"I
t should be a worry for every health system where you have competition and private firms arriving".
Göran Dalhgren. University of Liverpool.
Suecia fue durante gran parte del siglo XX el paradigma de estado de bienestar, en buena medida por el hecho de que sus gobiernos fueron socialdemócratas durante 65 de los 80 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial Pero las tornas cambiaron hace quince años, y desde entonces los sucesivos gobiernos liberal conservadores no han dejado de minar y desmontar aquel sistema, que en su día fue modelo.
Hoy Suecia, como reflejaba
The Guardian anteayer es “el laboratorio del radicalismo de derecha”, con múltiples experiencias de privatización en educación, sanidad y servicios sociales. No es de extrañar que ante sus innovaciones “saliven” con envidia sus imitadores del resto de Europa, desde el gobierno conservador liberal de David Cameron, hasta los gobiernos populares de Valencia, Madrid y Castilla la Mancha, que están adelantando a éste por su derecha.
Para dar la vuelta al calcetín de un sistema sanitario público, la estrategia está perfectamente definida por los think tank del neoliberalismo radical (nada más ilustrativo que leer el panfleto de diez páginas
Oliver Letwin, el ministro de Cameron, en su
Privatising the World). El camino comienza convirtiendo una mentira en verdad a base de repetirla muchas veces:
las reformas son imprescindibles porque el sistema público es demasiado caro y no da la atención adecuada. A pesar de las reiteradas evidencias de que eso es falso, los ejecutores de la política de desmantelamiento la repiten sin cesar, aunque hagan el ridículo hasta el nivel del Sr. Fernández Lasquetty (en la foto) ,quien ayer no sabía precisar el ahorro que supuestamente obtendrá con la privatizaciónde la sanidad madrileña.
La segunda baldosa del camino al paraíso de la privatización consiste en
introducir la competencia entre proveedores, puesto que se supone que de esa forma se llevará el gato al agua el postor que de más por menos. Falso de nuevo, puesto que (como se ha comprobado en Inglaterra) la competencia no existe, sustituida por la simple adjudicación de una prestación hasta entonces pública a un único proveedor privado.
Uno de los adjudicatarios mayoritarios en toda Europa es precisamente una empresa de origen sueco, Capio. Digo de origen porque en realidad
Capio es propiedad de dos empresas de capital riesgo:
Nordic Capital y
Apax Partner ( una de las mayores del mundo) con sede en Londres, distribuida en ciudades como Hong-Kong, Nueva York, Estocolmo, Mumbay y Madrid, y con negocios diversificados en tecnologías de la información, telecomunicaciones y medios de comunicación. Los múltiples conflictos de interés y el evidente afán de lucro, no son obstáculo para que los gobiernos de Suecia, Reino Unido, Alemania y España adjudiquen a Capio la prestación de servicios de atención primaria, atención comunitaria, y cuidados hospitalarios.
Por supuesto ( como ha ocurrido en Suecia), la ubicación de todos estos servicios ha dejado de realizarse por criterios de necesidad de poblacional y se basa en estrictos criterios de rentabilidad económica. Las desigualdades en materia social y sanitaria inevitablemente aumentan, a pesar de que quienes pagan a Capio no son sus clientes, sino s los ciudadanos del país correspondiente a través de sus impuestos, que se escapan por el sumidero de la pila del estado de bienestar, y en cuyo desagüe se encuentra el cazo de empresas con sede en Londres y que tributan en Luxemburgo.
En este sentido conviene recordar que Capio y la mayor parte de las empresas de capital riesgo están bajo sospecha permanente respecto al cumplimiento de su obligaciones tributarias ( como también señalaba The Guardian), acusadas de pagar muchos menos impuestos de los que deberían.. Aunque ya se sabe que esto último es cosa que solo atañe a pobres y funcionarios.
Por todo ello, los ciudadanos de Madrid deberían saber lo que se va aprobar hoy en su parlamento. la decisión de que las empresas que se harán cargo de de su asistencia sanitaria durante los próximos 30 años, tienen como único objetivo sacar el máximo beneficio a su inversión, y abandonar el negocio cuando deje de ser rentable. El altruismo ya se sabe que es algo de otra época, cosa de pánfilos e ingenuos. Pero, ¿que ocurrirá si dentro de unos años las empresas adjudicatarias entran en déficit como ya ocurre en Valencia? Pues primero se les subirá la prima para enjugar la deuda ( Ribera Salud) y si las cosas se ponen muy turbias se pide que sea el estado el que asuma el entuerto ( no hay más que ver como se ha resuelto la crisis bancaria).Para que de nuevo los ciudadanos paguen la cuenta que dejó el moroso.
La jugada es diabólicamente perfecta. En Suecia los socialdemócratas ya han renunciado a intentar re-nacionalizar los servicios privatizados, porque el coste de hacerlo parece inasumible, limitándose a ofrecer un control más estricto del mercado. Es el precio inevitable que hay que pagar para que funcione la mano invisible del mercado, la mano que en definitiva mece la cuna en la que vamos agonizando como sociedad
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