(Publicado en Diario Médico el 24 de enero de 2017)
“Los decisores
políticos y gestores deberían ser cautos antes de invertir recursos
significativos para implantar intervenciones sin evidencia demostrada de su
valor, aunque parezca que “tienen sentido”.
Katherine McDonald. Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies. Stanford University for AHRQ.2007.
Desde la Ley General de Sanidad el sistema sanitario español
ha venido realizando, en sus diferentes servicios regionales de salud, múltiples
“innovaciones” en materia de organización sanitaria; formas de “tecnología
sanitaria” que rara vez son evaluadas, ni antes ni después de su implantación.
En estos últimos 30 años se han puesto en marcha modelos diversos de contratos
de gestión entre financiador y proveedor, sistemas de incentivos a
profesionales vinculados al cumplimiento de objetivos, áreas integradas de
gestión sanitaria ( las primeras en Andalucía y en el extinto INSALUD hace más
de 20 años), nuevas formas de gestión sanitaria ( desde las entidades de base
asociativa a las concesiones administrativas), experiencias de gestión de procesos
asistenciales integrados, aplicación de modelos y agencias de acreditación, sistemas
de estratificación de pacientes de inspiración americana, y más recientemente,
experiencias de integración hospitalaria. Ninguna de estas experiencias fue
precedida de una valoración rigurosa respecto a los posibles efectos de su
implantación, las pruebas existentes sobre su efectividad o eficiencia, o la estimación
de los efectos adversos o simples inconvenientes que podrían suponer. Algún
responsable político dirá que ellos sí las evaluaron, pero el tipo de
evaluación al que me refiero es el que emplea la metodología científica ( no
necesariamente cuantitativa, puesto que Trisha Greenhalgh
lleva años publicando excelentes evaluaciones organizativas cualitativas), se
revisa por pares y se publica en revistas. A diferencia nuestra, otros sistemas
sanitarios sí publican las evaluaciones de sus innovaciones: por ejemplo, desde
hace años se llevan publicando en las principales revistas del mundo, evaluaciones
del modelo de incentivación británico en atención primaria (el QOF), cuyos
mediocres resultados han
llevado al NHS escocés a suspender el modelo.
En España el proceso de implantación de innovaciones suele
seguir siempre el mismo patrón: el responsable político recién nombrado se cree
con toda la legitimidad de poner en marcha el cambio organizativo que considera
oportuno. Éste suele aplicarse sin pilotaje o prueba previa, generalmente de forma
generalizada, ante la resignación (que no la aceptación) de los profesionales
(entre las principales causas de infelicidad de los médicos un antiguo trabajo del BMJ señalaba
que los profesionales “estaban exhaustos de tanto cambio”).
El economista de Stanford John Roberts diferenciaba cuatro
ámbitos en cualquier organización: la arquitectura (fórmula jurídica, infraestructuras),
las rutinas (procedimientos, protocolos), las personas y la cultura. Las dos
primeras se pueden modificar con bastante certeza y rapidez: basta que haya
mayoría parlamentaria (en el entorno público) y financiación suficiente. Pero
Roberts insistía en que el cambio en las personas y cultura (a diferencia de
las anteriores) es mucho más lento, y lo que es peor, mucho más incierto.
Hace más de tres años el gobierno madrileño emprendió un
proceso de privatización de la gestión sanitaria en varios hospitales. No
existía ningún estudio previo de su efectividad, oportunidad y viabilidad; pudieron
cambiar la arquitectura (la fórmula jurídica) sin dificultad, pero encontraron
la oposición de las personas y su cultura, además de la mayor parte de la
ciudadanía de Madrid. Nunca se supo el dinero perdido en aquella aventura.
Por la misma época, 2013, el entonces equipo rector de la
Consejería de Salud andaluza comenzó un proceso progresivo de integración hospitalaria de todas sus unidades clínicas en las ciudades de Granada, Huelva, Málaga,
Sevilla y Cádiz. No se conoce tampoco la existencia de un análisis previo riguroso respecto a
sus posibles beneficios y efectos adversos; sin duda el mantenimiento de las
habilidades elementales de los profesionales exigen procesos de integración y
unificación de servicios en algunas especialidades que atienden procesos de
baja prevalencia, pero para ello es necesario analizar con detenimiento cuales
son y de qué forma ha de realizarse la integración, dada la complejidad de la
cultura de los profesionales sanitarios.
En el caso de Granada suponía, además, modificar el modelo inicial
previsto para el nuevo hospital desde principios de la década pasada, sustituyendo
el antiguo criterio de asignación a cada centro en función del lugar de
residencia, por uno temático, en el que cada centro atendería un tipo
diferentes de patologías. Desde hace cuatro meses más de 50.000 personas (casi
una cuarta parte de la ciudad) viene manifestándose mensualmente reclamando
volver a la situación inicial de dos hospitales no integrados, protesta
extendida a otras ciudades andaluzas recientemente.
Aunque el caso es radicalmente diferente a Madrid (en éste
se trataba de un proceso de privatización, mientras en Andalucía de un cambio
de ordenación), tampoco aquí se tuvo en cuenta que el cambio en personas y
cultura es lento y que debe ser trabajado y negociado, en especial si existen importantes reticencias a dicho proceso.
De forma que los actuales responsables sanitarios (que heredaron aquella
iniciativa), también se han visto obligados a suspender el proyecto, y
retomar el proyecto inicial de dos hospitales completos y diferenciados. Una
vez más el criterio de planificación empleado es la mayor o menor oposición de
la opinión pública.
Se desconoce el coste que todos estos cambios organizativos
suponen. Pero si el gasto del sistema sanitario público va a continuar descendiendo
hasta niveles del 5,74% en 2019, tal y como establecen el Compromiso de Estabilidad del gobierno español con la Comisión Europea,
parece imprescindible establecer una moratoria en ocurrencias organizativas de
los diferentes servicios de salud. Sin análisis previos de su viabilidad,
oportunidad y efectividad, sin negociación con sus profesionales y sin
evaluaciones rigurosas de sus resultados, no habrá sistema sanitario que pueda
sobrevivir a tanto cambio.
Las razones de esas actuaciones son mas vulgares, muchos dirigentes de la Sanidad Publica sirven intereses comerciales externos. De forma disimulada están sobre la puerta giratoria... Lamentablemente esa situación es la que existe, o se trata de personas con seria limitaciones intelectuales, en akgunas altas esferas del poder políticos
ResponderEliminarAdemás sus errores son capaces de mantenerlos tras catastróficos resultados, pues en Medicina los intereses económicos son enormes pero esas decisiones además provocan daños en las vidas de las personas.
ResponderEliminarSi, eso es lo peor. No es inocuo. No solo se despilfarra, sino que se produce daño. Que a nadie parece importar
EliminarApreciado Sergio,
ResponderEliminarEs descorazonador pero no por ello deja de ser cierto. En muchos momentos, por ejemplo en los electorales, la racionalidad es sustituida por el interés político cortoplacista en detrimento de los intereses de la colectividad. Gracias por insistir brillantemente en el tema.
Muchisimas gracias Amando.
EliminarTu lo sabes y lo has denunciado muchas veces también. Por desgracia no ha sido posible incorporar algunas de las buenas prácticas en gestión pública que paises cercanos llevan décadas desarrollando. me dijeron una vez que se debe a que nuestra democracia es aun muy joven... habrá que esperar 400 años