítica sobre el mismo, dada  “la ausencia de evaluación sobre sus resultados, su carácter vertical sin apenas posibilidad de discusión y aportación de los profesionales; su arbitrariedad dado que la mayor parte de los objetivos e indicadores carecen de evidencias científicas que lo sustenten; o su número extraordinario de objetivos/indicadores”. Además de ello identificaban algunos indicadores que  incumplen de forma evidente esos mínimos requerimientos que son exigibles a un sistema de incentivos que señalaban Williams y Pearl: objetivos como el control del absentismo ( sin capacidad real de gestión de personal),la adecuación de la frecuentación media de los usuarios ( de una variabilidad asombrosa según países), la disminución del número de derivaciones ( de la que nos hemos aburrido de hablar aquí), la reducción de la mortalidad intrahospitalaria por ictus, o la disminución de la tasa de reingresos a los 30 días por cualquier causa, entran de lleno en el terreno de lo grotesco, ante la  falta de evidencia científica del objetivo marcado o de control sobre los resultados que pueda tener el profesional.
Pero dentro del general desatino hay un objetivo especialmente inaudito: es el que insta a disminuir el número de los pacientes de la UGC de atención primaria que acuden a las urgencias hospitalarias con prioridades 4 y 5 y no ingresan; es decir los que nunca deberían haber acudido a la urgencia de hospital por su motivo de consulta.

El problema del uso excesivo o abusivo de los usuarios de los servicios de urgencia, especialmente en los sistemas sanitarios públicos, no es local sino universal. Afecta a Reino Unido y a Chile, a Uruguay y a España. En especial si el acceso a la urgencia no lleva asociado un coste, los usuarios encuentran en ella una forma rápida de solucionar sus problemas de salud. Sin duda una Atención Primaria poco resolutiva contribuye a ello; pero además hay una variada y diversa colección de factores que participa en la generación de esa cultura del uso indiscriminado de la urgencia hospitalaria: por ejemplo, las abultadas listas de espera para acceder al especialista o a la realización de pruebas complementarias ( un factor relevante en Andalucía como también ha señalado el FoAAP); como por ejemplo la lista de espera existente en Atención Primaria ( que por supuesto existe en todos los servicios regionales de salud del país), derivada a menudo de la sobrecarga asistencial del primer nivel y de la acumulación de consultas cuando un médico debe ausentarse del puesto de trabajo por enfermedad o licencia; o como por ejemplo, y muy especialmente por el mensaje subliminal e implícito a “la ciudadanía” de que tiene derecho a todo sin restricciones ni condiciones, sin informarle en ningún momento que cuando utiliza la urgencia sin un motivo urgente está perjudicando a otros pacientes que sí necesitan una atención urgente.

En otros países (como se observa en el  video) se está empezando a sensibilizar a la población de lo que esto implica. Aquí no se ha realizado hasta la fecha ninguna campaña de información sobre el uso adecuado de la urgencia. Se prefiere optar por intervenciones “indirectas”, como “castigar” a los que acuden por motivos banales a esperar horas y horas, y ahora a penalizar a su centro de Atención Primaria si no es capaz de “educar a la población” sobre el uso de la urgencia.

De nuevo lo más preocupante no es el hecho de que un servicio de salud establezca un objetivo, aunque sea disparatado como éste.  El problema verdaderamente grave es que los profesionales de Atención primaria lo acepten sin rechistar. La gravedad de la situación de la  Atención primaria no estriba solo en el recorte presupuestario sistemático a la que se ve sometida. Se fundamenta sobre todo en su aceptación de todo lo que le mandan de forma sumisa y resignada.