A la hora de recortar, mejor hacerlo en Atención Primaria

Ahora que se aproximan las elecciones generales, no hay partido político de todo el espectro que no sea firme defensor del sistema sanitario público, que no considere al nuestro uno de los mejores ( sino el mejor) del mundo, y que respecto al proceso de desmantelamiento sufrido por éste en los últimos años no se ponga a silbar con cara de “pío pío que yo no he sido”.

El periódico Expansión publicaba en estos días unos vistosos gráficos interactivos sobre cómo y donde se ha llevado a cabo el recorte en el sistema sanitario. La fuente de información es el trabajo publicado en los Cuadernos de Información Económica de este mes por Eduardo Bandrés y RosaGonzález de la Universidad de Zaragoza y Funcas. En él se analiza la reducción del gasto sanitario en España durante la crisis.

La primera aportación era ya conocida: el proceso de consolidación fiscal por el lado del gasto afectó de manera muy especial a la sanidad pública, que vio reducido su gasto en un 12% en el periodo 2009-2013, aunque de manera asimétrica entre el periodo 2010-11 ( en donde se produjo solamente una cuarta parte de la reducción, una media de -1,4% anual) y el periodo 2012-2013 en el que se realizó el 75% del recorte ( -4,8% anual). El proceso de erosión de lo público ya comenzó en pleno gobierno socialista mediante la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento de 2010, el Plan de acción inmediata 2010 , el Plan de austeridad de la Administración general del Estado 2011-13,  el Acuerdo Marco de Sostenibilidad de Finanzas Públicas 2010-2013 o el Real Decreto Ley 8/2010 que reducía la masa salarial en un 5% anual. Pero donde se intensificó sustancialmente el estrangulamiento fue en 2012 con la llegada al gobierno de España  del Partido Popular y la aprobación del famoso Real Decreto Ley 16/2012 y sus derivadas como el RDL 20/2012, de las que ahora parecen desdecirse como si los hubieran aprobado otros.

Si la Troika esperaba que de su chantaje se derivara una reforma sustancial del sistema sanitario español debería estar muy decepcionada. Porque lo único que se ha hecho es lo más  fácil, lo menos expuesto,: recortar el gasto de personal , la farmacia ambulatoria  ( entre las dos suponen más de las ¾ partes) y las inversiones, sin afrontar en modo alguno los verdaderos problemas que arrastra desde hace décadas el sistema sanitario.  De esta forma se congelaron o minoraron las retribuciones de los profesionales y se redujo de forma sustancial el número de efectivos. Los autores del trabajo señalan que mientras es la congelación salarial puede tener efectos impredecibles en el servicio sanitario ( queda feo imaginar que a consecuencia de que se les pague menos los profesionales se esfuercen menos), parece razonable suponer que una reducción de efectivos en un sistema sanitario ya previamente sobrepasado, afecte inevitablemente a la calidad de la atención, por mucho que los políticos sigan presumiendo de lo bonito que tienen el sistema.

Por comunidades autónomas era también previsible que aquellas con mayores problemas de déficit ( Castilla La Mancha, Valencia, Andalucía o Cataluña) hayan hecho los recortes más severos. Así Castilla la Mancha redujo su gasto sanitario más de un 20% ( casi 8 puntos por encima de la media nacional, ya de por si significativa) seguida por Aragón ( 19,28%), Canarias y Valencia ( 14,72) y Andalucía (14,25%). Pero cada comunidad decide también en qué partida recorta más, y ahí se observa que en cuanto a gastos de personal la que más recorta vuelve a ser Castilla La Mancha (19,08%, 7 puntos más que la media nacional) seguida por Andalucía ( 16,45 más de 5 puntos por encima de la media).

Cada uno establece sus prioridades como mejor considera , pero donde  parece que todos coinciden es en que puestos a recortar mejor hacerlo en Atención Primaria que en Hospitales, que al fin y al cabo ya sabemos que es lo que menos se ve, menos demanda la población y más se resigna a ver empeoradas sus condiciones de trabajo como si fuera una maldición de los hados. El trabajo de Bandrés y González pone de manifiesto dos hechos interesantes: el primero es  que el porcentaje de gasto en Atención Primaria apenas supera el 13% (mientras el gasto hospitalario casi alcanza el 50%), y el segundo es que el recorte ha sido progresivo y continuado desde 2010, alcanzando el 16,2% de merma en 4 años, mientras el descenso en el gasto hospitalario es solo del 4,8%. En un nivel asistencial ya depauperado, los “grandes defensores” de la atención primaria, todos esos que  afirmaban que ésta era su gran prioridad, que inauguraban congresos y hablaban de su importancia, se dedicaban a reducir con entusiasmo las cifras de su financiación: como en el caso de la diabetes o la Hipertensión arterial se trata de bajar las cifras a toda costa. Aunque sea a costa de cargarse al paciente.