¿ Es el ojo de la tormenta el mejor lugar para evaluar la gestión de la covid-19 en España?

 

 

Artículo publicado en No Gracias por Sergio MInué y Juan Gervas, en respuesta a la carta publicada en Lancet por el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad español

España es uno de los países que presentan peores resultados producidos por la pandemia covid-19 del mundo, tanto en indicadores en salud como económicos: 9º país del mundo en número de infectados, tercer país de Europa en muertos por millón, y tercer país del mundo en exceso de muertes por millón, solo superado por Perú y Ecuador[1].

Esta situación tan devastadora es acompañada con el impacto económico más profundo en la Unión Europa (con una previsión de reducción del PIB para 2020 de al menos el 12,4%[2]. Por ambas razones el informe de Sachs para la Universidad de Cambridge lo identificaba como el peor desempeño frente a la pandemia de los países de la OCDE[3].

Transparencia y rendición de cuentas son claves en la gestión de cualquier pandemia, y específicamente frente a la covid-19. En ese sentido la carta enviada a Lancet por el equipo de Fernando Simón podría haber sido un aporte importante para un mejor conocimiento de la tragedia española (las razones por las que España sufrió tanto daño), en especial al proceder del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, máximo órgano de vigilancia de la pandemia.

Pero por desgracia, sus comentarios son autocomplacientes, no demostrados e incluso basados en supuestos trabajos no publicados, lo que no deja de ser una sorprendente forma de aporte al conocimiento científico, que puede resumirse en los siguientes aspectos::

1.-Los autores afirman que “España aumentó considerablemente sus capacidades de respuesta después de la primera ola de este virus”, basándose en que “ a más del 80% de los pacientes con sospecha de tener covid-19 se les realizó una PCR en las primeras 24 a 48 horas, habiendo trazado al 90% de sus contactos”. No es posible confirmar dichos datos en la web del Ministerio de Sanidad, utilizando los autores como referencia un supuesto trabajo de Monge, señalado explícitamente como “no publicado”, lo que hace imposible la comprobación de semejante información.

2.- Para los firmantes de la carta, en España “ la dotación de profesionales de salud pública se incrementó en tres veces”, empleando como referencia la página web del Ministerio de Sanidad español. Una vez más esta información es imposible de confirmar después de una búsqueda intensiva: si es imposible saber exactamente cuantos profesionales se dedican a la salud pública en el conjunto de las comunidades autónomas, ¿cómo puede afirmarse que se multiplicado por tres? ¿Cómo se distribuye ese número en cada comunidad, que perfil tienen, eran profesionales ya dedicados a otras labores o fueron contratos exprofeso?

3.-El equipo del Dr. Simón afirman que “expertos externos asesoraron las decisiones estratégicas “y que “existen múltiples grupos de trabajo interterritoriales”. Esta información ha sido imposible de verificar en todo este tiempo. Es más, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en España ha llegado a afirmar que el Ministerio de Sanidad está ““dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”, ignorando  no sólo las peticiones de información de la ciudadanía, sino desoyendo las peticiones de información del citado Consejo (de 17 resoluciones emitidas por este órgano respecto de peticiones al Ministerio de Sanidad cursadas desde marzo en 15 de ellas la respuesta fue el silencio administrativo, según informe El País).Algunas de ellas hacían referencia precisamente a la petición sobre el nombre de los expertos o las actas de las reuniones, que siguen considerándose confidenciales[4]..

4.- Es completamente falso que se haya realizado una revisión durante el proceso a nivel nacional, tal y como propone la OMS”. A principios de agosto un grupo de investigadores y académicos españoles propusieron al gobierno de la nación y de las comunidades autónomas una evaluación externa independiente de la gestión de la pandemia, siguiendo el propio modelo de la OMS[5]. A pesar de la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad, los autores reiteraron su necesidad y urgencia en el mes de septiembre[6], donde se proponían principios y especificaciones que podrían orientar dicha evaluación. En un informe del Consejo Interterritorial filtrado a la prensa el 8 de diciembre[7] se informaba de la no existencia de una decisión final respecto a la evaluación que, en caso de realizarse no se entregaría antes del final de la primavera de 2021, más de un año después del inicio de la pandemia.

5.- Es realmente asombroso que los autores no reconozcan ningún conflicto de interés siendo miembros del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente directamente del Ministerio de Sanidad español.

6.- El empleo de referencias clave para sustentar sus argumentos que o bien “no están publicadas” o “están bajo desarrollo” es un hecho inaudito en la publicación científica, que parece convertirse en norma. Recientemente Peter Gotzsche[8] llamaba precisamente la atención a este hecho en otro informe “no publicado” procedente también de instituciones dependientes del Ministerio de Sanidad

A pesar de los endebles argumentos que sustentan sus tesis, la revista que publicó la carta (Lancet) no considera necesario aclarar estos aspectos.

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[1] Worldometer: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Accessed December 23, 2020).

[2] Statista: https://www.statista.com/statistics/1102546/coronavirus-european-gdp-growth/. (Accessed December 11, 2020)

[3] Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020.The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.

[4] Sevillano EG. Transparencia afea a Sanidad su opacidad durante la pandemia. Diario El Pais: https://elpais.com/sociedad/2020-11-12/transparencia-afea-a-sanidad-su-opacidad-durante-la-pandemia.html (accessed  December 12, 2000).

[5] García-Basteiro A,Alvarez-Dardet C,Arenas A,Bengoa R,Borrell C,Del Val M et al.The need for an

independent evaluation of the COVID-19 response in Spain.Lancet 2020;396:530.

[6] García-Basteiro AL, Legido-Quigley H, on behalf of the 20 signatories. Evaluation of the

COVID-19 response in Spain: principles and requirements. Lancet 2020. Published online September 21, 2020 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30208-5

[7] Sierra A. El gobierno retrasa otros cuatro meses su auditoría sobre su gestión de la pandemia.Vox Populi: https://www.vozpopuli.com/espana/coronavirus-gobierno-evaluacion-independiente-pandemia_0_1415859758.html (Accessed December 10, 2020)

[8] Gotzsche PC. Infection fatality risk for SARS-CoV-2 in community dwelling population of Spain: nationwide seroepidemiological study.BMJ 2020;371:m4509

COVID-19: La evaluación que nunca se hará

 

 El 7 de agosto enviamos una carta a Lancet instando a la realización de una evaluación externa independiente de la gestión de la pandemia COVID-19 en España. La carta tuvo amplia repercusión en medios de comunicación y tuvo una acogida mayoritariamente favorable, pese a lo cual el Ministerio de Sanidad español no se dio por aludido. En el mes de setiembre publicamos una segunda carta en Lancet Public Health en la que continuábamos urgiendo al gobierno central y al de las comunidades autónomas a realizar la evaluación a la mayor brevedad posible. A resultas de ello, una representación de los autores de ambos textos pudo reunirse con el Ministro y la Secretaria de Estado dos meses después de la publicación de la primera carta, donde el Ministerio se comprometió a elaborar un marco para la evaluación en el plazo de un mes, no sin antes manifestar su malestar por la publicación de la primara carta. Han tardado dos meses en elaborar dicho documento que aún está en fase de borrador; en éste no existe un compromiso firme ni que a sea realmente una evaluación independiente, ni a que se realice pronto, puesto que se establece que el informe final podría estar disponible a los cuatro meses “aproximadamente” de que se constituya el grupo de planificación y coordinación de la evaluación, aún por designar; incluso no se descarta que la supuesta evaluación se realice una vez finalizada la pandemia, cuando los muertos sean ya definitivos. En definitiva, y en el mejor de los casos, no se dispondría de la evaluación hasta el verano del 2021, fecha en la que (con las optimistas previsiones sobre vacunación del señor Illa) la pandemia probablemente haya acabado.

Los más comprensivos a la postura del gobierno, argumentarán que es razonable su retraso al estar en pleno segundo pico, momento en el que las prioridades son otras. Argumento que podría aceptarse si no fuera porque cuando se propuso no había comenzado la segunda ola, además de que si la evaluación es realmente independiente no debería suponer sobrecarga alguna para el Ministerio.

La razón última posiblemente sea otra. L a resistencia del gobierno actual a rendir cuentas (ese gobierno que iba a ser radicalmente diferente de los anteriores), es más que evidente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano oficial que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia desde 2015, llegó a afirmar recientemente que el Ministerio de Sanidad está “dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”. Ni responde a la ciudadanía en modo alguno, ni lo hace a organismos oficiales como el propio CTBG: de 17 resoluciones emitidas por el citado organismo respecto a peticiones al Ministerio de Sanidad, 15 recibieron silencio administrativo, y en una de las restantes se limitó a enviar un enlace cuya información no correspondía a la información solicitada. Entre las preguntas no respondidas se encuentran la solicitud de información sobre la propia pandemia, ni las actas de las supuestas reuniones de expertos, expertos que por supuesto siguen siendo desconocidos. La tendencia a hacer caso omiso a cuanta demanda de información se solicite no es coyuntural: la declaración del estado de alarma llevó implícita la congelación de la ley de transparencia hasta el mes de junio, momento en que la mayor parte de las peticiones de información previamente realizadas fueron ignoradas.

El señor Illa, ministro de Sanidad es un profundo ignorante en salud y sanidad, pero un consumado artista de la política. ”Ni palabra mala ni hecho bueno” decía mi abuela, dicho que refleja bien su comportamiento: nunca pierde la compostura, siempre “parece” comprender los argumentos de su interlocutor, y tomar nota de sus consideraciones pero en la práctica se comporta como el global de los políticos de este país: practicando un moderno despotismo ilustrado, en el que afirman con vehemencia trabajar por el pueblo, pero despreciando absolutamente sus opiniones y demandas.

No se va a realizar ninguna evaluación independiente, entre otras razones porque ningún gobierno español va a permitir que el resultado de ésta pudiera poner en cuestión, ni siquiera mínimamente, sus decisiones. Nunca se ha hecho y, probablemente, nunca se vaya a hacer: España no dispone de órganos realmente independientes del poder político de turno (la mejor muestra es la justicia) ni de instrumentos que permitan conocer a la ciudadanía el desempeño de su gobierno. Pero tampoco existe voluntad de que esto cambie: el respaldo obtenido en las urnas sirve de patente de corso para poder gobernar a sus respectivos antojos, sin rendir cuentas en momento alguno. Para el presidente del gobierno actual, sus comparecencias ante la prensa son la mejor rendición de cuentas que pueda existir.

España es el país de la OCDE con peores resultados globales en salud y economía: a pesar de la continua limitación de derechos individuales y colectivos a los que se somete a la población española estamos situados en un “envidiable” noveno puesto en el total de personas infectadas pese a ser un país de menos de 50 millones de habitantes; Pero donde las cifras son de escalofrío es en número de muertes: noveno también en cifras absolutas, quinto en muertes por millón, cuarto en exceso total de muertes en este año, y tercero en exceso de muertes por millón de habitantes. Un “gran” resultado pese a limitar en todo lo posible la vida social y económica, decisiones que han producido el mayor impacto en la economía de toda la Unión Europea, con una previsión de caída del PIB   mayor del 12%.

Algunos países tuvieron buenos resultados en la primera oleada, y malos en la segunda o viceversa; España siempre ha estado en ambas olas en los peores lugares. Las residencias siguen siendo el primer lugar de muerte, la Atención Primaria o las UCIs están colapsadas, y la culpa es de la irresponsabilidad de la gente, como si la “gente” en España fuera mucho más irresponsable que en Alemania, Noruega o Australia. Como se ve no hay motivo de preocupación, ni necesidad urgente de realizar evaluación alguna.

La ingenuidad ha sido creer que una evaluación de esta importancia podría realizarse con la colaboración de los gobiernos españoles.

¿Tamiflú 2? Vacunas, ciencia y negocios turbios

 “Necesitamos el compromiso de las organizaciones y las compañías farmacéuticas para que todos los datos estén disponibles incluso si eso significa que debemos remontarnos 20 años. De lo contrario corremos el riesgo de otra reacción instintiva ante una posible pandemia .Y ¿realmente nos lo podemos permitir?”.

Esto lo escribió Fiona Godlee, directora del BMJ hace más de 6 años. Estaba claro que no nos lo podíamos permitir pero ha vuelto a ocurrir: reacciones instintivas frente a la peor pandemia en un siglo. Esta semana Godlee vuelve a escribir en el BMJ un editorial con el título de “las lecciones perdidas del Tamiflu”, en el que se lamenta de lo poco que aprendemos de los errores que cometemos. Para el que no lo vivió o ha decidido olvidarlo, la gestión de la “pandemia” H1N1 fue uno de los mayores desastres y escándalos de la salud pública recientes, aunque hay que reconocer que ampliamente sobrepasado por la esperpéntica gestión de la COVID-19. La lista de desatinos cometidos fue interminable: epidemia de histeria mundial no justificada por los datos de infección y muerte, conducta sumamente turbia de la OMS (que modificó sus propios criterios de pandemia para justificar sus decisiones, ocultando a la vez los evidentes conflictos de interés de sus asesores vinculados a Roche y Glaxo, las dos empresas productoras de Tamiflu y Ralenza), compra desproporcionada de ambos fármacos y de vacunas por parte de gobiernos de todo el mundo, tergiversación de la información… Conviene volver a leer el mejor resumen de lo que ocurrió entonces, escrito por Juan Gervas, para comprobar hasta qué punto no aprendemos. En aquel entonces el gobierno español compró cerca de 13 millones de vacunas de las que se utilizaron sólo 2. Al igual que el resto de países que se pillaron los dedos , España tuvo que buscar lugares donde colocar el excedente, desde subastarlas a donarlas a países “ de bajos ingresos” o esperar a que caducaran para tirarlos a la basura.

Como bien describe Godlee,se ha vuelto a repetir con la COVID-19 la misma estrategia de venta y utilización indiscriminada de fármacos de efectividad no demostrada ni información suficiente sobre su seguridad, basados en estudios de propaganda de los laboratorios farmacéuticos. Conocer la verdad sobre el Tamiflú (oseltamivir) costó más de cinco años. Durante ese tiempo las dos empresas farmacéuticas se negaron a compartir sus bases de datos con investigadores independientes, lo que solo acabaron haciendo por la presión continuada del BMJ y la Colaboración Cochrane, cuyos trabajos confirmaron que el oseltamivir (Tamiflu) ni era efectivo en el tratamiento de la gripe ni reducía su transmisión, y a la vez producía efectos adversos importantes.

España gastó entonces 333 millones en el tratamiento de la gripe H1N1.Ahora podríagastarse alrededor de 1.200 millones, extensibles hasta algo más de 2.000, si suscribe los seis contratos que ha firmado o va a firmar la Unión Europea con los respectivos fabricantes (Pfizer/BioNtech, Astra Zeneca,CureVac, Sanofi/GSJ, Janssen y Moderna). En función de ello recibiría el 10,5% del producto y el correspondiente 10,5% de la factura total, entre137 y 206 millones de viales según informa Cinco días.

Para el ministro español, señor Illa esto significaría “una estocada de muerte” para el virus. Término taurino muy expresivo que no se si el más adecuado para referirse a algo tan poco tangible como un virus. Es cierto que desde el momento en que Pfizer publicó su nota de prensa donde garantizaba el 95% de eficacia de su vacuna no ha habido político, tertuliano, epidemiólogo a sueldo, o experto televisivo que haya cuestionado ni siquiera tímidamente dichos datos, dando por hecho de que es cuestión de días la muerte anunciada del maldito coronavirus. Sin embargo los datos reales distan mucho de ello. 

Bastan dos artículos de imprescindible lectura para confirmarlo: el primero es el trabajo de Sussane Hodgson et al en Lancet sobre qué es lo que define la eficacia de una vacuna COVID-19. Una vacuna puede actuar frente a la infección, la transmisión o la enfermedad, pero lo verdaderamente importante es saber su efecto frente a la enfermedad severa y la muerte. Y no es posible demostrar estos dos últimos aspectos en la fase 3 de su desarrollo; de hecho “cualquier prueba de la eficacia respecto enfermedad severa o mortalidad en poblaciones en riesgo sólo se conseguirá tras su licencia a través de grandes estudios epidemiológicos”.

El segundo es el magnífico trabajo de Peter Doshi, director asociado del BMJ en esta revista( y uno de los autores de aquella histórica revisión Cochrane) cuyo título ya lo dice bien claro: “ Salvarán vidas las vacunas COVID-19? Los ensayos actuales no están diseñados para decírnoslo”.  Doshi señala que ninguna de las vacunas está diseñada para detectar reducciones en algunos de los resultados severos, como reducción de hospitalizaciones, ingresos en UCI o muertes. Tampoco sobre si interrumpen la transmisión del virus. El número necesario de casos puede explicar parcialmente el hecho: “las admisiones hospitalarias por COVID-19 y la muerte debido a ella son demasiado infrecuentes en estudios sobre el uso de una vacuna en poblaciones de 30.000 personas como para demostrar diferencias estadísticamente significativas”. Lo mismo es aplicable a la reducción de mortalidad o la transmisión de la infección: los ensayos no están diseñados para ello. Aún así se venden como si tal cosa ocurriera y se aceptan sin pruebas por responsables políticos, comunicadores y expertos. Ninguno de esos ensayos incluyen niños o adolescentes (salvo parcialmente el de Astra Zeneca), ni pacientes inmunocomprometidos , ni embarazadas o mujeres en lactancia. Y aunque algunos incluyen ancianos, su número no es suficientemente relevante para sacar conclusiones claras de su eficacia en este grupo. La consecuencia de esto es brutal: como señala Paul Offit “ si no tenemos datos adecuados en mayores de 65 años, éstos no deberían recibir la vacuna, y no dejaría de ser vergonzoso que los que más la necesiten no la reciban”. Situación similar sucede con las minorías.

Otra cuestión importante es la seguridad: el número de los participantes en todos los ensayos realizados hasta la fecha es insuficiente para garantizarla. Como escribe Eric Topol, citado por Dashi: “... estás hablando de dar una vacuna a decenas de millones de personas; ¿y tu te vas a basar en solamente 100 eventos?

Hay un argumento sumamente peligroso en muchos de los que se aferran como a un clave ardiendo a la supuesta eficacia de las vacunas: las agencias responsables sólo autorizarán vacunas seguras y efectivas. Difícil de creer cuando esa demostración se realiza a través de notas de prensa y no de publicaciones científicas. Difícil de confiar cuando los contratos con las empresas son confidenciales. Este aspecto apenas preocupa a los que ocupan cada día páginas de prensa, radios y espacios televisivos diversos. Según informa Cinco Días, todos “estos contratos contarán con una cláusula de retorno, por la que España deberá abonar el coste del encargo realizado al fabricante si finalmente la vacuna no recibe la autorización, según fuentes de Sanidad, aunque los términos exactos de la penalización no se conocen por la confidencialidad de los acuerdos”. ¿Qué ocurriría entonces si hipotéticamente una vacuna no recibe autorización? ¿Otro Tamiflu 2 pero lo grande?

Según informa el diario chileno La Tercera en este país las empresas farmacéuticas no responderán en caso de daño o muerte de los inoculados, teniendo que ser el estado el único responsable por efectos adversos de las vacunas. El gobierno chileno respondió que no había otra opción cuando negociaron con las farmacéuticas. No parece que vaya a ser Chile una excepción en la negociación de las vacunas COVID 19. ¿Qué ocurrirá en España ante la aparición de efectos adversos? ¿Pagará también el Estado, señor Illa?

En resumen no disponemos de información fiable (publicada en revistas serias) sobre la eficacia de las vacunas, la medición de su supuesta eficacia no incluye su posible efecto ni en enfermedad grave ni en mortalidad, ni sería muy representativa en ancianos. Y para remate las empresas que las comercializan parece que obtendrán beneficios incalculables cargando con los riesgos a los gobiernos.

Con la pandemia H1N1 un grupo de blogs alertó respecto al sinsentido de lo que estaba pasando (Gripe y calma). Hoy es impensable. El silencio de los corderos es atronador.