El 7 de agosto enviamos una carta a Lancet instando a la realización de una evaluación externa independiente de la gestión de la pandemia COVID-19 en España. La carta tuvo amplia repercusión en medios de comunicación y tuvo una acogida mayoritariamente favorable, pese a lo cual el Ministerio de Sanidad español no se dio por aludido. En el mes de setiembre publicamos una segunda carta en Lancet Public Health en la que continuábamos urgiendo al gobierno central y al de las comunidades autónomas a realizar la evaluación a la mayor brevedad posible. A resultas de ello, una representación de los autores de ambos textos pudo reunirse con el Ministro y la Secretaria de Estado dos meses después de la publicación de la primera carta, donde el Ministerio se comprometió a elaborar un marco para la evaluación en el plazo de un mes, no sin antes manifestar su malestar por la publicación de la primara carta. Han tardado dos meses en elaborar dicho documento que aún está en fase de borrador; en éste no existe un compromiso firme ni que a sea realmente una evaluación independiente, ni a que se realice pronto, puesto que se establece que el informe final podría estar disponible a los cuatro meses “aproximadamente” de que se constituya el grupo de planificación y coordinación de la evaluación, aún por designar; incluso no se descarta que la supuesta evaluación se realice una vez finalizada la pandemia, cuando los muertos sean ya definitivos. En definitiva, y en el mejor de los casos, no se dispondría de la evaluación hasta el verano del 2021, fecha en la que (con las optimistas previsiones sobre vacunación del señor Illa) la pandemia probablemente haya acabado.
Los más comprensivos a la postura del gobierno, argumentarán que es razonable su retraso al estar en pleno segundo pico, momento en el que las prioridades son otras. Argumento que podría aceptarse si no fuera porque cuando se propuso no había comenzado la segunda ola, además de que si la evaluación es realmente independiente no debería suponer sobrecarga alguna para el Ministerio.
La razón última posiblemente sea otra. L a resistencia del gobierno actual a rendir cuentas (ese gobierno que iba a ser radicalmente diferente de los anteriores), es más que evidente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano oficial que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia desde 2015, llegó a afirmar recientemente que el Ministerio de Sanidad está “dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”. Ni responde a la ciudadanía en modo alguno, ni lo hace a organismos oficiales como el propio CTBG: de 17 resoluciones emitidas por el citado organismo respecto a peticiones al Ministerio de Sanidad, 15 recibieron silencio administrativo, y en una de las restantes se limitó a enviar un enlace cuya información no correspondía a la información solicitada. Entre las preguntas no respondidas se encuentran la solicitud de información sobre la propia pandemia, ni las actas de las supuestas reuniones de expertos, expertos que por supuesto siguen siendo desconocidos. La tendencia a hacer caso omiso a cuanta demanda de información se solicite no es coyuntural: la declaración del estado de alarma llevó implícita la congelación de la ley de transparencia hasta el mes de junio, momento en que la mayor parte de las peticiones de información previamente realizadas fueron ignoradas.
El señor Illa, ministro de Sanidad es un profundo ignorante en salud y sanidad, pero un consumado artista de la política. ”Ni palabra mala ni hecho bueno” decía mi abuela, dicho que refleja bien su comportamiento: nunca pierde la compostura, siempre “parece” comprender los argumentos de su interlocutor, y tomar nota de sus consideraciones pero en la práctica se comporta como el global de los políticos de este país: practicando un moderno despotismo ilustrado, en el que afirman con vehemencia trabajar por el pueblo, pero despreciando absolutamente sus opiniones y demandas.
No se va a realizar ninguna evaluación independiente, entre otras razones porque ningún gobierno español va a permitir que el resultado de ésta pudiera poner en cuestión, ni siquiera mínimamente, sus decisiones. Nunca se ha hecho y, probablemente, nunca se vaya a hacer: España no dispone de órganos realmente independientes del poder político de turno (la mejor muestra es la justicia) ni de instrumentos que permitan conocer a la ciudadanía el desempeño de su gobierno. Pero tampoco existe voluntad de que esto cambie: el respaldo obtenido en las urnas sirve de patente de corso para poder gobernar a sus respectivos antojos, sin rendir cuentas en momento alguno. Para el presidente del gobierno actual, sus comparecencias ante la prensa son la mejor rendición de cuentas que pueda existir.
España es el país de la OCDE con peores resultados globales en salud y economía: a pesar de la continua limitación de derechos individuales y colectivos a los que se somete a la población española estamos situados en un “envidiable” noveno puesto en el total de personas infectadas pese a ser un país de menos de 50 millones de habitantes; Pero donde las cifras son de escalofrío es en número de muertes: noveno también en cifras absolutas, quinto en muertes por millón, cuarto en exceso total de muertes en este año, y tercero en exceso de muertes por millón de habitantes. Un “gran” resultado pese a limitar en todo lo posible la vida social y económica, decisiones que han producido el mayor impacto en la economía de toda la Unión Europea, con una previsión de caída del PIB mayor del 12%.
Algunos países tuvieron buenos resultados en la primera oleada, y malos en la segunda o viceversa; España siempre ha estado en ambas olas en los peores lugares. Las residencias siguen siendo el primer lugar de muerte, la Atención Primaria o las UCIs están colapsadas, y la culpa es de la irresponsabilidad de la gente, como si la “gente” en España fuera mucho más irresponsable que en Alemania, Noruega o Australia. Como se ve no hay motivo de preocupación, ni necesidad urgente de realizar evaluación alguna.
La ingenuidad ha sido creer que una evaluación de esta importancia podría realizarse con la colaboración de los gobiernos españoles.
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