Richard Horton es uno de los más influyentes directores de revistas científicas del mundo. Desde 1995 es Editor in Chief de The Lancet, desde donde no solamente ha orientado la línea editorial de la revista ( en ocasiones con decisiones muy controvertidas), sino que además ha tomado posición clara e inequívoca respecto a determinadas cuestiones de carácter político o social: a raíz de la publicación en 2006 en Lancet de las estimaciones de civiles muertos en Irak tras la invasión impulsada por el famoso trío de las Azores (más de 600.000), no dudó en tachar de "mentirosos "y "asesinos de niños" a Bush y Blair en aquellos años.
En Red Pepper, una conocida publicación de izquierdas, cuyo análisis va mucho más allá de lo que afecta a la política del Reino Unido, escribía hace unos días sobre lo que significaba la aprobación de la reforma de David Cameron ( The Health and Social Bill).
Y en dicho artículo analizaba muy brevemente la responsabilidad de los investigadores en servicios sanitarios, a menudo cómodamente pertrechados en sus torres de marfil. Cuando los conservadores implantaron su reforma de los 90 (Working for patient) que estableció en casi la mitad del país la experiencia de los GP fundholding ( médicos generales gestores de presupuesto) , dicha reforma se vendió como la “joya de la corona” del gobierno “tory”. Sin embargo no existió una evaluación rigurosa de la experiencia por parte del propio gobierno (desgraciadamente algo habitual). De hecho posiblemente la mejor evaluación que se realizó de la misma fue un trabajo de Angela Coulter en el European Journal of Public Health en 1996, en que revisaba diferentes aspectos de la reforma ( calidad, eficiencia y equidad) para concluir que la reforma thatcheriana no había conseguido sus objetivos de reducir costes, aumentando por el contrario la selección adversa de riesgos ( la tendencia a excluir a los pacientes más costosos para el sistema sanitario). Como señala Horton, cuando se quiso conocer las consecuencias de aquella reforma, ya era tarde.
Él mantiene una hipótesis de trabajo respecto a la reforma de Cameron que produce escalofríos: “la gente morirá gracias a la decisión del gobierno de primar la competición por encima de la calidad de la asistencia sanitaria”. Es difícil imaginar que el editor de una revista científica española asumiera el riesgo que implica hacer una afirmación semejante. Pero Horton no es un loco. Para sostener semejante punto de vista, se basa precisamente en la literatura científica. Un ejemplo es el artículo publicado por Nick Black precisamente en el número de esta semana de The Lancet desmontando uno de los argumentos del gobierno de Cameron: la supuesta disminución de la productividad del NHS.
Horton considera que los investigadores en servicios ( no los científicos de Semanal, encerrados en sus laboratorios de ratas), tienen una responsabilidad social que no pueden eludir: “ necesitamos garantizar que los profesionales sanitarios que estudian el NHS- y son muchos- dedican su atención al impacto de la ley en la vida de todos aquellos que sufrirán la fragmentación y desintegración de los servicios. Para demostrar que la política del gobierno está haciendo daño a la gente, necesitamos pruebas”.
En Red Pepper, una conocida publicación de izquierdas, cuyo análisis va mucho más allá de lo que afecta a la política del Reino Unido, escribía hace unos días sobre lo que significaba la aprobación de la reforma de David Cameron ( The Health and Social Bill).
Y en dicho artículo analizaba muy brevemente la responsabilidad de los investigadores en servicios sanitarios, a menudo cómodamente pertrechados en sus torres de marfil. Cuando los conservadores implantaron su reforma de los 90 (Working for patient) que estableció en casi la mitad del país la experiencia de los GP fundholding ( médicos generales gestores de presupuesto) , dicha reforma se vendió como la “joya de la corona” del gobierno “tory”. Sin embargo no existió una evaluación rigurosa de la experiencia por parte del propio gobierno (desgraciadamente algo habitual). De hecho posiblemente la mejor evaluación que se realizó de la misma fue un trabajo de Angela Coulter en el European Journal of Public Health en 1996, en que revisaba diferentes aspectos de la reforma ( calidad, eficiencia y equidad) para concluir que la reforma thatcheriana no había conseguido sus objetivos de reducir costes, aumentando por el contrario la selección adversa de riesgos ( la tendencia a excluir a los pacientes más costosos para el sistema sanitario). Como señala Horton, cuando se quiso conocer las consecuencias de aquella reforma, ya era tarde.
Él mantiene una hipótesis de trabajo respecto a la reforma de Cameron que produce escalofríos: “la gente morirá gracias a la decisión del gobierno de primar la competición por encima de la calidad de la asistencia sanitaria”. Es difícil imaginar que el editor de una revista científica española asumiera el riesgo que implica hacer una afirmación semejante. Pero Horton no es un loco. Para sostener semejante punto de vista, se basa precisamente en la literatura científica. Un ejemplo es el artículo publicado por Nick Black precisamente en el número de esta semana de The Lancet desmontando uno de los argumentos del gobierno de Cameron: la supuesta disminución de la productividad del NHS.
Horton considera que los investigadores en servicios ( no los científicos de Semanal, encerrados en sus laboratorios de ratas), tienen una responsabilidad social que no pueden eludir: “ necesitamos garantizar que los profesionales sanitarios que estudian el NHS- y son muchos- dedican su atención al impacto de la ley en la vida de todos aquellos que sufrirán la fragmentación y desintegración de los servicios. Para demostrar que la política del gobierno está haciendo daño a la gente, necesitamos pruebas”.
Afortunadamente en España no tenemos(aún) una ley parecida. Sin embargo llevamos cerca de una década de implantación de experiencias de privatización de servicios ( Iniciativas de Financiación privada o PFIs, concesiones administrativas) de las que apenas tenemos información fiable, más allá de la propaganda de los gobiernos que las implantan. Valencia, Madrid y en los últimos meses Castilla y León han optado por implantar progresivamente experiencias organizativas de este tipo. Como ocurrió con la reforma de los conservadores británicos en los 90 desconocemos su influencia en el coste (aunque hubo que renegociar el contrato de Alzira en 2003 por los malos resultados financieros), la calidad o especialmente la influencia en la salud de los ciudadanos atendidos bajo esta fórmula.
Esperar que los partidos políticos harán algo al respecto no solo es ingenuo ( no han hecho nada en más de 30 años de democracia) , sino que además siempre estará condicionado por sus intereses electorales, por otra parte, legítimos. Crear conocimiento científico relevante sobre servicios sanitarios es una obligación ética y solo puede hacerse siguiendo las normas de la investigación científica rigurosa. Y como señala Horton, es una responsabilidad de la que nadie está exento: ni los editores de revistas, ni las agencias de financiación de investigación ni los propios profesionales sanitarios.
Esperar que los partidos políticos harán algo al respecto no solo es ingenuo ( no han hecho nada en más de 30 años de democracia) , sino que además siempre estará condicionado por sus intereses electorales, por otra parte, legítimos. Crear conocimiento científico relevante sobre servicios sanitarios es una obligación ética y solo puede hacerse siguiendo las normas de la investigación científica rigurosa. Y como señala Horton, es una responsabilidad de la que nadie está exento: ni los editores de revistas, ni las agencias de financiación de investigación ni los propios profesionales sanitarios.
Lamentablemente estamos instalados y de forma transversal desde de hace demasiado tiempo en el mantra de que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios. Ni antes ni ahora con los nuevos modelos oganizativos disponemos de la necesaria transparencia y accesibilidad al público general de los resultados clínicos y económicos. En otras palabras, tenemos poca, por decir nula, cultura de evaluación y rendición de cuentas. No disponemos de suficientes instituciones independientes para crear conocimiento relevante riguroso. O bien, estan en nómina del gobierno de turno o la ideología esta por encima del conocimiento científico. El sistema NHS se caracteriza por un sistema con carácter socialdemócrata pero no olvidemos instalado en una sociedad liberal(los ingleses sí saben que quieren ser de mayores). Este sistema ha realizado muchos cambios en esta dirección, con más o menos acierto, pero al menos escriben, dialogan, hay debate y dan a conocer sus miserias. Me parece bien dar a conocer lo que pasa por los alrededores, pero quizás somos demasiado indulgentes e indolentes con nuestro sistema sanitario. Vamos sobrados de ideología y escasos de rigor y por esto existe el mantra , el populismo y la propaganda. No deberíamso olvidar que los países sin "accountability" poco pueden hacer nada bien y a la vez son países sin perspectivas de éxito. Apliquémonos el cuento mientras hacemos juicios de valor de los vecinos.
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