Neolenguas: sobre la ausencia de rendición de cuentas en España

"La guerra es la paz

la libertad es la esclavitud

la ignorancia es la fuerza”

1984. George Orwell.

El pasado domingo 25 de octubre el presidente del gobierno español comunicó la intención de su gobierno de declarar el estado de alarma por un periodo de 15 días prorrogable 6 meses más, hasta el 9 de mayo. El estado de alarma , según establece la Constitución “será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”. Durante la vigencia del estado de alarma ( según establece el Tribunal Constitucional) “se puede, entre otras medidas, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, practicar requisas temporales e imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.”

No es por tanto un aspecto menor, algo que pueda delegarse en la autoridad sin menoscabar derechos fundamentales. Ser privado de dichos derechos por seis meses en un régimen democrático, no es justificable cuando es imposible conocer a estas alturas la evolución  de la causa que aparentemente lo genera (la pandemia COVID-19). Una decisión de tal gravedad solo sería entendible durante tanto tiempo si el Presidente del gobierno supiera con certeza que los efectos de no declarar el estado de alarma producirían una mortalidad de la envergadura de las ridículas previsiones del grupo de Neil Ferguson para el Imperial College ( los que aseguraban que de no confinar completamente Estados Unidos se producirían más de dos millones, doscientas mil muertes). Más bien al contrario, la mano derecha del presidente del gobierno en asunto epidemiológicos ( Fernando Simón) se permitía en el programa de variedades de Planeta Calleja afirmar que para la misma fecha en que finalizaría el estado de alerta andaríamos todos como antes de la pandemia. El estado de alarma permite la adopción de múltiples medidas que coartan gravemente la libertad. Como por ejemplo el establecimiento de “toques de queda”, que en la particular neolengua del presidente del gobierno y de algunos presidentes autonómicos ( Galicia por ejemplo), pasan a denominarse “ restricciones nocturnas a la movilidad”. Es entendible que busquen términos amables para un concepto extraído de los estados de sitio y el ejercicio de las más estrictas dictaduras ( por mucho que  se establezcan también en Europa), que generan evidentes perjuicios para las personas y los trabajos, y cuya efectividad para controlar la pandemia es más que discutible: probablemente nadie ha descrito mejor que Javier Segura el desatino de la medida, que viene de nuevo a señalar a la noche como la madre de todos los males y pecados, como si el SARS-CoV 2 fuera un depravado personaje a la búsqueda de jovencitos y jovencitas desaprensivos.

En cualquier caso, y aceptando el estado de alarma como animal de compañía hasta mayo, ignorando los graves efectos en trabajos, empleos y negocios, uno esperaría un control regular de su ejercicio, y una rendición de cuentas real de sus efectos. Para el presidente esa se limitaba inicialmente a la comparecencia cada quince días de su Ministro de Sanidad, probablemente porque él tiene cosas más importantes que hacer que esa necedad de rendir cuentas; al final ha tenido que “someterse” a acudir cada dos meses a “explicar la evolución de la pandemia”, lo que ha generado un desconocido apoyo parlamentario ( casi 200 diputados) probablemente porque todo político español es alérgico por naturaleza a la rendición de cuentas.

Al otro lado de la misma ciudad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, probablemente una  de las tres personas con responsabilidades políticas más irresponsables e incompetentes del mundo ( en dura pugna con Trump y Bolsonaro) responde de la siguiente forma a la pregunta realizada por una periodista sobre cómo iba a dotarse de profesionales el hospital de Valdebebas,monográficamente dedicado a la pandemia: “es una pregunta que no se hace a un presidente autonómico”.

Es muy grave la ignorancia de esta persona bajo cuya responsabilidad se encuentra la comunidad autónoma con mayor PIB de España. Ignora que un hospital no es un edificio, no es su infraestructura, que precisa no sólo personal cualificado contratado a través de procedimientos reglados, sino que necesita un modelo de gestión y de atención, una fórmula de financiamiento y un órgano para su gobernanza y dirección estratégica. Aspectos que no sólo debería conocer, sino sobre los que en cualquier país del mundo está obligada a rendir cuentas: por sus inversiones, decisiones y sus  actos, obligaciones que por su actitud claramente desprecia.

La rendición de cuentas de los responsables políticos es sistemáticamente despreciada en este país que sigue en puestos de honor en el mayor desastre humano de la pandemia. Es bastante plausible que el virus SARS CoV 2 no tenga mayor virulencia en España que en el resto del mundo; y es bastante probable que, aunque en España haya irresponsables , estos no sean mucho más numerosos que en otros países del mundo, máxime cuando somos tan obedientes a la hora de cumplir prohibiciones estúpidas como no permitir a los niños jugar en los parques. Por lo que es probable que la gestión de la pandemia sea la causa principal de nuestro nefastos resultados en infecciones y muertos: de la que sus responsables eluden rendir cuentas sistemáticamente, queriendo hacernos creer que lo que es un desastre trágico es un magnífico ejercicio de liderazgo. En su neolengua.

Sobre la vanidad de la ciencia

 

El pasado 4 de octubre fue publicada la Great Barrington Declaration, que promueve la estrategia llamada de Protección Enfocada como abordaje frente a la pandemia COVID-19; ésta prioriza la puesta en marcha de medidas para proteger a los más vulnerables mientras recomienda reanudar la normalidad para el resto de la sociedad.  La justificación de la misma se basa tanto en el progresivo incremento de la inmunidad en la población, como los graves efectos que pueden producir los confinamientos masivos y repetidos. La declaración está liderada por tres epidemiólogos reputados, Martin Kulldorff (profesor de medicina en la Universidad Harvard), Sunetra Gupta (profesora de epidemiología de la Universidad de Oxford), y Jay Bhattacharya, profesor de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Como reacción frente a ella, otro grupo de expertos también muy reputados (Nisreen A Alwan, Rochelle Ann Burgess,Trisha Greenhalgh, Marc Lipsitch,  o Martin McKee),  publicaron en Lancet una llamada a firmar otra declaración, el John Snow Memorandum ( de inequívocos aromas a Juego de Tronos), en que se deslegitimaba con vehemencia la anterior declaración ( a la que consideran una “peligrosa falacia sin evidencia que la soporte”), afirmando con rotundidad que “ controlar la difusión en la comunidad de la COVID 19 es la mejor forma de proteger personas y economía hasta disponer de vacunas o tratamientos efectivos en los próximos meses”. “No podemos permitirnos distracciones” concluyen.

Curiosa la forma de dilucidar la efectividad o eficiencia de intervenciones ( que tanto preocupaban a Cochrane), no a partir de las pruebas existentes, sino mediante el respaldo a comunicados y manifiestos. Hasta tal punto llega el desatino que GD Smith, Blastland y Munafo publicaron hace unos días un editorial en BMJ señalando que con respecto a la pandemia que las certezas proliferan por doquier, con expertos que se multiplican exponencialmente para desacreditar continuamente al que difiere de su punto de vista.

A la manera de los tertulianos de las emisoras de radio y televisión capaces de opinar de cualquier tema todos los días de la semana, los expertos en epidemiología, pandemias y vacunas se han convertido en las nuevas estrellas de la televisión desplazando en el interés de los espectadores a los habitantes de Sálvame Deluxe; consultados cada día por múltiples medios, asombra esa capacidad de estar al día de  todo lo que las revistas científicas producen, de toda la información epidemiológica que se genera al segundo, casi tan rápido como las oscilaciones de la bolsa de Wall Street.

Hoy en día no hay profesión más admirada socialmente que la del científico. Pronto aparecerán series de Netflix con Faucis o Fernando Simones como protagonistas. Basta con escuchar el nivel de embeleso con el que son entrevistados por periodistas mucho más incisivos con otro tipo de protagonistas de la actualidad para comprobar hasta qué punto el científico (o la científica) se ha convertido en el sacerdote o la sacerdotisa del siglo XXI. Su imagen de gente abnegada, altruista, solo pendiente del virus que crece en su laboratorio o el funcionamiento de la mitocondria de sus ratas es enternecedor. Nunca aparec, sin embargo, su cara oculta, la gestión autoritaria del personal a cargo, la humillación de becarios y colaboradores más jóvenes, , el ansia por la publicación a toda costa en revistas del primer cuartil para aumentar su factor de impacto, para conseguir de cualquier forma nuevos fondos con que financiar sus proyectos que a menudo acaban devolviendo porque su glotonería no les permite abarcar tanto. Alguien con tanto prestigio como Trisha Greenhalgh no tiene rubor en protestar porque el BMJ no permita incluir más de 4 autores privando a sus “junior” de poder hacer curriculum. Richard Horton el director de The Lancet se escandalizaba ante un correo recibido de un “médico de trinchera” que denunciaba cómo algunos académicos se aprovechan de la información que éstos generan sin compartir con ellos la autoría.

En su imprescindible Can Medicine be cured?, Seamus O’Mahoney describe el comportamiento de los grandes centros de investigación de lo que él llama Mala Ciencia ( Bad Science) como de cuasifeudales, donde la mezcla de incentivos perversos, comercialización y obsesión por la carrera científica lleva a pervertir el fin de la ciencia:”la promoción científica en ciencia  depende en gran medida de las métricas de la publicación, que se sustenta en el número absoluto de artículos publicados  , y con que frecuencia éstos trabajos son citados por terceros”. O’Mahoney cita los trabajos del historiador Daniel Kevles a propósito de las investigaciones lideradas por Al Gore sobre el fraude científico donde señalaba que “ para Gore y otro muchos el fraude en las ciencias biomédicas era similar a los antecedentes de pederastia en la iglesia”.

Buena parte de ese desmedido esfuerzo de los científicos que ha generado una descomunal producción durante la pandemia tiene más que ver con la vanidad y ambición personal que con un intento real de mejorar la situación de las personas.

GD Smith y colegas señalan que la certeza es el anverso del conocimiento: “ a la hora de decidir a quien escuchar en la era del COVID-19 , deberíamos respetarr a quienes respetan la incertidumbre,y escuchar a quienes reconocen las existencia de evidencias contrapuestas o que incluso cuestionan sus convicciones más sólidas.Cuanto más seguro esté alguien sobre el cOVID-19 menos deberías confiar en él”.

La ciencia está llena de grandezas, pero también de mucha miseria, como cualquier tipo de actividaad humana

Cuando la única salida es renunciar

 El primer caso ocurre en Madrid, en Atención Primaria. Clara Benedicto es médica de familia. Una médica de familia altamente cualificada, que accedió a su plaza en Atención Primaria mediante concurso oposición hace ya unos cuantos años. Clara es una de las pocas “privilegiadas” de su generación, aquellas que tienen trabajo, éste es estable y le permite ejercer la profesión para la que se formó a lo largo de más de diez años. Una profesión que le encanta, que sigue considerando que es la especialidad más bonita porque tiene que ver con personas, con familias, con comunidades. Como dice su nombre, aunque cada vez más deteriorada. Clara escribió hace unos años una de las mejores descripciones de lo que es la realidad de la Atención Primaria española, no la que venden consejerías de salud, ministerios y sociedades científicas: lo hizo en apenas 18 tweets y 42 pacientes, en donde se sintetizaba la aparente “simplicidad” del trabajo de la medicina familiar. Hace unos días renunció a su trabajo, sobrepasada por la mezcla de frustración, sobrecarga e impacto personal que le supone no poder trabajar en unas condiciones mínimamente humanas, puesto que el ejercicio de la medicina ( a diferencia del de la veterinaria) se practica con seres humanos, a los que no se debería atender y tratar como si fuesen ganado. Porque obligar a atender a personas en cinco minutos, como pretenden los múltiples países que pueblan el estado español, obligar a atender cincuenta, sesenta, cien personas al día, sin más límite que el número de personas que existen en su lista, no sólo es una manifestación vejatoria, cruel e irresponsable de maltrato estructural a los profesionales, sino que demuestra la consideración real que tienen los responsables políticos de este país hacia los ciudadanos españoles: la de objetos, bestias de carga, cuya atención digna no es necesaria, sencillamente porque para ellos el ser humano hace tiempo que perdió la consideración de tal, reconvertido en un simple recurso, el “votante”,un medio para permanecer en el poder.

“Atención Primaria está mal desde hace muchos años y, además, cada vez peor”, señalaba Clara Benedicto. Una situación invisible que hasta hace tan solo seis meses negaban con vehemencia los que han generado el nivel actual de deterioro, orgullosos de tener el mejor sistema sanitario del mundo, la mejor Atención Primaria del universo, presumiendo de nuestro maravilloso modelo en congresos internacionales y publicaciones científicas. 

Benedicto describe muy bien la conducta abyecta con la que actúan las administraciones: mientras prometen medidas para conciliar la vida laboral y personal, el acogerse a una reducción de jornada, a un trabajo a tiempo parcial, a una baja por enfermedad o unas vacaciones supone inmediatamente una sobrecarga añadida para los compañeros, en agendas de trabajo que causan espanto a cualquier colega del resto del mundo. Un desastre labrado a lo largo de décadas que colapsó definitivamente con la llegada de la pandemia. En la que gerencias, distritos y consejerías abandonaron sus responsabilidades con la Atención Primaria, exigiendo cada vez más trabajo sin refuerzo alguno de un sistema agonizante.

La doctora Benedicto se fue porque no podía ejercer el trabajo para el que se había formado y que le impedían realizar adecuadamente.

El segundo caso sucede en Andalucía. Cuenta la historia de un especialista hospitalario altamente cualificado que regresó a España tras trabajar como experto en diferentes hospitales del mundo. Alguien que con el comienzo de la pandemia y el colapso de los hospitales se ofreció para ayudar en lo que fuera preciso aunque el ámbito de las enfermedades infecciosas no fuera su área de conocimiento. Quien se presentó voluntario durante el primer brote para aislarse en hotel y dedicarse a tiempo completo a atender pacientes sin exponer a su familia. Aquello pasó, llegó el verano y comprobó que aquí nadie estaba preparándose para el segundo brote, que no había planificación del trabajo, ni rastreo real, ni refuerzo de los servicios hospitalarios. Cuando llegó el segundo brote la alternativa fue repetir las medidas del primer pico. Primero pidieron profesionales voluntarios para atender a pacientes infectados por COVID-19. Pero el engaño de los aplausos de las 8 de la tarde que tanto gustan a los políticos ya no engaña a nadie como en el cuento del mentiroso y el lobo. Y ante la falta de voluntarios, y creyendo que el sistema sanitario puede gestionarse como el ejército, comenzaron a obligar a médicos especialistas a atender rotatoria y obligatoriamente a pacientes COVID 19. Aunque no estuvieran cualificados para ello por no ser su área de experticia. Aunque eso suponga desprogramar agendas y dejar de atender pacientes que llevan meses esperando ser atendidos por su especialista, pero que tienen la mala suerte de padecer una enfermedad que no se llama Covid. Así que un buen día el especialista dijo basta, renunció a su contrato y dejó un hueco inmenso en un sistema sanitario lleno de boquetes.

Ahora los responsables políticos de todas las comunidades autónomas, los miembros del consejo de ministros y todos sus asesores incapaces, andan pergeñando nuevas medidas para meter en cintura a la irreductible ciudadanía: agotados los cartuchos de mascarillas, confinamientos, cierre de colegios y de bares, prohibición de parques a los niños y demás medidas punitivas, buscan en los toques de queda, la intensificación de mascarilla hasta en la ducha y el cierre a piedra y lodo de las universidades la solución a una pandemia completamente descontrolada que no fueron capaces de prevenir en cuatro meses en que prefirieron salir de vacaciones.

Ignoraron las señales de aviso de un sistema sanitario en quiebra: esquivaron la urgencia de contratación de las médicas, las enfermeras, los rastreadores, los administrativos que necesitaban. No consideraron procedente ofrecerles contratos estables y dignos ante una situación que no era coyuntural, sino que cambiará nuestra vida. Les maltrataron una vez más, tratándoles como a simples números, efectivos intercambiables en una guerra inexistente.

Una pandemia no se resuelve con decretos, leyes, tribunales de justicia y policía. Requiere el compromiso que va mucho más allá de un salario, de los profesionales de la salud. Y éstos comienzan a sentirse engañados, utilizados, maltratados. Cuando quieran reaccionar será tarde

Respeten a los niños

Las fotografías, tomadas y publicitadas por el propio municipio de Albolote son suficientemente explícitas. Niños y niñas entrando al colegio de la forma en que eran detenidos otros niños durante la 2ª Guerra Mundial, de la misma manera en que eran conducidos los prisioneros durante el golpe del general Pinochet.

Manos arriba, en fila india; “protegiéndoles” (¿o protegiéndonos?) del contagio que supone tocar una superficie, por si acaso sobrevive algún SARS-CoV2 que quizá haya resistido a los cientos de litros de lejía o gel hidroalcóholico que utilizamos cada día en todo lugar y circunstancia. Aún en el contexto de histeria colectiva que genera la pandemia parece impensable organizar la entrada en cualquier empresa, centro de trabajo o de ocio con semejante procedimiento. Cuesta imaginar que los grandes comunicadores mediáticos de este país, los pocos funcionarios que aun trabajan presencialmente, los miembros de los diecisiete gobiernos españoles y sus múltiples asesores, asistentes o corifeos toleraran semejante trato.

En el mismo municipio, Albolote, acaban de aplicar las nuevas restricciones establecidas por la Junta de Andalucía ante el aumento del número de personas con pruebas positivas a SARS-CoV2. Con la celeridad y diligencia que brilla por su ausencia para otro tipo de intervenciones, la Policía Local ha precintado el reciento de juegos para personas mayores apenas a las dos horas de hacerse pública la orden. No han necesitado precintar sin embargo el parque infantil cercano, puesto que permanece cerrado desde la declaración del estado de alarma. Nadie ha considerado durante más de 8 meses que los niños merecían volver a poder tirarse por el tobogán, mientras a su lado, en una cancha de fútbol sala se concentran habitualmente 15 o 20 chavales a jugar al fútbol. Para políticos de todo signo y epidemiólogos autoritarios el juego del niño es una actividad superflua, innecesaria, una actividad obviamente no esencial, la primera en suprimirse dada su poca relevancia para el sector productivo.

Los niños no protestan, no tienen portavoz ni organizaciones sindicales, no son entrevistados en la televisión ni son tertulianos invitados a hablar de cualquier tema; son objetos inertes, magnífico motivo de argumentación para pensadores y políticos que defienden con vehemencia sus derechos, pero desde un punto de vista exclusivamente teórico como si fueran un enigma matemático.

Una de mis vecinas, de cinco años, lleva dos aislamientos de 14 días en apenas cuarenta días de curso escolar. En ambos casos dieron positivo dos compañeritos con los que no tenía contacto estrecho. Pero es lo que establece el protocolo y no hay más que discutir.

Durante el anterior confinamiento los padres tuvieron que convertirse durante cuatro meses en maestros improvisados en muchos colegios de este país. Nadie les había preparado para ello y tuvieron que compatibilizarlo con sus propios teletrabajos y el mantenimiento de la rutina de cada hogar. Los maestros por su parte ascendieron en el escalafón y se convirtieron en inspectores, examinadores estrictos de la tarea de los padres. En muchos colegios su contacto con los niños se limitaba a enviar tareas y evaluar videos. Podría disculparse en aquel primer pico, cuando a todos nos pilló de improviso. Pero se levantó el confinamiento, se realizó la desescalada y el sistema educativo español aprovechó el verano para hacer lo que mejor sabe hacer: irse de vacaciones. Se dirá que generalizar es injusto, que muchos maestros trabajaron parte del verano buscando la mejor fórmula para enseñar a sus alumnos. Sin duda. Pero el resultado a fecha de hoy es de suspenso absoluto.

En primer lugar porque la formación remota dista mucho de estar adecuadamente diseñada, desarrollada e implementada en cualquier país del mundo, pero mucho menos en España. Se cree que basta con tener wifi en casa, un ordenador y un enlace a zoom para poder dar una clase. Todos sabemos que una cena con amigos, una conferencia o un concierto no es ni remotamente similar si lo vemos en una pantalla que si lo disfrutamos en vivo. ¿Cómo va ser lo mismo una clase cuando además no se han formado a profesores y alumnos para ello?

Miera Levinson una profesora de Harvard que ha publicado sus trabajos en New England a propósito de esto escribe: “ la educación habla de aprender a confiar en otros y ser vulnerable con otros. Si tu estás aprendiendo estás haciendo algo ( aunque sea por un momento) que no sabes cómo hacer. Es una posición muy vulnerable; los seres humanos necesitamos tener relaciones con suficiente nivel de confianza como para poder hacerlo”.

Se piensa que no pasa nada por dejar a los niños sin clase. Antes eran tres meses, de ser así la previsión puede ser de un curso completo, en el mejor de los casos con continuas y reiteradas interrupciones. En la II Guerra Mundial los niños de ciudades bombardeadas que tuvieron 1,2 años de escolarización menos vieron sus ingresos reducidos en un 6% cuando fueron adultos que los niños que vivieron en ciudades no bombardeadas. Los niños de 7 años que sufrieron el Katrina en Nueva Orleans una década más tarde ni estudiaban ni trabajaban en un porcentaje mucho mayor que los niños de otras ciudades.

Aquí no se publican las experiencias derivadas de la falta de clase presencial no sea que se molesten la Ministra de Educación y las Consejeras y Consejeros de la misma rama de las comunidades autónomas. En Estados Unidos sí. En el impresionante reportaje de Alec MacGuillis para New Yorker se cuenta la historia de Shemar, un talentoso adolescente de Baltimore en matemáticas, que ve como todo su escaso futuro se va al traste al suspenderse las clases presenciales. ¿Cuántos Shemar hay en España que van a ver inevitablemente destruidas sus escasas posibilidades de salir adelante por la disparatada política educativa respecto a la COVID 19? No todo son cifras. Detrás de las decisiones de cierre de colegios e institutos hay muchas posibilidades de futuro en peligro que a nadie parece importar. Pero cuando menos, traten a los niños con el respeto que merece cualquier persona.

COVID-19: una evaluación dependientemente independiente para España

 

“A quien te aconseja encubrir de tus amigos

más le gusta engañarte que los higos”.

Cuento XXXII. El Conde Lucanor. Infante Don Juan Manuel

 El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud español (CISNS) acordó esta semana comenzar una “evaluación independiente” de la gestión de la pandemia COVID-19 el próximo mes de noviembre. Todas las comunidades autónomas han decidido participar excepto Euskadi, puesto que el gobierno vasco lo interpreta como un paso más en el proceso de centralización (el lehendakari no se siente aludido por  los mensajes de la OMS respecto a la necesidad de coordinación entre territorios habida cuenta de que "cuando los gobiernos difieren la gente muere").

Mediante esa iniciativa el Ministro Illa y sus compañeros de Consejo (el resto de los Consejeros y Consejeras de Salud/Sanidad) pretenden “transitar” (moderna palabra) hacia un Sistema Nacional de salud “más robusto, flexible y resiliente (palabra aún más moderna si cabe).

Con una celeridad digan de encomio( casi dos meses después) el Ministro Illa ha dado respuesta a la solicitud de evaluación independiente de la gestión de la pandemia que publicamos en Lancet y Lancet Public Health, ante los espantosos resultados que presenta España (hasta hace un par de días, tercer país del mundo en muertos por millón de habitantes, sexto en número total de casos, y líder indiscutible en infectados en Europa en esta segunda ola, o pico, o brote, o como le quieran llamar). El Ministro Illa reconoció que no le había gustado nada el hecho de publicar una carta solicitando la evaluación. Una intromisión intolerable. Pero en su magnanimidad ha accedido a realizar la evaluación solicitada.

El Ministro Illa se ha comprometido a realizar una evaluación INDEPENDIENTE. La justificación de esa independencia estriba precisamente en intentar conocer (por medio de personas no implicadas directamente en la gestión de la pandemia), cuales son las razones de unos resultados tan nefastos si disfrutábamos del mejor sistema sanitario del mundo, tal y como afirmó la compañera de gabinete del Ministro Illa, la ministra Montero, el 28 de febrero de 2020, con la pandemia ya iniciada.

Para que no quede la más mínima duda sobre el compromiso del señor Ministro con la "independencia", ha designado a su propia Secretaria de Estado para coordinar y dirigir el trabajo. Difícil encontrar a alguien más independiente, más alejada de la gestión de la pandemia. Pero yendo aún más allá, el Ministro Illa en su búsqueda de la citada independencia de las personas participantes en la evaluación, insta a los Consejeros de Salud/Sanidad de todas y cada una de las Comunidades Autónomas (en definitiva los últimos responsables de la gestión en cada territorio) a que designen a un representante para llevar a cabo el proceso. Nadie puede dudar que los consejeros y consejeras de salud del estado español (en cuyos territorios se alcanzan cifras muy por encima del resto de los países europeos, y cuyos muertos determinan un exceso de mortalidad global de más de 52000 muertos), sean las personas más indicadas para garantizar la independencia de la evaluación de sus propios actos durante la pandemia. Todos y todas ellas son hombres y mujeres tan ecuánimes como el Ministro Illa, y sabrán elegir y designar personas tan independientes como ellos mismos.

La histórica decisión del Consejo Interterritorial español es mucho más que un paso adelante, más que un tímido avance para conocer las causas de nuestro desastre, como algunos comentaristas han comentado con timidez. Va mucho más allá. Una vez más, España (ya  líder indiscutible en sistemas sanitarios mundiales, trasplantes y atención primaria), aporta a la comunidad científica un nuevo modelo de INDEPENDENCIA en la evaluación de procesos, que podría denominarse de INDEPENDENCIA DEPENDIENTE. En la que son los propios responsables los que se autoevalúan, en un proceso de evaluación educativa sumamente innovador.

Gracias a ello quedarán completamente obsoletos los procesos de declaración de conflicto de interés que tantos quebraderos de cabeza causan a los pobres investigadores que reciben financiación de la industria farmacéutica para probar sus remedios, puesto que nadie puede pensar que sus vínculos con esas organizaciones pudieran alterar sus conclusiones. También dejan de tener sentido las evaluaciones por pares (peer review) en artículos científicos puesto que nadie mejor que los propios autores para evaluar las entretelas de lo que han escrito. Y sin duda la investigación de accidentes aéreos recogerá con alivio esta iniciativa que les evitará en lo sucesivo el enojoso trámite de investigar por qué un avión se cayó. Aquí llevamos una cifra de fallecidos equivalente a más de 153 aviones estrellados; todo muy lamentable, pero afortunadamente el modelo de evaluación Independiente Dependiente permite realizar estas tareas con mucha mayor rapidez.Mucho tiempo y dinero se habría ahorrado el sector aeronáutico si fuera la propia compañía, o la propia empresa constructora de aeronaves la que hubiera evaluado sus siniestros sin intervención de terceros.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) yerra de pleno en su modelo de evaluación independiente, al elegir a dos mujeres sin implicación alguna en la gestión de la pandemia la dirección del proceso: Helen Clarke (antigua primera Ministra de Nueva Zelanda) y Ellen Johnson Sirleaaf (antigua presidenta de Liberia), quienes podrán elegir, sin imposición alguna de la propia OMS, quienes serán los expertos que lleven a cabo el trabajo. Un proceso cuyas conclusiones serán discutidas en la Asamblea Mundial de la Salud el año próximo en mayo. Nosotros aquí las tendremos en apenas un mes.

El Ministro de Sanidad español y los Consejeros de Salud de los servicios regionales, al igual que aquel Emperador Desnudo, podrán seguir pensando que el Traje confeccionado por Guido y Luigi Farabutto les sienta perfectamente, que la gestión española (como su sistema sanitario) es la envidia del mundo. Pero es cada vez más evidente que van en cueros, y que su credibilidad hace tiempo que se perdió en el camino.

Gobiernos de pícaros

“Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una, que costaba tres maravedís.Aquella le cocía, y comía los ojos y la lengua,y el cogote y sesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos. Y dábamelos en el plato, diciendo: "Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el papa”.

La vida del Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades.1554.

Ya nadie lee el Lazarillo, lectura arcaica pero que describe cómo es este país mucho mejor que todas las novelas cool que se comentan en los suplementos del fin de semana. Como bien reflejaba ya entonces, España es el país de la farsa, la trampa y el engaño, con las cuales nos sentimos más listos que nadie. Engañamos al mundo entero con la idea de que el nuestro era el mejor sistema sanitario del mundo, no sólo los gobiernos de los últimos 30 años, sino todas las sociedades científicas y colegios profesionales y hasta nosotros mismos, quienes llegamos a creer que aquello era cierto. Llegada la pandemia nos volvimos a hacer trampas, unos a otros, y todos a la vez, convencidos de que nadie había gestionado mejor la crisis que cada uno de nosotros. Y así seguimos  un siglo tras otro, creyendo estúpidamente que los demás no se dan cuenta.

Siguiendo la tradición , el Consejo de Ministros español se constituye en reunión de pícaros ( y respetables pícaras) que acaban por creerse sus propios embustes. La última ha sido la promulgación  de un Real Decreto Ley (el 29/2020) en el que se establecen medidas urgentes en materia de teletrabajo para las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la pandemia COVID 19. Respecto al teletrabajo de las Administraciones Públicas ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que es un clamor de maltrato al ciudadano desde que empezó la crisis.

El abordaje del segundo aspecto entra de lleno en la antología de la picaresca, en la que no se sabe quien es más pícaro, si el gobierno en sus desatinos o las organizaciones sociales en su protesta. España lleva décadas con una gestión del recurso humano en el sistema sanitario impropia de un país civilizado. La han mantenido todos y cada uno de los gobiernos de la llamada democracia, con la colaboración de colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas. Volver a repetir que España tiene ratios de médicos de familia muy por debajo de la media europea, que el presupuesto destinado a la Atención Primaria ha ido disminuyendo año tras año hasta niveles incompatibles con un servicio mínimamente decente, que nadie fuera de aquí entiende que se atienda a un paciente cada 5 minutos, o que el trabajo ofrecido por TODAS las administraciones públicas ha sido rácano, miserable y abusivo, resulta sumamente cansino, puesto que ni el “Ciego” ( la administración) ni el “Lazarillo” ( los profesionales) han hecho absolutamente nada por revertir la situación. En lugar de plantear en algún momento un reforzamiento sustancial y una renovación radical del modelo laboral nos contentamos con esa dieta de “migas” que se escapa por las barbas del “clérigo”. 

Así hemos seguido con el modelo  de Atención Primaria de hace cuarenta años porque cualquier cambio es riesgoso; así seguimos siendo el único país de Europa donde un médico puede jubilarse sin haber leído un solo artículo desde que acabó la residencia ( porque establecer algún sistema de recalificación periódica o carrera profesional reversible atenta contra el derecho de los trabajadores). Y así seguimos cuando llegó el Lobo en forma de pandemia a poner de manifiesto ante el mundo todas nuestras vergüenzas. La COVID 19 demostró que constituía ya una emergencia reforzar la Atención Primaria y la salud pública ( dos caras de una misma moneda). Todos los responsables políticos sin excepción repitieron el mantra. Pero eso sólo podía tener una traducción: contratación masiva, digna e indefinida ( porque la crisis va para largo) de profesionales sanitarios. Por el contrario continuaron rateando, disimulando, y engañando, ocultando  información sobre qué refuerzos se contrataba, o de que rastreadores se disponía.

Y de cara al próximo futuro los pícaros buscaron una fórmula acorde con sus intencione y su forma bufa de proceder: subvertir la ley para permitir que cualquiera sea contratado en cualquier sitio para hacer cualquier cosa., convirtiendo a los profesionales (que no “empleados y empleadas” como recoge el Real Decreto Ley) en seres sin atributos, sin derechos, al albur de lo que el gestor de turno considere.

Con la norma puede ejercer de especialista el que no lo es. Y puede trabajar de médico de familia cualquier médico e incluso cualquier profesional de enfermería hospitalario. Ningún partido en España ha tenido nunca el mínimo aprecio por la medicina familiar y comunitaria. De la derecha a la izquierda se considera que el trabajo de médico de familia ( a diferencia de otros países) lo puede hacer cualquiera., no se entiende, es raro, superfluo en definitiva Es un trabajo comodín, y por lo tanto puede hacer o desaparecer como lo hace la bolita en el juego del trile.

Ya está en vigor esta norma propia de tahúres a la espera de la siguiente ocurrencia que tal vez será que todos los perfiles profesionales los pueda acabar desempeñando el ejército que para todo sirve: soldados haciendo de ginecólogos, coronarles de neurocirujanos. Leyes valientes y novedosas que además los pícaros dirán que  lo hacen para mejorar la vida de la Atención Primaria, a la manera en que el  Clérigo animaba al Lazarillo: “¡ Mejor vida tienes que el Papa¡

Mientras tanto colegios y sindicatos llaman a la huelga. Llegan veinte años tarde.