La alta "SINIESTRALIDAD" de MUFACE

“Regale salud” fue el ingenioso lema escogido por algunas aseguradoras privadas para  fomentar la suscripción de nuevas pólizas durante las pasadas navidades. La asistencia sanitaria se convierte así en un regalo, de valor equivalente a un ipad o una semana de crucero. Pasadas las fiestas y metidos en enero las emisoras de radio de mi ciudad sustituyeron los habituales anuncios de sanitarios Roca y Lady’s ( su copa de noche) , animando a los funcionarios a renovar su póliza anual con alguna de las aseguradoras privadas de postín.

Hace unos días Diario Médico y Acta sanitaria informaban de la grave situación económica que atraviesa MUFACE, lo que además de “ser un acuciante problema para la mutualidad y el sector sanitario privado, supone una amenaza para el modelo público.” Porque , según señala IDIS “de la viabilidad de MUFACE depende que 2 millones de mutualistas pasen de golpe al sector público”.

Por supuesto , la culpa de la supuesta disminución de su financiación la tiene el Estado , no solo por la  reducción de fondos, sino también por la disminución del número de mutualistas que inevitablemente produce la desaparición de las Ofertas Públicas de empleo que nutrían de mutualistas a MUFACE, así como por el incremento del paro ( que lleva a muchos hijos de mutualista a refugiarse de nuevo en casa de los padres, y utilizar su seguro). Pero es que además el sector sufre, en palabra de Eliseo Moreno, consejero de CSIF en MUFACE, de una “alta siniestralidad”. Curioso al menos resulta hablar de siniestro cuando nos referimos a la enfermedad y lo que representa para una persona, aunque  cuando uno compara los efectos del cáncer con los destrozos en el parabrisas es inevitable encontrar una sustancial diferencia. Al fin y al cabo los sistemas nacionales de salud se idearon para proteger a cualquier ciudadano de la contingencia catastrófica ( también económicamente) que supone la enfermedad, y que solo es posible abordar mediante la solidaridad entre generaciones e individuos.

Procediendo de un centro de pensamiento tan neoliberal como IDIS uno esperaría propuestas “liberales” para solucionar la situación de sus compañías: al fin y al cabo la sacrosanta mano invisible del mercado dicen que nunca falla. Sin embargo, lo que proponen es  que se les siga aportando su ración diaria de funcionarios, en este caso mediante la ampliación del modelo MUFACE a nada menos que 1.7 millones de funcionarios autonómicos. Otro nuevo ejercicio de privatizar beneficios y socializar pérdidas, máxima de este tipo de políticas, como ya alertaba Tudor Hart. Pero como el papel lo aguanta  todo, aluden a un supuesto ahorro para el sector público de 956 millones de euros, basado en la opinión de que el coste por usuario de MUFACE es un 30% más barato. Uno entiende que se esfuercen en defender su negocio, pero se cansa cada vez más de escuchar que lo hacen en beneficio del sistema público, descargando a éste de la atención a sus afiliados. Porque al margen de que mucho habría que hablar de la derivación silente a lo público desde lo privado, cada funcionario que elige el sector privado para su asistencia está retrayendo fondos valiosos que podrían aumentar la financiación sanitaria pública.

Hace solo unas semanas Juan Simó demostraba en su blog que los recortes no están afectando por igual al  sector público sanitario y las mutualistas del estado con seguro privado. De hecho las aseguradoras privadas aumentan el montante de sus conciertos cuando su población decrece, con lo que el gasto per capita en conciertos inevitablemente aumenta. De hecho, como informaba hoy El País, es el sistema sanitario público el que está sufriendo de forma más brutal el recorte, con una disminución de un 10,6% solo en los 2 últimos años.

Frente a lo que se suele decir por los sucesivos gobiernos que ha tenido este país desde la aprobación de la Ley general de sanidad, nuestro país sigue albergando en su seno una diferencia sustancial de derechos según el tipo de ciudadano que uno sea. No es cierto que sea universal, puesto que no cubre a todos los ciudadanos por igual: solo los funcionarios han podido elegir históricamente, colectivo en el que se incluyen no por casualidad las altas esferas de la nación, aquellas con mayor poder de decisión e influencia social. No es un colectivo pequeño , nada menos que 2 millones de personas, el 4,4% de la población española. Los dos partidos que han gobernado este país desde aquel 1986 son responsables del mantenimiento de esta situación vergonzante, y que la propia Ley ordenaba armonizar. Algo que es entendible en el caso de la derecha puesto que es congruente con su modelo social y económico. Pero sigue sin comprenderse como un partido que se dice socialista haya sido incapaz en seis legislaturas de acabar con un modelo sanitario que atenta tanto contra la equidad y la igualdad.
(Viñeta de El Roto en el Pais)