La guerra de bajo coste (III): los efectos.

Se sabe desde hace tiempo el efecto de la desigualdad y de la ausencia de mecanismos compensatorios de protección social en la salud de las poblaciones. Como bien resume Javier Padilla siguiendo a Benzeval en su magnífico “¿A quien vamos adejar morir?,”la desigualdad es una causa directa de muerte”. Precisamente en este libro se puede encontrar una síntesis excelente de por qué el estado de salud de la población es peor en los países menos cohesionados.

De los países americanos que iniciaron reformas neoliberales en las cuatro últimas décadas (ya sea de forma voluntaria o con la presión de los tanques detrás), Brasil es el mejor ejemplo de lo que se consigue estableciendo estrategias ambiciosas de cohesión social en uno de los países con mayor grado de inequidad ( como señalaba Marmot en 2016), y que en su caso permitió la creación de un sistema integral de salud ( Sistema Unico de Saude o SUS ) en 1990 tras el reconocimiento constitucional de la salud como derecho en 1988, tras el fin de la dictadura.

Una de las formas más importantes para luchar frente a las inequidades es mejorar el acceso a todas las personas a los servicios de salud: en 2015 Macinko y Harris ya publicaron en New England los avances hacia la cobertura universal que había experimentado el país en buena medida por la estrategia de Salud en la Familia. Este año Lancet publicó una revisión de los primeros 30 años del SUS, donde se muestra la mejora sustancial en muy poco tiempo de sus indicadores de salud (en especial esperanza de vida, mortalidad maternoinfantil), el coeficiente Gini, la reducción de la pobreza o la disminución del gasto de bolsillo ( que sin embargo sigue estando en el 47,2%) a la vez que iba aumentando el gasto sanitario.

Sin embargo el trabajo también advertía de los riesgos de las políticas fiscales implantadas por el gobierno en el marco de las medidas de austeridad a consecuencia de la recesión económica implantadas desde 2016. Esos riesgos se han visto sobradamente confirmados como demuestra el trabajo de Thomas Hone y colaboradores que se publica con fecha 7 de noviembre en Lancet sobre el efecto de la recesión económica y el impacto de la reducción de gastos en salud y protección social en la mortalidad de los adultos. Ésta aumentó en el periodo comprendido entre 2012 y 2017 en un 8% ( de 143,1 a 154,5 por 100.000), observándose que por cada incremento de la tasa de desempleo de 1% se incrementaba la mortalidad poblacional en un 0,5 por 100.000. El aumento del desempleo justificaba 31.415 muertes más, siendo el aumento de la mortalidad mayor en negros o “pardos” ( mestizos), hombres entre 30 y 59 años, es decir hombres en edad laboral. Sin embargo no se encontró asociación entre desempleo y mortalidad por todas las causas en blancos, mujeres o adolescentes o ancianos.Pero además, el trabajo demuestra que aquellos municipios con un mayor gasto en salud y protección social no se observaba el efecto del desempleo sobre la mortalidad. Ess decir , proteger a las personas de las contingencias derivadas de los vaivenes económicos, del efecto que sobre ellas produce dejar de trabajar, evita los efectos que esto tiene sobre su salud, en definitiva sobre sus opciones de poder seguir estando vivo. Los avances en la lucha contra la inequidad que había experimentado Brasil comenzaron a revertir en 2016. Como señala Macinko en su comentario al trabajo de Hone, la resolución aprobada por el parlamento brasileño de congelar el crecimiento de gastos en salud y educación por un periodo de 20 años, no solo establece el peor escenario posible sino que hace casi imposible la aplicación de medidas de protección social que, como demuestra Hone y ya había publicado Stuckler y Basu suponen la mejor forma de aminorar las consecuencias del desempleo y la privación.

Tomar decisiones de reducción de la protección social de un estado inevitablemente supone exponer a la población a más muerte. En mi modetsa opinión eso también es una forma de guerra.