"It is therefore worth considering aiming over a period to end the state provision of healthcare for the bulk of the population, so that medical facilities would be privately owned and run, and those seeking healthcare would be required to pay for it”.
Margaret Thatcher
Cuando el gobierno británico presentó en la Cámara de los Lores su ley de reforma del NHS ( Health and Social Care Act) , la presentó como una reforma “vital” pero que en la práctica cambiaba “ más bien poco”, según relatan Allison Pollock y David Price en SOS NHS. Los cambios sin embargo eran radicales, eso sí envueltos en un lenguaje farragoso cuyo propósito no era otro que ocultar su verdadero propósito. Y éste no era otro que reemplazar un servicio público bajo mandato de un gobierno, por un servicio basado en un conjunto de contratos comerciales que se atienen a las reglas de mercado. Si la norma fundacional de 1946 del National Health Service señalaba que “será deber del Ministerio de Salud proveer o asegurar la provisión de servicios “, la ley Cameron establece que “será obligación de dicho Ministerio el de promover el establecimiento de un sistema integrado de salud”: garantizar y promover no son precisamente sinónimos.
La Secretaria General de Sanidad española, Pilar Farjas, expuso recientemente en Bruselas a los estados miembros de la Unión Europea los resultados de la reforma española iniciada en abril de 2012. Con franco desparpajo afirmó que ““las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros ciudadanos prestaciones y servicios, en condiciones de igualdad en el acceso, porque la equidad es un componente esencial de la calidad, garantía de mayor efectividad y contribuye al desarrollo social y económico”. Como en el caso británico, el papel lo soporta todo, incluso mentiras tan arriesgadas como afirmar que nuestra asistencia sanitaria es “pública, gratuita y universal”. Es arriesgado mentir, porque apenas un par de días después el Consejo de Europa juzga “ ilegal la decisión del gobierno español de excluir del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes en condición administrativa irregular” . España firmó en su día la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que se extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. Para Pilar Farjas la exclusión del derecho a la asistencia de cerca de un millón de personas es perfectamente compatible con el carácter universal de nuestro sistema. Es, como en el caso de la reforma inglesa, “solo un pequeño cambio”.
Para el gobierno madrileño el proceso que tenía por objetivo la privatización de la asistencia a cerca del 20% de la población de la Comunidad autónoma de Madrid tampoco significaba ningún cambio sustancial del modelo sanitario: simplemente era un proceso normal de “externalización de servicios”. Otro ilustrativo ejemplo de que las mentiras corren el riesgo de ser desenmascaradas antes de lo previsto. Porque en la resolución al recurso del gobierno de Ignacio González contra la paralización del proceso de externalización, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se alude precisamente a la “dimensión extraordinaria del proceso”. Como señalábamos ayer el Tribunal considera que “sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, es evidente que la privatización de la gestión de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas tan extraordinarias que harían muy difícil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior”.
Hay un elemento que ayuda mucho a valorar el carácter y las repercusiones de un proceso de privatización, y ese es precisamente el riesgo de hacer irreversible el proceso, no solo para el propio gobierno que legisla, sino sobre todo para los gobiernos posteriores que pudieran sustituirles. De poco sirve una democracia que no permite modificar las normas que la regulan, en función de las decisiones de sus electores.
En septiembre de 2012 cumplió el plazo de 30 años de obligada confidencialidad para documentos secretos de Downing Street. Como informó The Guardian , los archivos nacionales británicos dieron a conocer entonces ciertos documentos del gobierno de Margaret Thatcher en la que , tanto ella como su hombre de confianza , Sir Goeffrey Howe, plantearon una estrategia deliberada para desmantelar el estado de bienestar británico; en aquella iniciativa participó el actual primer ministro británico, David Cameron.
No hace falta recordar la profunda admiración que siempre sintió Esperanza Aguirre, valedora del actual Presidente de Madrid , por la Sra Thatcher. Tampoco la existencia de esa corriente ideológica en el partido que actualmente gobierna, no solo España sino muchas de sus comunidades autónomas.
Raymond Tellis en su SOS NHS escribía: “ no existe una administración capaz de comprar al sector privado y devolver al NHS su carácter público, o recrear un servicio coherente desde los fragmentos en manos de docenas de proveedores privados. Piensa como, después de tantos años de caos, la renacionalización de los ferrocarriles ha sido algo financieramente imposible. Debemos actuar urgentemente”
No solo es un problema de Inglaterra. También de España
(Fotografía: Esperanza Aguirre en el funeral por Margaret Thatcher)
Dos buenos "posts" Sergio, en Catalunya llevamos ya se inició ese mismo proceso desde el mismo momento de las transferencias sanitarias en 1981, de forma progresiva se ha ido imponiendo un sistema que ha ido a coincidir con el británico, no por aplicados seguidores del thatcherismo sino porque cualquiera que sea la distancia y aunque lo desconocieran totalmente, que no es el caso, el objetivo y las maneras eran el mismo, engordar las arcas del sector privado parasitando las arcas públicas a través del secuestro de un servicio público considerado esencial. En estos momentos en Catalunya ocurre como con los ferrocarriles ingleses (por cierto, los dos mayores accidentes de la historia de éstos ocurrieron a los pocos años de privatizarlos, las comisiones investigadoras concluyeron que fue por fallos de mantenimiento, la rentabilidad ante todo ), la renalización es harto difícil porque más del 50% del presupuesto del Servei Català de la Salut va a entidades privadas concertadas y menos de un tercio al sector puramente público y en cuanto a camas hospitalarias la dependencia del sector privado es tal que es imposible de comprar. Si no recuerdo mal en el 2010 el 90% de las camas hospitalarias de agudos estaba enhospitales de gestión privada que parasita el sector público con controles mínimos, tan pocos que ha permitido que sus gestores reciban salarios estratosféricos sin que nadie les haya llamado a capítulo. Para hacerse una idea podeis ver el vídeo sencillito pero apañado: http://youtu.be/0_HM_AeOpsQ
ResponderEliminarLuis
Muchas gracias Luis. Cataluña posiblemente sea el servicio regional que más ha avanzado en el proceso de privatización más o menos encubierta que, como señalas, tanto han desarrollado los ingleses. Quizá la complejidad del modelo haga aun mas dificil precibir el lento, pero continuadoproceso de erosión de lo público que se ha hecho allí.
EliminarSaludos
Las conclusiones del Consejo de Europa sobre inmigración ilegal me parecen un tanto extravagantes y no tienen la relevancia que le dáis : sin ir más lejos, hoy El Pais le dedica todo un editorial titulado "retroceso social" cosa que manda h... y que dudo hayan hecho los periódicos de los otros 38 estados europeos criticados por el susodicho Consejo ...el cual por cierto, pone también a parir al Gobierno español por "no realizar reconocimientos médicos escolares"
ResponderEliminarPor ello, considero un poco "forzado" ese intento de mezclar churras (retirada tarjetas inmigrantes) con merinas (privatización madrileña)
Gracias Manuel. Entiendo que te parezcan extravagantes las conclusiones del Consejo de Europa. Sin embargo la exclusión de la asistencia sanitaria universal de una parte cimportante de las personas ( no ciudadanos porsupuesto) que habitan en un territorio no se lo parece a una buena parte de los investigadores europeos sobre política sanitaria y servicios de salud.
EliminarAdemás de ser, en mi humilde opinión, una demostración de la hipocresía y ausencia absoluta de compasión ( además de ignorancia) de muchosde los que alardean de valores occidentales.
Tal vez sea forzado unirlas, pero tanto las churras como las merinas son ovejas. Y tanto exclusión como privatización forman parte de la misma estrategia. otra cosa es que se comparta . O no