Si es
cierto que una prioridad política sin dotación presupuestaria no es una prioridad
política (como enseñan en cualquier escuela de dirección), es innegable que la
Atención Primaria no es una prioridad sanitaria en este país; es más, no lo ha
sido en el pasado (al menos en la última
década) ni parece que lo vaya a ser en el futuro.
En
2.015, por primera vez desde el inicio de la crisis, el gasto sanitario públicorevirtió levemente su tendencia decreciente; sin embargo la inmensa mayoría del
crecimiento acabó donde siempre: en la insaciable boca de la atención
hospitalaria de este país, cuyo incremento en gasto es más del doble del
experimentado por la atención primaria.
Juan
Simó acaba de aportar su periódico informe de 2016 ( La Atención primaria en la UCI),como viene haciendo desde
2014 (y de donde tomamos la segunda imagen) La conclusión es todavía más preocupante que la resultante de años
anteriores: la brecha entre el gasto de hospitales y de AP se incrementa de forma escandalosa
año a año; la boca de la serpiente se abre y abre para engullir todo el pastel.
Observar
la evolución de las principales partidas funcionales del gasto desde 1960
demuestra que la tendencia a gastar cada vez más en hospitales y menos en
Primaria es inexorable, que aquel siempre aumenta mucho más que el de la AP, ya
se analice por gasto sanitario total,
gasto público total, gasto de las comunidades autónomas, o gasto de personal, alcanzando
en 2015 un record histórico el porcentaje de gasto hospitalario respecto al
gasto sanitario total: el 62,4%, casi dos tercios del gasto total. Frente a él,
la AP alcanza especularmente su suelo histórico, un exiguo 14,2%, el más bajo
de la historia.
El
Sistema Sanitario Público de Andalucía argumenta desde hace décadas que su apuesta
por la Atención Primaria diferencia a Andalucía del resto de Comunidades
Autónomas. Sin embargo la distribución del gasto entre Primaria y Hospitales
demuestra que esas “buenas intenciones” no se corresponden con la realidad.
Los
datos procedentes del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Salud no
solo corroboran los aportados por Simó, sino que vienen a demostrar que la
comunidad autónoma donde más se ha ido reduciendo la financiación de la
Atención Primaria es precisamente Andalucía: en el año 2002 esta comunidad
destinaba el 15,74% de su gasto a AP; en 2014 se había reducido a 12,84%, lo
que supone una reducción del 18,42% cuando la media española de reducción en
ese periodo fue “solo” del 3,73%. Ningún servicio de salud la redujo tanto.
Por el contrario
el gasto hospitalario, que representaba en 2002 el 50,63% del gasto total en
Andalucía, ascendió en 2014 al 58,18%, un incremento del 14,91%.
Si el
análisis lo realizamos exclusivamente desde que comienza la crisis económica
actual, el porcentaje de gasto en AP se redujo en Andalucía de 17,2% en 2007 a 12,84% en 2014, la mayor reducción también del
Sistema Nacional de Salud ( un 25,34%), mientras que el porcentaje de gasto
hospitalario aumentaba paradójicamente del 52,24% al 58,18% ( un aumento del 11,37%).
Si se
desciende a nivel local se comprueba que los datos macro tienen una indudable repercusión
micro: como ha publicado recientemente el Foro Andaluz de Atención Primaria
( FoAAP) sólo en Granada existe un déficit de 27 plazas de medicina de familia,
otras tantas de enfermería y al menos 7 de pediatría para alcanzar los ratios establecidos
en el acuerdo que la propia Consejería firmó con las sociedades científicas en
el año 2006. Buena parte de esa carencia procede de la sistemática amortización
de plazas en AP desde el inicio de la crisis, proceso que no ha tenido la misma
intensidad en el contexto hospitalario, como lo demuestra la ausencia de limitaciones
para financiar los sucesivos procesos de integración-desintegración hospitalaria
en la ciudad de Granada.
Las
causas de esta situación ni son nuevas ni desconocidas: se cuentan con los
dedos de la mano los responsables políticos de este país que realmente hayan
llegado a comprender y apreciar, a lo largo de la historia, lo que representa
la AP, su grado de complejidad e importancia, el valor que tiene disponer de
profesionales (médicos y enfermeras) comprometidos por prestar asistencia a su
población a lo largo de sus vidas. Para la mayor parte de esos políticos, la AP
no es más que un parapeto, una barrera de contención para proteger al hospital
de los excesos de demanda de la ciudadanía, a la que paradójicamente animan a
consumir todo tipo de servicios. Andalucía,específicamente, sistemáticamente ha
dado publicidad y realce a los grandes avances realizados por sus hospitales
bandera, ya sean trasplantes o investigación con células madre, pero sin
embargo sus referencias a AP son inexistentes, limitadas, en el mejor de los
casos, a referencias genéricas a su importancia en la inauguración de
congresos.
Pero
este menosprecio no es la única causa del nivel de deterioro al que se ha
llegado. Los profesionales sanitarios de Atención Primaria han continuado
aceptando con resignación su negra suerte sin una mínima queja, más allá de
llantos lastimeros por la situación.
Creería
en una apuesta real de Andalucía por la
Atención Primaria si dentro de dos años el porcentaje de gasto de AP recuperara
aquel 17,2% de 2007, si se recuperaran todas las plazas amortizadas desde el
inicio de la crisis, si las ausencias por enfermedad, vacaciones o formación se
cubrieran evitando sobrecargar al resto de compañeros. No lo veo, por
desgracia, factible. Entre otras razones porque la misma persona que estuvo al
frente de las Consejerías de Salud y Hacienda en Andalucía durante este largo
periodo de deterioro de 15 años, sigue siendo la máxima responsable de la
asignación de los fondos presupuestarios. Pero sobre todo por la resignación a
su suerte de los profesionales de la Atención primaria andaluza.