A
resultas del triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales
americanas algunos “reputados” expertos han encontrado múltiples semejanzas
entre el modelo político de éste y el defendido por ciertas fuerzas políticas que
se oponen a los tratados de libre comercio. En opinión de Christine Lagarde,
Angela Merkel, Albert Rivera y la caballería pesada del grupo PRISA, mantener
esa posición respecto a este tipo de tratados es una posición “populista”.
El
populismo crece sin medida; la última amenaza procede de conocidos “populistas”
y a los anteriores ejemplos habrá que añadir a Desmond McNeill del SUM ( Centre
for development and The Environment de la Universidad de Oslo),Carolyn Birbeck
(Universidad de Oxford), Sakika Fukada-Parr (The New School de Nueva York),
Anand Grover ( Lawyers Collective de Nueva Delhi), Ted Schreker ( Universidad
de Durham) y en especial a David Stuckler , el profesor de Economía Política y
Sociología de la Universidad de Oxford, y autor del libro La austeridad mata, tan del gusto de algunos supuestos "progresistas" hace un par de años.
Todos ellos acaban de publicar un trabajo en The Lancet en que revisan las
consecuencias en términos de salud global que tienen y tendrán los acuerdos de
comercio e inversión. Reconocidos populistas y agitadores convulsos, como lo es
también Martin McKee quien lleva años alertando de los efectos de estos
acuerdos.
El documento
da cuenta del creciente cuerpo de evidencias científicas que sustentan el
planteamiento de que,ya se llame TTP (
Trans-Pacific Partnership), TTIP ( Transatlantic Trade Investment Partnership)
o CETA, los acuerdos de libre comercio tendrán consecuencias negativas para la
salud de las personas y las poblaciones, mucho mayores que las de acuerdos
previos en esta materia. Dichos acuerdos se inmiscuyen en el espacio político
de los países firmantes, “afectando a la libertad, el ámbito de actuación y los
mecanismos que los estados emplean para elegir, diseñar e implementar sus
políticas públicas”. Estos tratados, que afectan aún más a la inversión que al
comercio, proveen la estructura legal para una reorganización global de la
producción de más del 80% del comercio mundial.
Su
efecto sobre múltiples determinantes de la salud, desde la polución ambiental a
la seguridad alimentaria, de la tecnología al empleo, es claro, afectando
especialmente como siempre a los países más pobres y a la parte de población
más pobre de los países más ricos.
Los
avances obtenidos en materia de propiedad intelectual sobre prioridades en
salud y que permitían las llamadas “flexibilidades” para usar licencias
protegidas en caso de emergencias sanitarias se limitarán en buena medida con
estos acuerdos (prolongando en muchos casos el tiempo necesario para producir
productos genéricos).
Especialmente
peligroso resulta el proceso de negociación del ISDS (Investor-State Dispute
settlement) y sus “provisiones”. Éstas permitirán a las grandes firmas
multinacionales extranjeras retar a un estado cuando consideren que sus leyes
nacionales ponen en peligro sus intereses comerciales futuros, demandas que serán
arbitradas por tribunales al margen de la jurisdicción ordinaria e
internacional, por tribunales creados al efecto para vigilar el cumplimiento de
los propios tratados. De esta forma ya ha sido demandada la decisión del gobierno
uruguayo de establecer alertas informativas en materia de salud (iniciativa muy
poco del agrado de Ciudadanos por ejemplo) o la forma de empaquetado del tabaco
que llevó a cabo el gobierno australiano. La protección del medio ambiente, del
control del consumo del alcohol y el tabaco o las tasas sobre alimentos
procesados con efectos claramente perjudiciales para la salud son especialmente
objeto de estas demandas.
En este
blog ya hemos comentado reiteradamente los efectos potenciales que puede tener
la aplicación del TTIP para la provisión de los sistemas sanitarios. Entre
otras, la dificultad de revertir procesos de privatización por parte de
aquellos gobiernos que quieran hacerlo; o el riesgo de ser demandados por aseguradoras
multinacionales privadas si consideran que leyes locales perjudican sus
intereses.
En
definitiva, los investigadores de Lancet proponen una nueva agenda basada en tres
condiciones imprescindibles: proteger el espacio de los estados para considerar
a la salud pública como una prioridad, a salvo de las negociaciones, transparencia
absoluta del proceso ( algo a lo que los partidos socialistas renuncian con
sumisión patética) y rechazo de la intromisión de tribunales paralelos en las
políticas locales.
A esto
habrá algunos que lo considerarán un populismo insultante.
No
puede resultar extraño que los partidos neoliberales defiendan los tratados de
inversión y comercio; forma parte de su genotipo. Pero a los partidos que seautodenominan socialistas apenas les queda ya tiempo y excusas para demostrar
que realmente defienden los intereses colectivos de los ciudadanos, y no son
una forma (algo más estilizada ) del neoliberalismo rampante.
(Fotografia: David Stuckler)
